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Cuando los estudiantes universitarios de la ciudad sureña de Gwangju en Corea del Sur -hartos de asesinatos ante sus reclamos de democratización y frente la Ley Marcial- asaltaron comisarías y se armaron contra la represión, el dictador Chun Doo-hwan ordenó el envío de 20.000 tropas desde la Zona Desmilitarizada (DMZ) que controlaba con EE.UU. Los helicópteros McDonnell Douglas MD 500 cedidos por sus aliados fueron parte del operativo: desde el aire hirieron o mataron a centenares de personas, quienes habían tomado el control de parte de la ciudad y negociaban un acuerdo. Decenas de estudiantes -incluso menores de edad y embarazadas- fueron violadas como parte de la represión, en paralelo a ejecuciones y torturas. Unas 200.000 personas participaron de la protesta por diez días y los datos más documentados calculan entre 600 y 2300 muertos.
El hecho ocurrió en agosto de 1980, nueve años antes de la masacre de Tiananmén en Beijing y la cantidad de asesinados quizá sea similar. Sin embargo, en Occidente esos crímenes de “dictadores amigos” son casi desconocidos, resultado de un conveniente olvido y silencio. Su principal responsable -el general Chun Doo-hwan- murió casi impune este martes en Seúl a sus 90 años.
La violencia entre las milicias populares y los militares alcanzó el clímax el 21 de mayo de 1980, cuando la masa de gente se reunió frente a la oficina de gobierno provincial. Las fuerzas estatales terminaron retrocediendo hacia las afueras ante el primer enfrentamiento. Hasta que llegaron los refuerzos de infantería. El 23 de mayo los militares atacaron un autobús que pretendía abandonar la ciudad matando a 17 pasajeros (dos fueron rematados). El clamor popular se enardecía y ese mismo día se mataron entre ellos 13 represores en una confusión de fuego amigo. Y el 26 de mayo la armada entró a la ciudad: la recuperó en 90 minutos de masacre, instaurando luego campos forzados de trabajo. El levantamiento de Gwangju tuvo un profundo impacto político en la historia surcoreana y fue un hito en la recuperación limitada de la democracia en 1988.
El fallecido Chun Doo-hwan había llegado al poder en 1979 con un golpe de Estado, luego de que el dictador Park Chung-hee fuese asesinado por su propio jefe de inteligencia. En su formación pasó por escuelas militares de EE.UU estudiando contrainsurgencia y tácticas de guerra psicológica y peleó en la guerra de Vietnam. En 1980 organizó unas elecciones sin Asamblea Nacional en las que él fue el único candidato a presidente. Sus defensores en los ocho años que estuvo en el poder alegan que consiguió para Corea del Sur la sede de los Juegos Olímpicos de 1988 y un crecimiento sostenido del PBI (8% anual). La prosperidad económica fue de la mano de una gran represión y falta de libertad, generándose reclamos y movilizaciones de un millón de personas en todo el país. Gobernó hasta 1987 -de muy buenas relaciones con el presidente Ronald Reagan-, concediendo una reforma constitucional con la que se las ingenió para que ganara las elecciones otro general -Roh Tae-woo-, su mano derecha.
En 1997 Doo-hwan fue condenado por el golpe de Estado de 1979, la represión de Gwangju y por corrupción y sobornos en su relación con los grandes grupos económicos (los “chaeboles”). El propio Doo-hwan terminó confesando esos delitos y hasta emitió una disculpa pública, ofreciendo devolver 13,4 millones de dólares. Y se retiró en penitencia a un monasterio budista en la montaña por dos años. Según la justicia, el monto robado fue mucho mayor: 185 millones de dólares. Pero el dictador en retiro alegó que ya solo le quedaban 250 dólares en su cuenta de bancaria. Al igual que las familias dueñas de los chaeboles, Doo-hwan se las ingenió para ocultar su riqueza entre familiares y amigos: sus cuatro hijos habían comprador grandes extensiones de tierra y lujosos departamentos en EE.UU.
Por los cargos de masacre, Chun fue condenado a muerte en 1997 (y el general Roh a cadena perpetua). Pero la Corte Suprema le rebajó la condena a perpetua en “reconocimiento” al éxito económico y por haber “concedido” finalmente elecciones. El pago de la multa no fue conmutado (abonó solo una cuarta parte). Y cumplió apenas un año de condena: fue indultado por el presidente Kim Young-sam en un “esfuerzo” por la “unidad nacional”. Sobre la acusación de masacre, nunca se arrepintió: “estoy seguro de que volvería a hacerlo”, declaró durante el juicio escudado en una supuesta infiltración norcoreana.
Al llegar al poder en 2017, el actual presidente Moon Jae-in prometió reabrir la causa sobre la masacre de Gwangju. Los sectores más derechistas de la sociedad, en cambio, condenan el levantamiento popular por estar “apoyado” por comunistas. El actual vocero presidencial lamentó que “Chun no revelara la verdad de la historia”, aclarando que no había planes de que la oficina presidencial enviara flores, ni organizara un funeral oficial. Por otra parte, el opositor Partido del Poder del Pueblo (PPP) ofreció sus condolencias a la familia, consciente de que sus raíces políticas están en la figura y el armado original del ex dictador.
La península coreana tiene en el Paralelo 38° una grieta geopolítica inmensa, acaso insalvable. Pero hacia adentro, Corea del Sur, también está agrietada, entre otras cosas, porque su último dictador ha muerto casi impune.
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