Una situación política extremadamente tensa se vive en Perú a raíz del triunfo por un margen mínimo del candidato de izquierda Pedro Castillo, quien todavía no fue proclamado oficialmente a la espera de que se resuelvan impugnaciones y anulaciones de votos planteadas por las partes. En Colombia, por otra parte, el Comité Nacional del Paro dispuso “nuevas estrategias de lucha” y decidió “interrumpir temporariamente las acciones periódicas”, como forma de detener la criminal represión del gobierno de Iván Duque ante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril.

En ambos países se viven coyunturas históricas inesperadas hasta hace pocas semanas. El proceso electoral peruano derivó en una ruptura, al menos potencial, del equilibrio político que sostuvo durante 30 años al modelo económico-social neoliberal, mientras que la crisis colombiana constituye una rebelión popular generalizada sin antecedentes en las últimas décadas.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, computados el 100% de los sufragios de la segunda vuelta, Pedro Castillo logró el 50,12% de los votos y Keiko Fujimori el 49,87%. 

La diferencia fue de apenas 44.058 sufragios. El organismo electoral informó que no puede proclamar al ganador o ganadora porque están pendientes de resolución los pedidos de nulidad planteados por ambos contendientes, en su gran mayoría por parte de la candidata derechista.

El resultado, en porcentajes, es prácticamente idéntico al de la elección anterior, en junio de 2016, donde también la hija del ex dictador Alberto Fujimori fue derrotada por una mínima diferencia en el balotaje. Sin embargo, hace cinco años casi empataron dos defensores del neoliberalismo. 

Keiko consiguió esa vez el 49,88% de los votos y fue superada por el conservador liberal Pedro Pablo, quien ganó con el 50,12%. A pesar de la extrema paridad no hubo ningún conflicto importante.

La situación es completamente distinta en la actualidad, porque el ganador representa un cuestionamiento profundo al modelo de acumulación heredado de la época de Alberto Fujimori (1990-2000), quien privatizó los sectores claves de la producción en un país basado en la producción primaria y promovió el libre albedrío de los capitales locales y extranjeros.

Como se sabe, Castillo es un maestro rural que cobró importancia pública como sindicalista docente. Concurrió a elecciones en nombre de un partido político de poca trayectoria y escasa estructura llamado “Perú Libre”. En la primera vuelta electoral, sin que ninguna encuesta lo anticipara, logró el 19,10% de los votos en una competencia entre 18 candidatos. Keiko Fujimori, a su vez, consiguió en la ronda inicial el 13,36%. Así llegaron ambos al balotaje.

Escenario complicado

La ruptura que expresa Castillo respecto del modelo económico-social vigente, y también en cuanto a la estructura jurídica heredada del fujimorismo -en particular la Constitución de 1993, que se propone reformar- significan una señal de profunda disconformidad popular frente al orden establecido, cuyas consecuencias se agravaron al extremo por causa de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, en caso de que finalmente sea proclamado presidente, el candidato de izquierda enfrentará condiciones extremadamente adversas para llevar adelante su proyecto político. Sufriría, como ya ocurrió durante la campaña, la férrea oposición de los poderes que no están sujetos al voto ciudadano, e incluso de representantes políticos que sí lo están y dominarán el Congreso.

El periodista y analista político Carlos Noriega considera que Castillo “se encontraría con un complicado escenario, un país polarizado y políticamente muy fragmentado, un ambiente de marcada división, sin mayoría parlamentaria, con el poder económico y los grandes medios en contra. Y con una población muy golpeada por la pandemia y una grave crisis económica”.

Desde las bases sociales, una de las apoyaturas que tiene el virtual ganador de la elección peruana son las llamadas “Rondas Campesinas”, que son movimientos comuneros surgidos como organizaciones de autodefensa en el marco de la violencia político sufrida por Perú desde los años ‘80. Actualmente se mantienen como estructuras organizativas que realizan actividades políticas.

Ante la posibilidad de que la victoria de Castillo no sea reconocida, la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) resolvió movilizarse para “defender la victoria del pueblo ante el intento de golpe fascista”. Ayer habían convocado a una manifestaron en Lima contra los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori.

En una conferencia de prensa, la Cunarc-P se expresó en términos categóricos. “Advertimos a la organización criminal de Fuerza Popular, una organización sistemáticamente armada para corromper, para obstruir la democracia, que no provoque al pueblo peruano. Que no provoque porque este león dormido, cerca del Bicentenario (que será el 28 de julio, día en que debe asumir el nuevo mandatario) despertará en la costa, en la sierra y en la selva para darle una patada cívica a la corrupción”, dijeron dirigentes de las Rondas Campesinas.

Nuevas estrategias en Colombia

En Colombia, donde desde fines de abril se viene produciendo una histórica rebelión popular, la situación estaría ingresando en una fase distinta luego de la violenta represión gubernamental. Organizaciones de derechos humanos han reportado que en el último mes y medio “han sido asesinadas 70 personas, de las cuales 46 se presuman fueron cometidos por la fuerza pública”.

“Indepaz”, una de las entidades denunciantes, precisó que “desde el 28 de abril de 2021 hasta el 15 de junio de 2021, ha habido un gran número de manifestaciones en el marco del paro nacional. Dichas manifestaciones han sido objeto de violencia brutal por parte de la fuerza pública, con homicidios, lesiones oculares, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y diversidad de agresiones físicas y verbales”.

“La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por sus acciones, omisiones y complicidades deben ser investigadas por los organismos de control y las instancias internacionales. Se alerta por el uso arbitrario y desproporcionado de la policía, que vulnera sistemáticamente el derecho a la protesta y, de forma conexa, viola un sinnúmero de derechos”, según denunció la organización no gubernamental Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz).

En ese marco, el Comité Nacional del Paro (CNP) informó el martes que adoptaría nuevas estrategias de lucha para evitar la violencia y los asesinatos que se producen a raíz de la represión estatal contra los manifestantes.

“Teniendo en cuenta que el CNP convocó para el 28 de abril a un Paro Nacional, se decide en el marco del mismo interrumpir temporalmente las acciones periódicas”, dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que es integrante del CNP.

El dirigente agregó que “la movilización social va a continuar en Colombia, más adelante vendrán más movilizaciones. En este momento y en esta coyuntura tendremos el gran concierto del 20 de julio, cuando se cumple un año del pliego de emergencia” presentado al gobierno derechista de Iván Duque poco después de desatarse la pandemia en 2020.

Como parte de la nueva etapa, el Comité Nacional del Paro anunció que promoverá un gran diálogo nacional, en el cual esperan la participación de gremios, sectores sociales, universidades y ciudadanía en general, con el fin de construir varios proyectos de ley con los puntos del pliego de emergencia elaborado un año atrás.