Unos 60 muertos, más de 700 heridos -46 de ellos con lesiones oculares-, casi 40 casos de agresiones sexuales de diversa modalidad cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y pérdidas millonarias en dólares por los bloqueos de rutas son las principales cifras que marcan la tensión y gravedad del conflicto social surgido en Colombia a partir de una ola de protestas por un impuesto impositivo, del que ayer se cumplió un mes.

Pese al cerco informativo y bloqueo de redes sociales denunciadas por grupos de derechos humanos y activistas sociales, las cifras relevadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (Indepaz) en diversos puntos del país en estas más de cuatro semanas de manifestaciones son las siguientes:

Al menos 60 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones entre el 28 de abril, fecha de inicio de la protesta y el 26 de mayo.

Según Indepaz, al menos 43 de estos 60 crímenes registrados fueron con presunta autoría de la Fuerza Pública, a la que también se responsabiliza por 46 personas víctimas de heridas oculares.

La ONG defensora de los Derechos humanos sostiene que esta metodología presente también en el estallido social iniciado en Chile en octubre de 2019 evidencia que no se trata de daños colaterales del control de la violencia en la protesta, sino un "modus operandi" de las fuerzas de seguridad en algunos países de la región.

La organización también denuncia 22 agresiones sexuales contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y dos miembros de esa fuerza pública asesinados.

Paralelamente, la campaña "Defender la libertad: asunto de tod@s", que reúne organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos registró 715 personas heridas por el "accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD"

El grupo denuncia asimismo que 95 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en las movilizaciones, bajo diversas modalidades como amenazas, golpes, detenciones y señalamientos, mientras otras 87 fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.

La Defensoría del Pueblo acreditó dos casos de violencia sexual, otros 14 casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual), 18 casos de cachetadas, pellizcos y jalada de pelo, cinco casos de tortura física y cuatro de tortura psicológica.

Al menos 1.645 personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.

También denuncia 12 allanamientos, de los cuales ocho fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los cuatro restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento, 992 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89 personas desaparecidas en medio del Paro Nacional.

Pérdidas económicas

El ministro de Hacienda colombiano, José Manuel Restrepo, por su parte, calculaba hace una semana que el promedio de las pérdidas diarias es de 132.4 millones de dólares, según una entrevista con el periódico mexicano El Economista.

Sobre la industria del comercio, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) afirmó que el sector registra pérdidas por 597 millones de dólares al cierre del 17 de mayo.

Hasta el pasado miércoles, Rodolfo Zea Navarro, ministro de Agricultura, reportó pérdidas para los ganaderos superiores a los 461 millones de dólares, lo que aproximadamente representa 700.000 toneladas de productos del campo represados.

Otro de los sectores afectados fue el sector de carga y transporte que hasta la semana anterior informó pérdidas que superaban los 488 millones de dólares.

Fuente: agencia Télam