En un país sin grandes antecedentes de protestas en los grandes centros urbanos, millones de colombianos han dado vuelta las tradiciones políticas de su país durante prácticamente las últimas dos semanas -desde el miércoles 29 de abril- con huelgas y manifestaciones callejeras constituidas en un estallido social que el gobierno del presidente Iván Duque ha reprimido de manera criminal.

Las muertes y desapariciones a manos de las fuerzas represivas son documentadas por el movimiento de derechos humanos, que actualiza diariamente los datos. A comienzos de esta semana,la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía recibieron denuncias por 27 personas que fueron asesinadas y otras 359 que permanecían desaparecidas. Otras fuentes afirman que la cantidad de víctimas es aún mayor.

El gobierno intentó ayer iniciar negociaciones con sectores que impulsan las medidas de fuerza y movilizaciones, entre ellas el llamado “Comité Nacional del Paro” y organizaciones no gubernamentales (ONG) como “Temblores” y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este último vinculado con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en 2016. Sin embargo, no hubo avances y habría una nueva huelga nacional este miércoles 12.

El movimiento de protesta abarca a todas las ciudades grandes y medianas del territorio colombiano, empezando por Bogotá -la capital-, Medellín y Cali. Esta última urbe, de unos 2,2 millones de habitantes, se ha convertido en el centro de los episodios y donde se produjeron la mayor cantidad de víctimas mortales de la represión.

El clima inicial predominante en las manifestaciones era de alegría, música y mucha participación juvenil. Sin embargo, el accionar criminal de las fuerzas de seguridad y de bandas civiles parapoliciales y paramilitares ha hecho virar el sentimiento y la actitud de los manifestantes.

A medida que algunas de las protestas se hicieron más hostiles, más violenta fue la respuesta oficial. Así ocurrió en la ciudad de Pereyra, capital del departamento (provincia) de Risaralda ubicada en el eje cafetero, donde un joven pacifista recibió ocho tiros después de gritar “Nos están matando en Colombia”. 

Iluminando con velas las palabras “Por nuestros muertos”, grupos de personas rinden tributo a las víctimas de la represión.

Los sucesos comenzaron el miércoles 28 de abril con una huelga general para rechazar una reforma impositiva impulsado por el gobierno, que afectaba a las clases medias y a trabajadores. Duque, presidente de derecha autoritaria y alineado con el neoliberalismo económico, ordenó el pasado domingo retirar el proyecto de ley del Congreso.

Sin embargo, la profundización y extensión de la rebelión popular demostraron que los motivos de las protestas generalizadas exceden al aumento de impuestos que, por el momento, quedó en suspenso. "La reforma tributaria fue el motivo para que explotaran todas las inconformidades que tienen las comunidades de este mal gobierno", explicó a la agencia argentina Télam desde Cali la concejala de la fuerza de izquierda Polo Democrático en esa ciudad, Ana Eroza.

Los nuevos pedidos incluyen desmilitarizar las ciudades, castigar a los responsables de agresiones contra manifestantes, retirar un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia, y disponer de una renta básica más alta.

Pandemia y modelo económico

Parte del descontento en el país es anterior a la tragedia del Covid-19 y así se había manifestado meses antes de la propagación del virus, en noviembre de 2019. Pero a todo lo anterior se agregaron los estragos sanitarios y socio-económicos de la pandemia.

El corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Daniel Pardo, evaluó que “estas protestas recogen la indignación que se dirige al presidente Duque, pero que apuntan directamente el modelo capitalista impuesto en el país. Además, las movilizaciones repiten las demandas de las marchas de 2019: implementación del Proceso de Paz, evitar que se cometan más masacres y cambio del modelo económico”.

La economía colombiana tuvo un desplome del 6,8% en 2020 y el aspecto donde más se notó fue en la desocupación: 4,1 millones de personas se quedaron sin trabajo. A ello se agrega el cierre de más de 500.000 comercios y pymes industriales.

Además, de acuerdo a datos de la propia Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), se sabe que 2,3 millones de hogares solo ingieren dos comidas al día, y que el 19% de las familias no cuenta con ahorros para sobrellevar esta situación,

Aunque el gobierno nacional ha gastado cerca del 4,1% de su Producto Bruto Interno en la atención de las consecuencias del Covid, analistas han señalado que esto no ha sido suficiente para evitar el descontento social frente al manejo de la crisis. De hecho, un estudio hecho por uno de los centros de investigación más prestigiosos del continente, el llamado “Colegio de México”, anotó que Colombia era el tercer país que peor había manejado la pandemia en la región, detrás de EE.UU. y Brasil.

El coronavirus se ha cobrado la vida de unas 72.000 personas y ha llevado al aumento en los niveles de desempleo y pobreza. De hecho, el llamado "paro nacional" del miércoles 28, cuando empezó el estallido social, fue convocado cuando se registraba el mayor número de contagios desde que se declaró la pandemia.

En carteles de algunas de las manifestaciones pudo verse la siguiente inscripción: “Si un gobierno sale a protestas en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”. 

Una protesta que fue creciendo

A pesar de la criminal represión desde hace casi dos semanas, la indignación social frente a la respuesta violenta del gobierno ha provocado que las movilizaciones populares en las calles sean continuas y cada vez más multitudinarias.

Entre los manifestantes ahora hay maestros, médicos, estudiantes, miembros de los principales sindicatos, activistas veteranos y colombianos que nunca antes habían salido a protestar en el espacio público.

Además, grupos camioneros están bloqueando las principales carreteras. Y en varias ocasiones, los manifestantes quemaron autobuses e incendiaron más de una decena de comisarías en la capital -Bogotá- cantando el himno nacional y gritando “¡asesinos!”, lo que obligó a los oficiales a retroceder en algunos casos. Las escenas fueron similares en las demás ciudades importantes.

Jóvenes participantes de las protestas, descartando de plano que la rebelión haya sido únicamente contra la reforma tributaria -cuyo proyecto, como se indicó, ya fue retirado-, afirmaron que “la lucha es también contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Y toda la juventud está cansada de esto”.

Durante meses, en el contexto de la pandemia, mayormente la gente se quedaba en casa o luchaba por sobrevivir en medio de la disminución de los ingresos. Pero aún sin expresarse públicamente, la ira y la frustración que se manifestaron durante las protestas de 2019 siguieron latentes.

Luego, Duque anunció su reforma tributaria, uno de los primeros intentos en la región para tratar de lidiar con el déficit económico exacerbado por la crisis del Covid. Si bien la medida habría mantenido en vigor un subsidio pandémico en efectivo, también iba a elevar los precios de muchos bienes y servicios cotidianos.

De inmediato el descontento acumulado llegó a las calles. El pasado martes, el jefe del Estado dijo que abriría un diálogo nacional para encontrar soluciones a los problemas fiscales y otros desafíos. “En este espacio es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil”. También afirmó que “los resultados de este espacio se traducirán en iniciativas que podamos articular rápidamente”, dijo el presidente.

Pero el llamado al diálogo nacional fue similar al que hizo en 2019, y muchos grupos de la sociedad civil han dicho que esa discusión produjo pocos o ningún resultado. En un país agobiado por la crisis económico-social y la pandemia, gran parte de la población ha hecho estallar su indignación. Desde el lado contrario, el gobierno de Iván Duque responde con balas y cada día hay más muertos.