Las manifestaciones y huelgas contra la política económica del presidente de Colombia, Iván Duque, recrudecieron a raíz de un proyecto de reforma impositiva que perjudica a las clases medias y a trabajadores. Un paro general reavivó este miércoles un proceso de protestas populares que había estallado en noviembre de 2019 y fue frenado por la pandemia, pero que ahora cobró nuevo impulso a pesar del auge del Covid-19.

La paralización de actividades, especialmente en los servicios de diverso tipo en los grandes centros urbanos, tuvo su correlato en grandes movilizaciones en las principales ciudades. Convocaron y participaron centrales obreras, sindicatos de profesores, organizaciones indígenas y asociaciones civiles. Hubo represión por parte de fuerzas gubernamentales, y fue reportada al menos un persona muerta por enfrentamientos con la Policía en la ciudad de Cali.

La reaparición de las protestas se produjeron cuando se superaron por primera vez los 400 muertos diarios por coronavirus el 19 de abril, y desde entonces las cifras de la tragedia siguieron aumentando. El sistema de atención médica está bajo máxima tensión. La disponibilidad de unidades de cuidados intensivos es del 17% en un promedio nacional pero en muchos casos las capacidades de equipamiento y personal fueron superadas.

Aún en ese contexto de gravísima emergencia sanitaria, miles de personas salieron a las calles en las ciudades más grandes e incluso medianas del territorio nacional. La mayor parte de los manifestantes usaba mascarillas (barbijos) para prevenir los contagios.

El gobierno desplegó fuerzas represivas y se produjeron enfrentamientos. En Cali y Medellín, que son las ciudades más pobladas del país luego de Bogotá -la capital-, hubo saqueos de comercio y quema de autobuses. A última hora de la jornada de huelga fueron militarizadas amplias zonas urbanas y se implantó el toque de queda.

Protesta y represión en la ciudad de Medellín, este miércoles.

Una acción particularmente significativa ocurrió en pleno centro de Cali al amanecer del día de las protestas, cuando fue derribada una estatua del fundador de la ciudad. La obra representaba, espada en mano, al militar español Sebastián de Belalcázar, quien proclamó la fundación en 1536. El hecho de fuerte contenido simbólico, fue realizado por personas de la comunidad originaria misak.

Sin tradición de protestas urbanas

Colombia es un país sin tradición de protestas ni de fuerzas sindicales poderosas en los grandes centros urbanos, pero esa tendencia fue quebrada por un histórico paro el 21 de noviembre de 2019 que dio lugar a una prolongada ola de movilizaciones populares en los días, semanas y meses siguientes.

Ese clima de turbulencias sociales y políticas, contemporáneo del que estalló en Chile el 18 de octubre del mismo año y posteriormente también en Ecuador, se detuvo drásticamente al desatarse la pandemia del Covid-19 en los comienzos de 2020. Sin embargo, una reforma impositiva y fiscal lanzada por el gobierno de Duque volvió a provocar nuevamente una agitación generalizada.

El proyecto del presidente derechista está a consideración del Congreso y ha recibido rechazos hasta de algunos sectores del propio oficialismo. Entre otras cláusulas, propone gravar productos de la canasta familiar y los servicios públicos. También amplía la base de contribuyentes, es decir que reduce el monto a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos (concepto equivalente a lo que en Argentina se denomina “mínimo no imponible”).

Francisco Maltés, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), declaró que “esta protesta es legítima en la medida en que interpreta el clamor nacional de un rechazo a las políticas económicas y sociales de este gobierno, que en medio de estas difíciles circunstancias (por la pandemia) pretende una reforma tributaria para saquear el bolsillo de los colombianos, mientras que a los mega-ricos no se les toca un solo peso”.

El hecho de que grandes multitudes hayan retomado las protestas callejeras en el peor repunte de contagios y muertes desde que empezó la pandemia, demuestran que el descontento de 2019 está vigente o que puede ser aún mayor al de hace un año y medio.

Observadores y analistas políticos consideran que, debido a la reacción popular y el rechazo de varios partidos cercanos al gobierno, es posible que la reforma impositiva sea modificada o directamente no pueda sancionarse en el Congreso.

Al mismo tiempo, lo que ocurre en estos días empieza a ser considerado como parte del clima previo a la campaña electoral del año que viene, ya que para mayo de 2022 está prevista la elección de un nuevo presidente.