En plena pandemia del Covid-19 viene creciendo desde hace meses un clamor mundial para que se suspendan las patentes -derechos de propiedad intelectual- de las vacunas contra el Covid-19. El pedido ha cobrado fuerza insistente por parte de gobiernos, instituciones internacionales, organismos científicos y organizaciones de la sociedad civil, pero choca con la férrea lógica de mercado que imponen los países y laboratorios más poderosos, y que también domina las decisiones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La iniciativa para liberar, o al menos suspender temporariamente las patentes mediante una “exención”, fue lanzada ya en octubre de 2020 por India y Sudáfrica, y de inmediato recibió el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de decenas de naciones. La semana pasada volvieron a expresarse en similar sentido el papa Francisco y la mayoría de los participantes de la Cumbre Iberoamericana en la cual intervino -de forma virtual- el presidente argentino.

El pedido, destinado a que toda la población mundial puede inmunizarse contra el coronavirus, hasta el momento encontró oposición de los países capitalistas donde tienen su sede los grandes laboratorios farmacéuticos, como Estados Unidos, Australia, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón, Reino Unido y la mayoría de los Estados de la Unión Europea.

Según datos de Naciones Unidas, hay un centenar de países que todavía no han recibido una sola dosis de las vacunas contra la Covid-19. Además, el 75% de las inmunizaciones aplicadas están concentradas en apenas diez países, que son los que producen las vacunas o son los primeros aliados de los productores.

La propiedad intelectual -patentes- es uno de los grandes temas globales que se dirimen en la OMC. Se trata de una de las bases del capitalismo, ya que permite a las empresas apropiarse de los beneficios del progreso tecnológico que se deriva de la inversión.

Si, en cambio, hubiera una exención al pago de patentes, permitiría que copias de vacunas, tratamientos, pruebas de diagnóstico y otros fármacos contra el Covid-19 pueden empezar a producirse en otros países, a gran escala y a precios inferiores.

Las regulaciones a nivel mundial por este tema forman parte del llamado “Adpic” (Acuerdo sobre los Aspectos de la Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), que se negocian dentro de la OMC. Este jueves (29/04), ese poderoso organismo celebrará un seminario virtual y es posible que trate el caso de las patentes por las vacunas anti-Covid.

Oficialmente, la Organización Mundial del Comercio solo anunció que “el 29 de abril celebrará un seminario virtual en el que se examinará la interacción entre el Adpic y la política de competencia”.

En el diario Página 12, el periodista Javier Lewkowicz informó que “la semana pasada, la flamante directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, convocó a una reunión a puertas cerradas de productores (laboratorios farmacéuticos), gobiernos y otras entidades para definir el tema. Dijo que ‘en las próximas semanas o meses, esperamos acciones concretas. Estos temas no son fáciles, pero la voluntad política y el compromiso del sector privado mostrados hoy sugieren que es posible’”.

La OMS, Iberoamérica y el papa

“Es el momento de usar todas las herramientas que tengamos para poder aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual. Es ahora o nunca”, declaró en febrero el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, luego de que India y Sudáfrica dieran el puntapié inicial.

También pidió a los países más avanzados que reduzcan o eviten más acuerdos unilaterales de compra de vacunas con los laboratorios, especialmente aquellos que están dentro del programa Covax que se propone distribuir dosis en todo el mundo. “Comprendo que los gobiernos tengan la obligación de proteger a los suyos, pero la mejor forma de hacerlo es suprimir al coronavirus al mismo tiempo en todas partes” del mundo, argumentó Tedros.

El tema fue tratado la semana pasada por los presidentes y jefes de gobierno de América Latina y de la península Ibérica en el marco de la Cumbre Iberoamericana. El encuentro semipresencial se realizó en el Principado de Andorra -limítrofe con el norte de España- pero muchos participantes lo hicieron en forma remota, entre ellos Alberto Fernández.

Los gobernantes, que recibieron una carta en similar sentido del papa Francisco, se pronunciaron a favor de democratizar el sistema de reparto de vacunas contra el Covid-19 y de ayudas contundentes de parte de instituciones de crédito internacionales para enfrentar la pandemia y la pospademia, atento a la caída de las economías de la región.

La titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, afirmó que Iberoamérica “solo podrá salir de la crisis con apoyo internacional, a través de acceso a vacunas, a través de instrumentos de financiamiento de deudas, a través de más inversión”.

El presidente de Argentina afirmó que “la distribución universal de las vacunas tiene un rol clave en la recuperación pospandemia”, y advirtió que hasta el momento “no se han distribuido de manera equitativa”. Agregó que “debemos ser capaces de diseñar un verdadero tratado internacional sobre pandemia que complemente la actual normativa sanitaria y refuerce el rol de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Fernández.

En la carta enviada por el papa, Francisco pidió a través de los líderes iberoamericanos "una férrea voluntad política que tenga la valentía de decidir cambiar las cosas, principalmente las prioridades, para que no sean los pobres los que paguen el costo más alto de estos dramas que están golpeando a nuestra familia humana".

Consideró "particularmente bienvenidas las iniciativas que buscan crear nuevas formas de solidaridad a nivel internacional, con mecanismos dirigidos a garantizar una distribución equitativa de las vacunas no basada en criterios puramente económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, especialmente de los más vulnerables”, expresó el papa Francisco en su carta. 

Otros países y organizaciones no gubernamentales

La propuesta de exención de la propiedad intelectual sobre las vacunas contra el coronavirus, lanzada inicialmente por India y Sudáfrica, contó de entrada con el respaldo de la Unión Africana (UA). También apoyaron la propuesta países afectados por la discriminación en el acceso a los productos inmunizantes y que están ubicados en distintos continentes. Por ejemplo, brindaron su copatrocinio oficial Egipto, Pakistán, Mozambique, Kenia, Mongolia, Venezuela y Bolivia.

En los últimos meses se pronunciaron en igual sentido agencias internacionales como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUsida), Unitait y la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi).

Una organización no gubernamental particularmente activa en la materia es Médicos Sin Fronteras (MSF).“Necesitamos la suspensión de patentes durante la pandemia de Covid-19”, plantea la ONG mundialmente reconocida. Destaca que una medida de ese tipo “podría cambiar la situación actual al anteponer la vida de las personas por sobre las ganancias”.

Explica que por eso “se ha presentado un pedido formal de exención ante la Organización Mundial de Comercio para que los gobiernos puedan suspender las patentes durante la pandemia. Esta petición, liderada por India y Sudáfrica, le daría sustento legal necesario a los países para garantizar el acceso a la salud de sus poblaciones”, sostiene MSF.

Otra organización no gubernamental, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), promueve la campaña “Por una vacuna universal contra el Covid-19”. En una declaración relacionada con el tema, afirma que “la pandemia del coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto la enorme distancia entre los países del Norte y los países del Sur. La desigualdad estructural entre ambas zonas del mundo se ha agudizado a medida que el virus sigue extendiéndose, dejando tras de sí un macabro reguero de muerte, enfermedad, depresión económica y empobrecimiento generalizado”.

Remarca que “hasta el momento, la vacuna está siendo tratada como un bien privado, mercantilizada hasta sus últimas consecuencias. Se impone la ley del mejor postor en un escenario de máxima concentración de los principales laboratorios farmacológicos. Veinte laboratorios acumulan el 60 % de las ventas de vacunas. En esta situación, iniciativas como Covax (de la OMS), si bien son loables se tornan insuficientes”.

Por ello, dice la entidad dedicada al estudio de la geopolítica latinoamericana, “instamos a la OMC y a los países que forman parte de ella, a Naciones Unidas y a la OMS a emprender las acciones necesarias para suspender la ejecución, aplicación y cumplimiento de las disposiciones sobre licencias de patente del Adpic”.

Explican que “el objetivo es compartir y socializar el conocimiento acerca de las vacunas contra el Covid-19 y permitir la apertura de otras líneas de investigación que desemboquen en el acceso libre y garantizado de las poblaciones vulnerables a las vacunas contra el COVID-19, ahora mismo dificultado por ser una mercancía sujeta a las reglas de un mercado estructuralmente injusto”, completa Celag en su declaración.