Una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que “como consecuencia de la fuerte recesión económica” provocada por la pandemia del Covid-19, solo en el área latinoamericana “el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020”, lo cual significa “22 millones más que el año anterior”. De ese total, “78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019”.

Según las nuevas proyecciones de la citada Comisión, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina “registrará una caída de -7,7%”. Partiendo de ese porcentaje, “se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población”. También se destaca que “la desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%)”.

Hacia el futuro, la institución responsable del documento considera a “la economía del cuidado” como “sector estratégico para una recuperación (económico-social) con igualdad”. Aclara que “el concepto de ‘economía del cuidado’ comprende todo el trabajo que se realiza de forma no remunerada en los hogares, así como el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza de forma remunerada en el mercado laboral”.

Los datos y desarrollos analíticos mencionados forman parte del último número de la publicación “Claves de la Cepal para el desarrollo”, cuyo eje conceptual en esta edición gira sobre el “Panorama Social de América Latina en 2020”. La denominación específica del contenido es “El impacto social de la pandemia en América Latina”.

El trabajo indica que el año pasado “la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenar” la propagación de la enfermedad.

Añade que la pandemia irrumpió “en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, puso al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres”.

Explica además que “persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos”.

No obstante, señala que “el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares. Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas”.

Por eso, tras detallar que la pobreza extrema trepó el 12,5% y la tasa de pobreza en general alcanzó el 33,7%, Cepal hace una estimación comparativa y afirma que “sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población”.

Desocupación y “economía del cuidado”

Como antes se indicó, el estudio sobre “El impacto social de la pandemia en América Latina” dice que “también se espera un fuerte impacto de la crisis del Covid-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). La caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes”.

La publicación califica después a “la economía del cuidado” como “sector estratégico para una recuperación con igualdad” de las condiciones económico-sociales de los diferentes países. Al respecto, advierte que “las formas actuales de división sexual del trabajo y organización social del cuidado persisten como uno de los nudos estructurales de la desigualdad en América Latina y el Caribe”.

Explica que “no solo atentan contra el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y su autonomía, sino que también producen una serie de ineficiencias económicas y sociales con externalidades negativas para el conjunto de la sociedad. Además, profundizan las desigualdades porque vulneran los derechos de quienes cuidan y de quienes reciben esos cuidados. En el contexto de la actual pandemia es posible prever la agudización de estas desigualdades que ya caracterizan a la región”.

Según el organismo autor del trabajo, “la disponibilidad y la calidad de los servicios de cuidado se relacionan de forma directa con los niveles de empleo y las condiciones laborales del sector de los cuidados remunerados, en el que la mayoría de los empleados son mujeres”.

Agrega que “a su vez, la oferta de servicios públicos o privados, accesibles y de calidad tiene efecto en la redistribución de las responsabilidades desde los hogares hacia el Estado y el sector privado, lo que libera tiempo de las mujeres y contribuye a su autonomía económica. En este sentido, el concepto de ‘economía del cuidado’ comprende todo el trabajo que se realiza de forma no remunerada en los hogares, así como el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza de forma remunerada en el mercado laboral”, afirma la Cepal.

Al ampliar sobre el mercado laboral, el documento destaca en particular “la provisión de bienes y servicios para los hogares que realizan las trabajadoras domésticas remuneradas, cuyas condiciones de empleo siguen siendo reflejo de la subvaloración de las tareas de cuidado llevadas al ámbito mercantil”.

“En este concepto se consideran los cuidados en su escala más micro: las labores fundamentales para la reproducción de la fuerza de trabajo que se realizan en los hogares. También se consideran las dinámicas de los cuidados situadas en los mercados (empleo y prestación de servicios), la provisión de infraestructura y la formulación de políticas públicas”, expresa la publicación.

Y añade que “lo anterior implica que el cuidado es una función social que involucra a personas destinatarias y proveedoras y que debería entenderse como un derecho, específicamente: a cuidar, a ser cuidado, a no cuidar y a autocuidarse. Quien cuida asume responsabilidades hacia la otra persona y realiza diferentes tipos de esfuerzos físicos, mentales y emocionales. El cumplimiento de esta responsabilidad crea un vínculo emocional entre quien cuida y quien recibe el cuidado”.

“A su vez, la ‘organización social del cuidado’ se refiere a la manera en que se organiza socialmente la reproducción de las personas. Es decir, la manera en que, las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, de modo interrelacionado, producen y distribuyen el cuidado”, sostiene la publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.