Las distintas formas de golpes contra la democracia que caracterizan a América Latina desde la segunda mitad de la década pasada han recibido importantes respuestas en contra durante los últimos días, particularmente por la anulación de las condenas contra Lula Da Silva -anulación no definitiva, porque ha sido apelada- como por el apresamiento de la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeannine Áñez, y otros jerarcas de la efímera dictadura que ella encabezó durante un año.

Tomados con la provisoriedad de los acontecimientos, que pueden profundizarse, estancarse o revertirse como parte de procesos que son muy dinámicos, las novedades de la semana pasada implican una reacción democrática tanto contra los golpes que tuvieron como instrumentos principales a los sistemas judiciales y grandes cadenas de medios de comunicación -así fue en Brasil para derrocar a Dilma Rousseff y luego encarcelar y proscribir a Lula-, como los perpetrados por la Policía, las fuerzas armadas y de bandas criminales civiles paramilitares -caso Bolivia, para destituir a Evo Morales-.

El golpismo basado en el accionar de estructuras judiciales y mediáticas, denominado “Lawfare” o “guerra jurídica”, también afecta a Ecuador, donde el ex presidente Rafael Correa fue condenado y proscripto y vive en el exterior, y con varios de otros dirigentes presos o exiliados. Pero hasta el momento, el “correísmo” mantiene una estrategia de recuperación de la legitimidad electoral con una amplia alianza llamada “Unión por la Esperanza” (UNES) que lleva como candidato a Andrés Arauz. Esa coalición obtuvo el 32% de los votos en la primera vuelta y competirá en el balotaje del 11 de abril con el banquero conservador Guillermo Lasso.

La reacción democrática contra la “guerra jurídica” también tiene su repercusión en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández acaba de nombrar como ministro de Justicia a Martín Soria. El flamante funcionario declaró que una de sus prioridades será “terminar con el Lawfare”, es decir el dispositivo armado entre jueces, fiscales, cadenas mediáticas y agentes secretos del espionaje que se utilizó durante el macrismo para perseguir a Cristina Kirchner y otros dirigentes de su espacio, varios de los cuales fueron encarcelados y siguen presos o con arresto domiciliario.

Brasil

La situación personal y política del ex presidente de Brasil Lula Da Silva, así como las perspectivas electorales en su país, cambiaron radicalmente cuando el 8 de este mes se dictó un fallo judicial que constituyó un golpe el Lawfare regional, Ese día, un juez del Supremo Tribunal de Brasil (STB), Edson Fachin, anuló todas las condenas contra el popular líder y la restituyó “todos sus derechos políticos”, lo cual incluye una eventual candidatura presidencial.

El juez fundamentó las medidas adoptadas en la presunta “parcialidad” con que actuaron el integrante del Poder Judicial que condenó a Lula, Sergio Moro -quien después sería ministro de Bolsonaro y actualmente aspira a postularse como presidente-, así como el fiscal Deltan Dellagnol. Por ello, ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros y jurisdicciones.

Frente al nuevo escenario, Lula declaró que trabajará para desalojar del poder a Jair Bolsonaro. Aclaró que recién hablará que recién en 2022 hablará de su candidatura presidencial en las elecciones de finales de ese año, pero adelantó que recorrerá el país “para conversar con el pueblo, que no puede permitir que siga gobernando un hombre que causa los males que está causando Bolsonaro”.

Sin embargo, todo lo que ocurre en Brasil puede ser provisorio. El pasado viernes 12 la Fiscalía General presentó una apelación contra el fallo que anuló las condenas contra Lula. Si dicha apelación avanza, cerraría las puertas a una posible postulación del ex presidente y líder del PT (Partido de los Trabajadores). La decisión quedará a cargo del pleno del Supremo Tribunal, formado por once jueces.

Bolivia

La restauración democrática en Bolivia produjo recientemente un potente avance jurídico y político, al activar los mecanismos legales para juzgar a los responsables del golpe policial-militar del 10 de noviembre de 2019, que luego instauró a una dirigente civil como presidenta de facto.

Jeannine Áñez, la ex senadora que apoyada por un grupo minoritario de la Cámara que integraba se proclamó “presidenta” del Estado Plurinacional tras el derrocamiento de Evo Morales, está detenida desde el pasado fin de semana junto con sus ex ministros Alvaro Coimbre, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía.

Los apresados están acusados por los delitos de “terrorismo, sedición y conspiración”, y en principio se dispuso en su contra una prisión preventiva de cuatro meses mientras se sustancia el proceso penal. Además, este lunes fue detenido el ex comandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta, imputado por similares delitos.

Jeannine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia. Cuatro meses de prisión preventiva

También se emitieron órdenes de captura contra otros cabecillas golpistas, como el entonces comandante general de las fuerzas armadas, William Kaliman, quien como parte de los movimientos para derrocar Evo Morales pidió públicamente en aquel momento la “renuncia” del presidente. Apenas perpetrado el golpe se radicó en Estados Unidos, presumiblemente tras recibir un millón de dólares de la embajada norteamericana.

Asimismo, la Fiscalía dispuso la detención de los ex ministros Arturo Murillo, de Gobierno, y Luis Fernando López, de Defensa, así como del sucesor del Kaliman en el alto mando militar, Sergio Orellana, y del jefe de la Policía Nacional en el momento del golpe, Yuri Calderón. Todos ellos están oficialmente con “paradero desconocido” pero según información de Interpol-Bolivia, también se habrían fugado a Estados Unidos.

Ecuador

Uno de los países de América Latina donde la “guerra jurídica” destruyó las libertades democráticas para consolidar a un gobierno neoliberal y favorable a Estados Unidos, es Ecuador. El actual presidente Lenín Moreno ganó las elecciones de 2017 en representación de la “Revolución Ciudadana” que había liderado Rafael Correa durante una década, pero una vez que el nuevo mandatario ocupó el poder, dio un vuelco total en sus políticas de gobierno y además persiguió al “correísmo” que lo había llevado al gobierno.

Varios dirigentes del sector de Correa sufrieron cárcel o exilio, y el propio ex presidente fue condenado y se le impidió volver a ser candidato. Radicado en Bélgica -país de donde es oriunda su esposa- pero asiduo visitante de países latinoamericanos excepto el suyo, es el mentor de una amplia coalición política de centro y centroizquierda llamada “Unión por la Esperanza” (UNES).

La coalición, con su líder proscripto, se vio obligada a presentar un postulante alternativo para la presidencia: se trata del economista de 36 años Andrés Arauz, un ex ministro de Correa. La candidatura resultó exitosa en las elecciones del pasado 7 de febrero, ya que ocupó el primer lugar con el 32,7% de los votos. De ese modo sacó ventaja para el balotaje que deberá disputarse el 11 de abril, donde su competidor será el banquero conservador Guillermo Lasso, en representación de la alianza CREO-Partido Social Cristiano.

 Andrés Arauz, candidato presidencial del correísmo.

En esa primera vuelta Lasso obtuvo apenas una diferencia inferior a medio punto porcentual sobre el candidato indigenista Yaku Pérez Guartambel, y la incógnita sobre quién sería el rival de Arauz se prolongó durante varias semanas. Finalmente, el conteo oficial afirmó que Lasso alcanzó el 19,74% de los votos y Pérez el 19,39 %.

Este último, quien se postuló por el movimiento indígena Pachakutik, intentó de diversas formas demostrar que había ocupado el segundo puesto y que por lo tanto era un “fraude” su exclusión de la segunda vuelta. Hasta esta semana mantuvo apelaciones en distintas instancias políticas y judiciales que finalmente fueron denegadas, y ya se inició la campaña para el balotaje entre Arauz y Lasso. 

Argentina

En nuestro país, el “Lawfare” o “guerra jurídica” condicionó fuertemente la vida política nacional desde el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. Entre muchos ejemplos de ello, pueden citarse la persecución penal contra el entonces vicepresidente Amado Boudou; la acusación de “traición a la Nación” a la propia jefa del Estado por haber firmado un Memorándum con Irán para investigar el ataque terrorista contra la AMIA perpetrado en 1994; y la denuncia penal contra la entonces mandataria, su ministro de Economía Axel Kicillof y autoridades del Banco Central, por emplear las operaciones denominadas “dólar futuro” como herramienta de la política financiera y monetaria.

Durante el macrismo, ese tipo de maniobras judiciales y mediáticas llevaron a la cárcel, entre otros, al nombrado Boudou; a la líder social y política jujeña Milagro Sala; al ex ministros Julio De Vido y su subsecretario Roberto Baratta; al dirigente Luis D’Elía; al ex secretario presidencial Zanini -luego liberado- y a empresarios perseguidos por ser contratistas del Estado durante el kirhcnerismo, tal el caso de Gerardo Ferreyra (de la firma Electroingeniería), Lázaro Báez (Austral Construcciones) y Cristóbal López y Fabián de Sousa (Grupo Indalo).

Una situación particularmente agravada fue la del ex canciller Héctor Timermann, para quien también se ordenó su encarcelamiento. Obtuvo el arresto domiciliario porque estaba gravemente enfermo de cáncer, pero el Poder Judicial le negó el permiso para viajar a Estados Unidos donde se le podían realizar tratamientos especiales. Murió en su hogar el 30 de diciembre de 2018.

A Cristina Kirchner la involucraron en incontable número de causas -en varias de ellas como “jefa de una asociación ilícita-, debió comparecer decenas de veces ante los juzgados, en una ocasión allanaron simultáneamente tres domicilios suyos -en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires-, y el autor de los más graves hostigamientos judiciales, Claudio Bonadio, pidió su captura en diciembre de 2017.

El encarcelamiento de la líder del kirchnerismo no llegó a cumplirse porque había sido elegida senadora nacional y la protegían los fueros parlamentarios. Sin embargo, en marzo de 2019 la Corte Suprema confirmó la orden de arresto y prisión preventiva contra Cristina Kirchner. Ella todavía era legisladora y, en diciembre de ese año, asumió como vicepresidenta de la Nación. Pero esta y las demás causas que amenazan su libertad personal, todavía siguen abiertas en múltiples instancias judiciales.

Esta semana, el presidente Alberto Fernández designó como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Martín Soria, en lo que puede interpretarse como una decisión política destinada a desarticular, al menos en el ámbito judicial, los dispositivos y estructuras de la “guerra jurídica” creados para la persecución y el espionaje de opositores al macrismo.

El nuevo integrante del gabinete nacional lo ratificó en declaraciones periodísticas. “El desafío (de su gestión) es desarmar el Lawfare y la mesa judicial”, dijo poco después de ser designado como ministro. Agregó que “no queremos nunca más una justicia que persiga según los vientos políticos de turno (…) Nos preocupa el Poder Judicial y la Corte esa la cabeza de ese Poder Judicial. Tenemos una Corte complaciente”, afirmó Martín Soria.