Las señalas emitidas por la administración de Joe Biden desde que asumió el poder en Estados Unidos permiten entrever que continuará hostigando al gobierno de Venezuela, al que sigue calificando de “brutal dictadura” como en la época de Donald Trump, pero la injerencia estadounidense adoptaría modales más suaves.

Una demostración concreta del cambio de táctica ocurrió hace pocos días, cuando EE.UU. eximió a Venezuela de algunas sanciones impuestas durante el trumpismo para operar en puertos y aeropuertos. De todos modos, permanece inalterable el discurso de ataque y descalificación contra el presidente Nicolás Maduro y el proceso de la Revolución Bolivariana que fundó Hugo Chávez hace más de dos décadas.

La nueva gestión norteamericana respalda al denominado “presidente interino” o “presidente encargado” Juan Guaidó, y afirma que continuarán “ayudando al pueblo” del país suramericano para alcanzar “su democracia” y mencionan que buscarán un “foro multilateral” con “aliados” para “promover el diálogo” con esa finalidad.

El aspecto discursivo volvió a expresarse días atrás a través de Ned Price, vocero oficial del Departamento de Estado (equivalente a un ministerio de Relaciones Exteriores). El funcionario apuntó contra “la represión, corrupción y mala gestión” de Maduro, como culpable “de una de las crisis humanitarias más graves que ha visto el hemisferio” occidental.

Agregó que EE.UU. defiende “una transición democrática pacífica” en Venezuela, lo cual implica que haya “elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas” como forma de “ayudar a los venezolanos a reconstruir sus vidas y su país”. Según su criterio, “los venezolanos tienen derecho a la democracia y a un gobierno que la promueva y defienda”, manifestó Price.

Las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado implican un rotundo rechazo al discurso de diálogo y negociación que lanzó Maduro en enero, ante el cambio de mando en Washington. “Estamos dispuestos a pasar de página y a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y el entendimiento”, expresó el mandatario chavista cuando el sucesor de Trump llegó al poder.

Diálogo y respeto mutuo entre los gobiernos de Washington y de Caracas no está en los planes de Biden. No obstante, en sus primeras semanas tampoco apareció el discurso más violento y amenazante de la etapa anterior, por ejemplo cuando el secretario de Estado de la gestión Trump, Mike Pompeo, dijo en mayo de 2019 que “la acción militar (contra Venezuela) es posible. Si eso es lo que se necesita, eso es lo que Estados Unidos hará”. Esa beligerancia imperial hasta ahora no ha reaparecido.

Aliados y “foro multilateral”

Antony Blinken, el secretario de Estado de la nueva administración -es decir el sucesor de Pompeo- poco antes de asumir dijo en el Senado que su país seguirá reconociendo al dirigente opositor Juan Guaidó como “presidente interino” venezolano, y definió a Maduro como un “dictador brutal”. Añadió que veía espacio para una “mayor coordinación” con otros gobiernos de ideas afines, en busca de “elecciones libres y justas” en Venezuela.

El antes mencionado Ned Price, precisamente vocero oficial del área que conduce Blinken, lo amplió “Elaspecto distintivo de nuestra estrategia para ayudar al pueblo de Venezuela a cumplir con sus legítimas aspiraciones para una democracia, será un acercamiento coordinado. Con ese método que adoptaremos con nuestros aliados bilateralmente, y luego en un foro multilateral, nos aseguraremos de que estamos logrando resultados para los venezolanos”,dijo el portavoz del Departamento de Estado. 

Menos sanciones

Una señal concreta de los modales más suaves de la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos venezolanos se conoció a comienzos de este mes. El 2 de febrero, el Departamento del Tesoro norteamericano emitió una licencia que exime de las sanciones impuestas al país suramericano para algunas transacciones necesarias en las operaciones habituales de puertos y aeropuertos.

Con esta medida se atenúan algunas de las disposiciones adoptadas en 2018 y 2019 durante la época de Trump, y también otras de 2020 como la de incluir en la “lista negra” de sancionados a la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

De todos modos, uno de los organismos de EE.UU. encargados de controlar la puesta en marcha de las nuevas directivas, remarcó las condiciones de su ejecución. Se trata de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC), según la cual la reciente licencia no exime de sanciones a ninguno de los funcionarios venezolanos sujetos a las mismas y no permite actividad de importación y exportación entre los dos países.

Venezuela y Cuba

Un ex funcionario de la política exterior estadounidense, Mark Feierstein, evaluó que habrá algunas modificaciones en la política de Biden no solo hacia Venezuela sino también hacia Cuba. El experto, quien dirigió la política hacia América Latina y el Caribe en la época de Barack Obama, interpretó que el nuevo gobierno de Estados Unidos hará "un uso más apropiado de las sanciones, entendiendo que son un medio para un fin".

Según el especialista Feierstein, se mantendrán sanciones "a individuos" debido a lo que en EE.UU. llaman "corrupción y abusos de derechos humanos" en Venezuela, pero "se podrían revisar las sanciones económicas para asegurar que avanzan hacia el objetivo de una transición democrática, en vez de solo imponer dolor al pueblo".

Agregó que "es importante presionar al régimen (venezolano) pero también es necesario que haya incentivos. Y potencialmente podría haber apoyo a algún tipo de esfuerzo para juntar a las partes en Venezuela y tratar de llegar a algún acuerdo sobre cómo celebrar elecciones libres y justas".

Respecto del caso cubano, estimó que la administración Biden revisará la decisión adoptada por Trump en las últimas semanas de su mandato, cuando colocó a Cuba en la lista de "países patrocinadores del terrorismo", El experto también consideró que serían revisadas las decisiones del trumpismo que dieron marcha atrás con flexibilizaciones llevadas a cabo por Obama, en cuanto restricciones impuestas para viajar a territorio cubano y para las remesas de dinero al país caribeño.