Ecuador, un país azotado por el coronavirus y con fuertes conflictos sociales y políticos internos, tendrá elecciones presidenciales este domingo. El sector del ex presidente Rafael Correa, quien fue proscripto y está exiliado, forma parte de una amplia alianza que postula para la jefatura del Estado al joven economista Andrés Aráuz, con chances de ser el candidato más votado aunque casi con seguridad pasará a segunda vuelta en una disputa contra el empresario liberal Guillermo Lasso.

En los últimos cuatro años, desde que en mayo de 2017 asumió el actual mandatario Lenin Moreno, Ecuador atravesó un retorno hacia el neoliberalismo y la alianza con Estados Unidos, a pesar de que Moreno ganó en aquel año con el apoyo del “correísmo”. A fines de 2019 se desataron enormes protestas populares contra las políticas de ajuste, y meses después la irrupción de la pandemia del covid agregó la tragedia sanitaria a la vida ecuatoriana.

En la contienda de este domingo serán 15 candidatos varones y una mujer los que participarán como aspirantes a la presidencia, con sus respectivos candidatos a vicepresidente. Según los sondeos, los principales son el progresista Aráuz, postulado por Unión por la Esperanza (UNES), y el empresario Lasso, de la Alianza CREO-Partido Social Cristino.

UNES es una amplia coalición del centro y la centroizquierda, que cuenta con el respaldo del ex presidente Correa. Por su parte Lasso, quien va por la presidencia por tercera vez, en las dos anteriores terminó segundo y en la última perdió por apenas dos puntos en el balotaje con el entonces ganador Lenin Moreno. En caso de segunda vuelta esta vez, la misma se realizará el 11 de abril.

Otros candidatos con posibilidades con Yaku Pérez, del indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP); la oficialista Ximena Peña, de alianza PAIS y respaldada por el actual mandatario nacional; el ex presidente Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP), e Isidro Romero, de la agrupación socialdemócrata Avanza.

Víctimas de la “Lawfare”

Durante los últimos años, en Ecuador se llevó a cabo en plenitud la estrategia internacional conocida como “Lawfare” o “guerra jurídica”, por la cual dirigentes enfrentados con las élites tradicionales locales y con la geopolítica de EE.UU. son perseguidos judicialmente. El caso más notorio fue el de Rafael Correa, a quien le dictaron varias condenas y le prohibieron postularse como presidente o vicepresidente.

El ex mandatario está exiliado en Bélgica, país de donde es oriunda su esposa. Ambos se conocieron en ese país europeo cuando, en su juventud, Correa realizaba estudios universitarios de posgrado en economía. A pesar de su exilio y mediante la comunicación a distancia, el líder del proceso que se denominó “Revolución Ciudadana” tiene una intensa actividad política en Ecuador, y ha sido uno de los mentores de la creación de la alianza UNES, así como de la postulación de Andrés Aráuz y de su vice, el popular comunicador Carlos Rabascall.

Asimismo fue víctima del “Lawfare” el vicepresidente Jorge Glas, que había llegado el cargo en el binomio que encabezó Moreno, el actual jefe del Estado. Glas, perteneciente al correísmo, fue destituido a los pocos meses de ocupar el cargo y luego encarcelado hasta hoy, con varios procesos judiciales y condenas en su contra.

Igualmente, a través de la “guerra jurídica” fueron perseguidas otras figuras que se referencian en el liderazgo de Correa. Una es la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, (“prefecta” es la máxima autoridad provincial), que estuvo presa por razones políticas y luego fue liberada. Un caso más es el de la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien está exiliada en México desde que intentaron encarcelarla durante las protestas populares de fines de 2019.

Líderes de América Latina advierten

En el marco de la etapa política de persecución a opositores, así como de controversias y sospechas sobre la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE), e incluso ante reiteradas versiones de que los comicios serían postergados para evitar una victoria del correísmo, diversos líderes de América Latina exhortaron recientemente a “respetar la voluntad del pueblo de Ecuador”.

Uno de los que se pronunció en ese sentido fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una comunicación vía Twitter el fin de semana pasado. El mandatario dijo que su gobierno sigue con “especial atención” el proceso electoral ecuatoriano, y pidió que “el trabajo del CNE sea correcto, que el veredicto popular se respete, y que así se fortalezca la democracia” de aquel país.

También el Grupo de Puebla, integrado por referentes progresistas, de izquierda y centroizquierda de América Latina, expresó su rechazo a “un nuevo intento de desestabilizar el proceso electoral en el Ecuador”. Evo Morales, por su parte, alertó que el pasado domingo que el CNE “podría suspender las elecciones en Ecuador (…) para evitar la victoria segura” de Arauz. En similar sentido se manifestó el referente de la centroizquierda colombiana Gustavo Petro, actual senador y ex alcalde de Bogotá.

Pandemia y desempleo

El voto en Ecuador es obligatorio entre los 18 y los 65 años, y esta vez se espera que haya un alto porcentaje de voto nulo o en blanco. Durante la campaña, por prevención contra el coronavirus, las actividades se realizaron a través de plataformas digitales o con caravanas de automóviles, mientras que en muy pocos casos hubo actos públicos con presencia física de personas.

Según encuestas y otros estudios de opinión pública, la mayoría de los ecuatorianos tiene como principal preocupación las consecuencias trágicas del covid-19 y los efectos que ha tenido sobre el empleo y la economía.

La pandemia afectó duramente al país. Primero de una forma visible, cuando en marzo, en la primera ola que asoló al mundo, las imágenes de Guayaquil, con fallecidos en las calles por la saturación de hospitales y cementerios, ejemplificaban el descontrol causado por el comienzo de crisis sanitaria y humanitaria.

Pero más allá de las imágenes y los fallecidos, el golpe también llegó a una ya castigada economía ecuatoriana. Se estima que más de 2 millones de personas cayeron en la pobreza en los tres primeros meses de pandemia.