La actual crisis política en Perú, donde hubo tres presidentes en una semana, se desató al cabo de tres décadas en las cuales la conducción gubernamental del país registró grandes cambios -incluso, entre 1992 y 2000 Alberto Fujimori instauró un régimen de terrorismo de Estado- pero permanece vigente el modelo económico neoliberal.

Los sucesos recientes detonaron el lunes 9 de este mes con la destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso. En su lugar fue designado Manuel Merino, titular del cuerpo parlamentario, en medio de manifestaciones populares que denunciaban un “golpe de Estado”. La represión policial a las protestas provocó la muerte de dos jóvenes y el nuevo mandatario debió renunciar al cabo de cinco días. Luego, el lunes 16 el Parlamento nombró al congresista Francisco Sagasti como presidente de la República. 

En las movilizaciones anti-golpistas no se expresaba una defensa del destituido Vizcarra, quien carecía de apoyos sociales y políticos importantes, sino un cuestionamiento generalizado a la dirigencia política por la situación sanitaria provocada por el coronavirus, la recesión económica y la falta de trabajo. Según la Constitución, el actual periodo de gobierno debe concluir el 28 de julio de 2021, para lo cual están convocadas elecciones que deberían realizarse el 11 de abril próximo. 

Perú es una de las excepciones a la etapa de procesos progresistas, de izquierda o nacional-populares que atravesaron a América del Sur en la primera década y media de este siglo. Por allí no pasó la oleada vivida en la mayor parte del subcontinente, que tuvo como referencias a Hugo Chávez, Lula Da Silva, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros.

La última vez que la política institucional peruana insinuó una ruptura con las estructuras tradicionales fue a mediados de los años ‘80, cuando fue elegido presidente el entonces joven dirigente Alan García. Una década y media antes, en otro contexto histórico latinoamericano y mundial, tuvo lugar la revolución de militares nacionalistas que llevó al poder, en 1968, al general Juan Velasco Alvarado, en un proceso que sufrió crisis internas y concluyó en 1980. Ese año fue hubo elecciones y ganó el conservador Fernando Belaúnde Terry.

García, quien al asumir en 1985 tenía 36 años de edad y lideraba el Partido Aprista -nombre heredado de la histórica APRA (Alianza Popular Revolucionaria) fundado en los años ‘20 por el dirigente Víctor Haya de la Torre-, adoptó medidas trascendentes como la nacionalización de la banca. También fijó un porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) como tope para pagar la deuda externa, a fin de que las finanzas del país no se vieran afectadas gravemente por el endeudamiento heredado.

Sin embargo, su gestión terminó devorada por una crisis múltiple. Las variables económicas se descontrolaron y el país entró en una hiperinflación que demolió el consenso social hacia el gobierno. Simultáneamente, en los años ‘80 Perú sufrió el violento accionar de Sendero Luminoso, una organización guerrillera rural y urbana que utilizaba métodos terroristas.

Década de los años ‘90

La crisis económica y la violencia política dominaban Perú en 1989, cuando se realizaron las elecciones que ganó un personaje nuevo públicamente, que se presentaba como ajeno a la política. Era Alberto Fujimori, un ingeniero que no tenía estructura partidaria pero que mediante una campaña de pocos recursos, sin anunciar un programa de gobierno y con discursos basados en generalidades, irrumpió en la escena nacional y consiguió vencer electoralmente.

Contemporáneo al proceso de instauración del neoliberalismo en casi toda América Latina, Fujimori privatizó las empresas estatales e impulsó la entrega a compañías extranjeras de los recursos mineros que constituyen la principal riqueza nacional. Las bases de esa transformación económico-social a favor del capital privado y en contra del patrimonio público, permanecen hasta hoy. 

En abril de 1992, cuando llevaba poco más de dos años en el poder, Fujimori disolvió el Parlamento e instauró una dictadura cívico-militar que incluyó la persecución de dirigentes opositores -entre ellos su antecesor García, quien debió exiliarse-, y la represión a movimientos de izquierda y comunidades indígenas. En ese marco, derogó la Constitución e impuso otra que todavía está vigente.

También frenó la hiperinflación y, simultáneamente, militarizó el país e implantó técnicas de guerra contrainsurgente que implicaban delitos atroces contra los derechos humanos. Desmanteló tanto a Sendero Luminoso como a otra guerrilla, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MTRA, de inspiración guevarista), cuyos dirigentes y militantes fueron asesinados o encarcelados.

Bajo un régimen de terrorismo de Estado y de comicios fraudulentos, el dictador civil consiguió su reelección en 1995. Hacia el final de la década se fueron revelando, paulatinamente, los crímenes del gobierno, los múltiples escándalos de corrupción y sus vínculos con el narcotráfico. En ese marco, en noviembre de 2000 Fujimori huyó a Japón y desde allá anunció su renuncia. Había gobernado durante 10 años, durante los cuales sentó las bases de lo que serían, hasta hoy, 30 años de neoliberalismo. 

Después de Fujimori

Tras la huida de Fujimori, un gobierno interino convocó a elecciones y el ganador fue el economista liberal Alejandro Toledo (quien gobernaría entre 2001 y 2006). Profundizando el modelo edificado en la década previa, impulsó una mayor presencia del capital privado, en particular empresas trasnacionales, en la explotación de los principales recursos del país, y además firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos

El sucesor de Toledo (para el periodo 2006-2011) fue el ex presidente Alan García, quien tras su exilio adoptó una orientación completamente diferente de la etapa anterior y arrastró en ese cambio al Partido Aprista. Su segundo gobierno fue una continuidad de las políticas neoliberales y entre otras consecuencias se incrementaron la desigualdad social, la pobreza y el desempleo.

Concluido el periodo, quien ganó la elección (y gobernó de 2011 a 2016) fue Ollanta Humala, un militar que exhibía ciertos rasgos nacionalistas en su discurso y en su imagen de campaña, incluido un trato cercano con Hugo Chávez. Pero en los hechos, y condicionado por un Congreso fragmentado y con fuerte presencia fujimorista, el hombre que insinuaba sumarse a la oleada progresista resultó ser otro ejecutor más del modelo impuesto a partir de 1990.

Los últimos comicios presidenciales en Perú se realizaron hace cuatro años. Esa vez pasaron a segunda vuelta dos candidatos de derecha. Así, en el balotaje, el veterano economista conservador Pedro Pablo Kuczynski ganó por menos del 1% de los votos a Keiko Fujimori. (La mujer es hija de Alberto Fujimori, quien en 2007 fue extraditado, juzgado y condenado).

El mandatario elegido en 2016 duró en el cargo poco más de un año y medio. Acusado como parte de la trama jurídica que en distintos países se conoció como “caso Odebrecht”, Kuczynski fue destituido en marzo de 2018, y en su lugar asumió el vicepresidente, Martín Vizcarra. 

También continuador de las políticas neoliberales largamente vigentes, Vizcarra fue destituido este mes en el marco de nuevo conflicto institucional. Pero hasta ahora, después de la dictadura cívico-militar que encabezó Fujimori, tanto los presidentes surgidos de elecciones como los que llegaron al poder debido a crisis políticas, sostuvieron sin cuestionamiento alguno el modelo económico-social implantado hace tres décadas.