“La transformación digital puede ayudar a América Latina y el Caribe a recuperarse más rápido de la crisis del Covid-19”, afirma una publicación conjunta de cuatro organismos internacionales, aunque a la vez advierten que el proceso debería canalizarse “adecuadamente” para evitar riesgos tales como “una mayor concentración del mercado, un aumento de las desigualdades, la pérdida de puestos de trabajo y problemas de privacidad y seguridad”.

El tema está planteado como “recomendaciones de políticas públicas” tras partir de un diagnóstico gravísimo. Afirma que “las consecuencias socioeconómicas de la pandemia no tienen precedentes en la región”, estima una caída del Producto Interno Bruto (PIB) regional de 4,4% en el año, y considera que “podrían cerrar 2,7 millones de empresas, en su mayoría microempresas”, lo cual haría perder 8,5 millones de empleos.

La publicación se denomina “Perspectivas económicas de América Latina 2020” y fue elaborada por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el Centro de Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, antes llamado “Corporación Andina de Fomento”) y la Comisaría para Alianzas Internacionales de la Unión Europea (UE).

En el documento se afirma que “la contracción de la actividad provocada por la pandemia está teniendo una enorme repercusión socioeconómica, que afecta a los grupos más vulnerables. Casi un 60% de los trabajadores de América Latina pertenece al mercado informal. Muchos trabajan por cuenta propia en una economía de subsistencia en la que viven al día y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza”.

Señala que “antes de la crisis, cerca del 40% del total de trabajadores no estaba cubierto por ningún tipo de red de protección social”, es que “no contaba con seguro social alguno ni con ayudas de ningún programa principal de asistencia social”. Esta situación “hace que debido a la crisis actual aumenten los niveles de pobreza y desigualdad, ya estancados desde 2014”.

A su vez, “dentro del sector empresarial, la crisis será especialmente difícil para las micro y pequeñas empresas, que no tienen capacidad para amortiguar el golpe: 2.7 millones, en su mayoría microempresas, podrían cerrar, lo que supondría la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo”. 

Producción, inclusión, descarbonización

El informe que cuenta con respaldo de Cepal, OCDE, CAF y Unión Europea considera que “el uso generalizado de las tecnologías digitales puede contribuir a impulsar la productividad, promover la inclusión social y la descarbonización de la economía, apoyando así la respuesta de las instituciones públicas a las crecientes exigencias de los ciudadanos”.

“Sin embargo”, advierten los organismos, “la economía digital también entraña importantes riesgos, los cuales son mayores en los países en desarrollo. Si no se canaliza adecuadamente, podría dar lugar a una mayor concentración del mercado, un aumento de las desigualdades, la pérdida de puestos de trabajo y problemas de privacidad y seguridad”. 

En publicación se hace hincapié en que la transformación digital “no impulsará automáticamente el desarrollo, sino que requiere de la adopción de una serie de políticas públicas que han de coordinarse en el marco de las estrategias nacionales de desarrollo”- Asimismo, se hace un llamado para que, “ahora más que nunca, se creen o se refuercen alianzas internacionales que permitan aprovechar los beneficios de la transformación digital”.

“Acceso y calidad de la conexión”

Más adelante, en relación con “la difusión y el impacto de las tecnologías digitales sobre la productividad en América Latina y el Caribe”, el informe aclara que tales procesos “no son automáticos sino que dependen de elementos indispensables, como el acceso y la difusión adecuados de las tecnologías digitales, un sólido dinamismo empresarial, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la transformación digital y una competencia suficiente en la economía digital”.

Explica que “para facilitar la adopción por parte de las empresas, resulta esencial crear un ecosistema digital integral. La región ha registrado un importante avance en cuanto al uso de Internet. En 2018, el 68% de la población utilizaba Internet con regularidad, casi el doble de la proporción de 2010, pero por debajo del promedio del 84% de la OCDE” (como lo puntualiza el próximo gráfico).

Los organismos responsables del trabajo afirman que “el acceso, la conectividad y la calidad de la conexión siguen siendo desiguales tanto entre los diferentes países como dentro de cada uno de ellos. Además, pese a la mejora sostenida que han experimentado las velocidades de conexión de la región, se mantienen muy por debajo del promedio mundial, lo que limita el tipo de servicios y apps disponibles”.

Políticas industriales y tecnológicas

Otra parte del documento afirma que “el éxito de las estrategias de transformación digital en el ámbito de la productividad depende de una serie más amplia de intervenciones y sectores, más allá de las propias TIC (tecnologías de la información y la comunicación) por sí solas”.

En ese sentido, “las políticas destinadas a promover el desarrollo de competencias digitales deberían encontrarse en sintonía con políticas industriales y tecnológicas de alcance más general, a fin de garantizar que la fuerza de trabajo disponga de las capacidades que precisan sectores prioritarios. La adopción y adaptación de tecnologías digitales abarca una serie de funciones y profesiones, cada una de ellas con diferentes requisitos en cuanto a educación y competencias”. 

Se señala asimismo que “la conectividad del transporte resulta fundamental para sacar el máximo partido a la transformación digital. Gracias a las plataformas digitales, el comercio electrónico puede expandir los mercados e incrementar la eficiencia. Mejorar la infraestructura de transporte y la logística debería servir para aumentar la competitividad y también la expansión del comercio electrónico”. 

Posteriormente, el documento de los organismos internacionales advierte que “aunque la transformación digital propiciará la desaparición, el cambio o la creación de algunos empleos, muy pocos trabajadores de América Latina y el Caribe dominan o usan herramientas digitales en el trabajo. (Antes de la pandemia), solo un tercio de los trabajadores en la región utilizaba las TIC en el trabajo semanalmente, en comparación con Europa, donde más de la mitad lo hacen”.

Considera que por ello, “la gestión de la transición de los trabajadores de los sectores y las regiones en declive hacia nuevas oportunidades de empleo, y el avance hacia sistemas de protección social más amplios e inclusivos siguen constituyendo desafíos fundamentales”.

Explica que “el futuro del trabajo dependerá de las decisiones de política pública. Los sistemas de protección social deberían reinventarse para garantizar una mejor cobertura, que incluya a trabajadores atípicos, como los de la economía bajo demanda (gig), en la que lo habitual es que se ofrezcan contratos temporales o para autónomos, y también contratos de cero horas”. 

“Desventaja para determinados trabajadores”

Para las cuatro instituciones responsables del informe, “la crisis del Covid-19 pone de manifiesto que las políticas e instituciones deben garantizar que la transformación digital no deje en situación de desventaja a determinados trabajadores. Algunos trabajadores encaran múltiples obstáculos para recibir formación”. 

Señalan que “los poco cualificados, los que realizan ocupaciones con alto riesgo de automatización o los que han perdido su empleo suelen ser reacios a formarse o incapaces de identificar vías de capacitación pertinentes. Por muy bien informados y motivados que estén, se enfrentan a barreras como la falta de tiempo, dinero o competencias para iniciar una formación específica. Concretamente” esa es la situación en la que se encuentran los trabajadores del mercado informal” de América Latina y el Caribe.

Agregan que “por otro lado, los empleadores suelen invertir en la formación de los trabajadores más cualificados, porque prevén un mayor retorno de la inversión. Las nuevas formas de trabajo de la economía de plataformas (platform economy) pueden brindar oportunidades para la formalización del empleo” en la región.

Finalmente, según la publicación respaldada por Cepal, OCDE, CAF y UE, “la digitalización de las operaciones podría reducir los costos y mejorar el seguimiento de las actividades económicas. Para sacar provecho de la situación, las políticas laborales y fiscales tendrán que aplicar los mecanismos adecuados en materia de fiscalidad y protección social”.

(Para ampliar la información, puede accederse a la publicación completa “Perspectivas económicas de América Latina 2020”).