“Dada la contracción prevista del PIB (Producto Bruto Interno)” en América Latina y el Caribe debido a la pandemia del Covid-19, “la cantidad de recursos disponibles para la educación podría disminuir más del 9% tan solo en 2020”, advierte un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Oficina Regional de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Allí se agrega que “las consecuencias reales en el presupuesto podrían observarse recién en 2021”, y se exhorta a los gobiernos a “calcular los costos de los sistemas educativos nacionales y priorizar el gasto, así como garantizar la protección de la educación como un derecho humano fundamental” y aprovechar su “potencial transformador no solo para construir sistemas resilientes sino también para contribuir a la recuperación social” en el contexto de la emergencia sanitaria.

Por otro lado, se destaca que la pandemia “exacerbó las desigualdades sociales, la inequidad y la exclusión, al tiempo que se transformó paradójicamente en una oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones sociales, guiadas por los sentimientos de solidaridad y colaboración en torno a la búsqueda del bien común, y también por la responsabilidad por el cuidado del otro, como una dimensión esencial del cuidado y supervivencia de uno mismo”.

Cepal -que tiene su sede en Chile- y Unesco -cuya Oficina Regional para América Latina y el Caribe también está en Santiago, la capital chilena-, son dos agencias internacionales que dependen de Naciones Unidas. De forma conjunta, acaban de emitir un informe titulado “La educación en tiempos de la pandemia del Covid-19”.

En una parte del trabajo señalan que “además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afecta la alimentación y la nutrición de la población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables”. Aunque según datos de julio pasado “se observa que 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe han mantenido los programas de alimentación escolar de diversas formas”, por ejemplo “la entrega de kits de alimentos para preparar en el hogar, seguida de la provisión de almuerzos y, en menor medida, las transferencias monetarias y la entrega de vales para alimentos”.

Consignan que “adicionalmente, muchos estudiantes acceden a través de las escuelas a otros servicios que también se han visto interrumpidos como, por ejemplo, la entrega de anticonceptivos, servicios de salud mental o actividades recreativas”.

En tanto, “gran parte de los países (29 de los 33 de la región) han establecido formas de continuidad de los estudios en diversas modalidades a distancia. Entre ellos, 26 países implementaron formas de aprendizaje por Internet y 24 establecieron estrategias de aprendizaje a distancia en modalidades fuera de línea, incluidos 22 países en que se ofrece aprendizaje a distancia en ambas modalidades (fuera de línea y en línea), 4 que cuentan con modalidades exclusivamente en línea y 2 con modalidades solo fuera de línea”.

“Entre las modalidades de aprendizaje a distancia en línea destaca el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico, utilizadas en 18 países, en tanto que solo 4 países ofrecen clases en vivo (Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá). A su vez, entre las formas de aprendizaje a la distancia fuera de línea, 23 países realizan transmisiones de programas educativos por medios de comunicación tradicionales como la radio o la televisión”. 

“Impacto psicológico y socioemocional”

Otro tramo del informe describe que “las medidas de confinamiento significan, para gran parte de la población, vivir en condiciones de hacinamiento por un período prolongado, lo que tiene graves implicancias para la salud mental de la población y en el aumento de la exposición a situaciones de violencias hacia niños, niñas y adolescentes”.

De acuerdo a un trabajo de Cepal y Unicef (Organización de Naciones Unidas para la Infancia en Emergencia), “el 51,2% de niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas en América Latina reside en hogares con algún tipo de precariedad habitacional. Dos de cada diez viven en condiciones de precariedad habitacional moderada y tres de cada diez enfrentan situaciones de precariedad habitacional grave”.

“Es decir, más de 80 millones de niñas, niños y adolescentes de zonas urbanas enfrentan algún tipo de privación en sus condiciones habitacionales, y unos 18 millones residen en hogares con precariedad habitacional grave”. 

Además, “la investigación ha demostrado la importante relación que existe entre las privaciones en el contexto habitacional y la vulneración de otros derechos de la infancia. El hacinamiento impide contar con un espacio adecuado para estudiar y descansar, lo que repercute en el desarrollo cognitivo en la infancia y las trayectorias laborales y de bienestar en la adultez, a la vez que favorecen una mayor propensión a situaciones de abuso”, remarcan los dos organismos internacionales.

“Sobrecarga laboral docente”

El documento de Cepal y Unesco explica más adelante que “la inestabilidad o la sobrecarga laboral limitan las posibilidades de las y los docentes de seguir dando continuidad al aprendizaje y aumentan los problemas de desempleo y precarización de sus condiciones, incluida la remuneración”.

Al respecto, citando datos del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco (IIPE), se indica que “en la mayoría de los países considerados (15 de un total de 18) se han proporcionado recursos de diversa índole a las y los docentes” (como se detalla en el siguiente gráfico).

Los elementos aportados para trabajar en la emergencia sanitaria “se han concentrado en la provisión de cursos en línea (11 países) y recursos en la web para docentes (9 países). Otros recursos dirigidos a docentes como parte de las respuestas educativas ante la crisis son: la provisión de bibliotecas digitales (4 países), la contención emocional (3 países) y la entrega de dispositivos digitales (2 países)”. 

“Crisis e incertidumbres”, con menos presupuesto

Según el documento, “dadas las próximas etapas de la pandemia y los fenómenos o procesos de crisis mundial futuros o con los cuales ya convivimos -como el cambio climático-”, la educación debe “dar prioridad entre los nuevos contenidos a la preparación de las y los estudiantes para comprender la realidad, convivir y actuar en tiempos de crisis e incertidumbre, tomar decisiones a nivel individual y familiar, e impulsar soluciones colectivas a desafíos urgentes que contribuyan a la transformación estructural del mundo”.

Puntualiza que “los Estados, sus sistemas educativos y de protección social se ven enfrentados a estos desafíos, que constituyen un llamado específico al cumplimiento del derecho a la educación. Para ello, es indispensable contar con los recursos necesarios en la asignación y distribución presupuestal”. 

En ese punto, Cepal y Unesco mencionan que “en términos de financiamiento de la educación, un análisis inicial del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación muestra que la crisis provocada por la pandemia tendrá un impacto significativo en dos niveles”. Uno será “la disminución de la inversión en educación durante la crisis, así como el costo adicional que resulte de ella”, y el restante “una esperada reducción de los recursos financieros disponibles en el futuro para el sector educativo”.

Resaltan que frente a “la proyección más reciente de la Cepal de una contracción de la actividad económica regional y de una caída promedio del 9,1% del PIB en América Latina y el Caribe, salvaguardar el financiamiento para la educación es una prioridad fundamental para proteger a los sistemas educativos nacionales de la exacerbación de las desigualdades en el acceso a la educación y la crisis de aprendizaje”.

Apuntan que “según los datos disponibles de 25 países de la región, de no ser por la pandemia el gasto educativo habría aumentado un 3,6% de 2019 a 2020 (de 514.000 millones de dólares a 532.000 millones de dólares). Sin embargo, dada la contracción prevista del PIB en la región, la cantidad de recursos disponibles para la educación podría disminuir más del 9% tan solo en 2020. Toda vez que el impacto económico de la pandemia todavía está evolucionando y que la recuperación puede llevar más tiempo, las consecuencias reales en el presupuesto podrían observarse recién en 2021”

“Por ello, es fundamental calcular los costos de los sistemas educativos nacionales y priorizar el gasto, así como garantizar la protección de la educación como un derecho humano fundamental y aprovechar el potencial transformador de la educación, no solo para construir sistemas resilientes sino también para contribuir a la recuperación social. 

Los dos organismos de Naciones Unidas sintetizan que la emergencia del Covid-19 “plantea retos importantes para los sistemas educativos y sociales, que deberán abordarse de manera articulada. También deja lecciones valiosas acerca de lo que es realmente prioritario para la vida en comunidad. Estos retos y estas lecciones nos brindan hoy la posibilidad de replantearnos el propósito de la educación y su papel en el sostenimiento de la vida y la dignidad humanas, para que nadie se quede atrás”.

“En otras palabras, al tiempo que los países examinan la mejor manera de abordar las incertidumbres y reabrir sus instituciones de enseñanza en condiciones de seguridad, esta crisis ofrece una oportunidad sin precedentes para aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales y transformarlos en sistemas equitativos e inclusivos”, concluye el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de la Oficina Regional de la Unesco.

(Se accede al documento completo en la página web oficial de Cepal).