El régimen de facto de Bolivia fue acosado por grandes protestas durante casi dos semanas en demanda de elecciones presidenciales, y en ese marco acordó con la oposición del MAS (Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales) sancionar una ley para que la votación tenga lugar dentro de dos meses, el 18 de octubre, y no el 6 de septiembre como se había establecido anteriormente. Sin embargo, la disputa es muy complicada y la efectiva realización de los comicios es incierta.

El masismo (por el MAS) aceptó postergar la fecha con la condición -fijada en la propia ley- de que no volverá a posponerse. También la Central Obrera Boliviana (COB) respaldó el cambio aunque se declaró “en vigilia” hasta ese día para garantizar que finalmente se vota. Pero organizaciones populares más radicalizadas afirman que es una “traición” haber admitido la postergación y anunciaron que seguirá con las protestas. 

En sentido exactamente contrario, sectores de derecha y ultraderecha representados por las elites del departamento (provincia) de Santa Cruz de la Sierra y por distintas cámaras empresarias y medios de comunicación, exigen que la elección se postergue indefinidamente. 

Públicamente afirman que es por la pandemia, pero el verdadero motivo es que en las encuestas lleva ventaja la fórmula masista integrada por Luis Arce como candidato presidencial y David Choquehuanca como vice, ambos exministros de Evo.

La complicada disputa se debe a que ni los sectores que sostienen al régimen golpista ni tampoco las fuerzas democráticas, han alcanzado un predominio político suficiente como para definir la situación. El gobierno dictatorial realizó distintas maniobras para sostenerse en el poder pero se encontró con grandes movilizaciones que exigieron el pronto llamado a elecciones.

De esa puja surgió un proyecto, aprobado luego por la Asamblea Legislativa y promulgado días atrás por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, donde se fijó por ley la fecha del 18 de octubre. Para ese momento habrán pasado más de once meses del golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019. Con la postergación reciente, fueron dos las ocasiones en que los comicios se pasaron para más adelante.

Al avalar lo acordado y expresado en la ley, el destituido expresidente Morales dijo por Twitter que se trata de “una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre".

La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en #Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre.#VamosASalirAdelante pic.twitter.com/bsfo47LIwb

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 13, 2020

Tres posiciones distintas

En medio de fuertes discusiones internas, la Central Obrera Boliviana (COB) decidió suspender los bloqueos de caminos como forma de protesta, y se declaró “en vigilia permanente” hasta el día de los comicios. Esa organización desconfía de que los golpistas acepten traspasar el gobierno en caso de que el MAS resulte vencedor.

El secretario ejecutivo de la organización sindical, Juan Carlos Huarachi, dijo que “no querían elecciones, querían suspenderlas con otros argumentos”. Destacó en ese sentido que “no fueron en vano” las movilizaciones con cortes de tránsito, realizadas a partir del 3 de este mes y hasta que se sancionó la ley con la nueva fecha de votación.

Simultáneamente, el viernes 14 y tras deliberar en lo que se denomina, en la cultura político boliviana, como “un cabildo”, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” resolvió continuar con el bloqueo de caminos hasta lograr la renuncia de la mandataria de facto.

Dicha federación sostuvo que “el pedido definitivo de todas las organizaciones sociales” de la capital boliviana “es el abandono inmediato de (Jeanine) Añez” del poder. Afirmó que “hay muchos motivos (para pedir la renuncia): por habernos dejado sin salud, sin educación, sin economía y sin elecciones, que son nuestros derechos fundamentales”, y por lo tanto “debe irse”.

También reclamó un “juicio de responsabilidades al gobierno de facto”, por haber causado “muchos heridos y muertos” desde que tomó el poder en noviembre pasado, y afirmó que “os pueblos indígenas, campesinos y organizaciones sociales a nivel nacional están “a la defensa de los recursos naturales en todo el territorio de Bolivia, y no vamos a permitir que los vendepatrias vendan nuestros recursos”, expresó la organización campesina.

En la posición exactamente opuesta, desde el oriente del país se pronunció el Comité Cívico Pro Santa Cruz, representativo de los sectores de derecha y ultraderecha que siempre atacaron al gobierno de Evo Morales y ahora no quieren elecciones ante la posibilidad de que triunfe el MAS. 

Los denominados “cívicos”, que son grupos extremistas predominantemente blancos, anti-indigenistas y vinculados con bandas armadas que se formaron para perpetrar hechos de violencia política, en los últimos días amenazaron con usar la fuerza contra las protestas en los caminos y exigieron la postergación sine die de los comicios.

Naciones Unidas y Cristina Kirchner

El acuerdo para fijar una fecha “impostergable” de elecciones y al mismo tiempo dejar sin efecto las protestas, contó con el aval de Jean Arnault, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas. "El consenso alcanzado es un logro fundamental que da garantías" sobre una pronta votación, dijo el funcionario de la ONU. Añadió que “ayuda a superar las divisiones políticas y la incertidumbre que preocupaban a muchos sectores de la sociedad boliviana, movilizados o no, así como a la propia comunidad internacional”.

Arnault también anticipó que su gestión en nombre de la ONU contribuirá, mediante equipos de expertos, para brindar la asistencia requerida, además de respaldar con estándares y medidas de bioseguridad -como forma de prevenir contagios del Covid-19- y propiciar el respaldo internacional político, diplomático, financiero y técnico al proceso electoral y a la pacificación del país.

En Argentina, por otra parte, la crisis boliviana fue uno de los temas analizados en una reciente reunión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, con diputados argentinos que integran el Parlasur y pertenecen al Frente de Todos.

El encuentro se realizó la semana pasada, cuando en el vecino país se estaba definiendo la ley que fijó la nueva fecha electoral. Participaron Oscar Laborde, presidente del mencionado órgano legislativo regional, y los también parlamentarios del Mercosur Víctor Santa María y Fernanda Gil Lozano.  

El otro de los temas tratados de forma particular fue la evolución del coronavirus en los países de la región.