La pandemia del coronavirus, en cualquier lugar del mundo, hace que los demás problemas pasen a segundo plano. Quizás por fuera de esa circunstancia histórica excepcional, la conmoción política y social que hoy vive España sería todavía mayor, en una sociedad obligada a mirarse en el espejo de un monarca investigado por corrupción que se fugó del país a los 82 años.

El ex rey Juan Carlos I -”rey emérito”, tal su denominación institucional oficial desde que en 2014 abdicó de la corona en favor de su hijo- está acusado por cobro de coimas y otros negociados. Ocupó el trono durante casi cuatro décadas, desde 1975 a 2014. En ese último año abdicó la corona en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI.

Rodeado por escándalos, a principios de este mes hizo pública una carta enviada a su hijo, jefe de Estado en funciones, en la que le comunica -en realidad es un modo de comunicarlo a la opinión pública nacional y mundial- su "meditada decisión" de abandonar el país. Las últimas noticias indican que se encontraría en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en el golfo Pérsico.

La investigación que termina de hacer estallar el prestigio que antes se le atribuía al ex rey, es la construcción de una línea de tren de alta velocidad en Arabia Saudita, que une las dos ciudades más importantes para el islam, Medina y La Meca. Las negociaciones para adjudicar las obras se remontan a varios años atrás. Los estrechos lazos del entonces rey español con la familia real saudita lo llevaron a actuar como intermediario.

El valor de ese contrato ascendió a unos 7.800 millones de dólares y tanto en tribunales de España como de Suiza sospechan que durante la negociación se pagaron comisiones de forma irregular. En concreto, se investiga una transferencia de 100 millones de dólares realizada por el régimen saudita a favor de Juan Carlos I en 2008, cuando todavía estaba en el trono.

El dinero se ingresó en un banco suizo y la fiscalía de ese país sospecha que se trató de una comisión para compensar al monarca por haber conseguido, presuntamente, que el consorcio de empresas españolas presentase una oferta de costo más reducido. 

Como causa judicial derivada, el Tribunal Supremo de España lo investiga por una denuncia de 2018, cuando en unas grabaciones atribuidas a su ex amante Corinna Larsen, una multimillonaria con empresas en Alemania, ella afirmaba que el rey habría cobrado una comisión por la concesión del contrato del tren en Arabia Saudita.

El ahora desprestigiado ex monarca gozó de un amplio reconocimiento durante décadas por su papel mediador en la transición desde la dictadura a la monarquía parlamentaria, tras la muerte en 1975 del militar Francisco Franco. Este último también gobernó durante casi cuatro décadas, tras la guerra desatada en 1936 por su sector -llamado inicialmente “bando nacional”- en contra de la República.

Franco lo nombró como sucesor y Juan Carlos I asumió tras la muerte del dictador. Desde entonces contó con el favor de la clase política, de los medios de comunicación y de gran parte de la población, ayudado en alguna medida por su carácter afable y cercano. Pero el paso del tiempo y los acontecimientos que salieron a la luz pública últimamente devuelven a España una imagen frustrante ante sí misma y degradada ante el resto del mundo.

Monarquía, sí o no

Los escándalos de corrupción y la reciente fuga del ex rey reavivaron el debate sobre si debe o no mantenerse a la monarquía como régimen político o “modelo de Estado”. Ese sistema tiene vigencia desde la ya mencionada muerte del dictador Franco (1975) y posteriormente quedó consagrado en la Constitución posdictatorial, sancionada en 1978 como resultado de los llamados “Pactos de La Moncloa” y que está en vigencia.

“Las mediciones acerca del consenso que existe en la opinión pública sobre la forma de Estado escasean”, destacó Diario Público, el portal de noticias español de orientación progresista. Ese medio agregó “más allá de algunas iniciativas ciudadanas, normalmente a nivel local y con recursos bastante limitados, no se ha realizado ninguna consulta ni referéndum que permita conocer, ya no solo cuántos ciudadanos prefieren una monarquía como la actual y cuántos optan por otro sistema, sino hasta qué punto existe una polarización y un debate en este sentido”.

España está gobernada actualmente por una coalición de centroizquierda donde la mayor parte de los puestos del gabinete y su representación parlamentaria provienen del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). A esa fuerza pertenece el titular del Ejecutivo (presidente del gobierno), Pedro Sánchez.

Como socio minoritario dentro del oficialismo pero integrado por primera vez en altos puestos del gabinete, está Unidas Podemos, liderada por el vicepresidente segundo del gobierno y responsable de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Unidas Podemos surgió como expresión de un frente entre “Izquierda Unida”, una vertiente tradicional ligada al histórico Partido Comunista de España, y por otro lado “Podemos”, el partido formado tras las grandes movilizaciones populares de 2011 que fueron conocidas como el movimiento de los “indignados”.

En la coalición gobernante las posiciones en torno del modelo de Estado son divergentes. Como presidente del gobierno y principal referente del PSOE, Pedro Sánchez declaró el pasado martes 4 que su gobierno “considera plenamente vigente el pacto constitucional”, lo cual implica aceptar la continuidad del régimen actual que incluye a la monarquía en la Jefatura del Estado. 

En cambio, el líder de Unidas Podemos dijo que “hay una debate social en España sobre la utilidad o no de la monarquía”, aunque “las correlaciones parlamentarias existentes no permiten una reforma constitucional en el corto plazo” para modificar el sistema vigente. Sin embargo, hay “un movimiento histórico” como producto del cual “tarde o temprano, los jóvenes impulsarán una República que modernice al país”, afirmó Pablo Iglesias en un breve video. 

“Por la República”

El territorio que actualmente es jurisdicción del Estado español está dividido en 17 “comunidades autónomas” (tal es el rango jurídico-institucional de cada “región” del país). De entre ellas, hay dos que se destacan por ser bastiones de las demandas de una parte importante sus respectivas poblaciones en contra del régimen monárquico: una es Cataluña (en el idioma nacional catalán, donde no existe la letra “ñ” que es exclusiva del castellano, se escribe “Catalunya”), y otra es el País Vasco (o “Euskadi”, término del vascuence, la lengua nacional vasca llamada por los propios “euskera”).

En ese marco, los sucesos en los últimos días en torno del ex monarca han movilizado el activismo de los partidos nacionalistas e independentistas de Cataluña, País Vasco y además Galicia. En esta última comunidad también tiene fuerte peso político la identidad nacional y cultural propia, y como consecuencia de ello el rechazo a formar parte de un mismo “Estado” español.

Dichas fuerzas políticas son ERC (Esquerra Republicana de Catalunya); Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña); EH Bildu (Euskal Herria Bildu, expresión del vascuence traducible como Reunión del Pueblo Vasco); CUP (Candidatura de Unidad Popular, de Cataluña); y BNG (Bloque Nacionalista Galego, de Galicia). 

En lo inmediato, además de su impugnación de fondo y por razones históricas a la monarquía como régimen político, los citados partidos nacionalistas e independentistas reclaman explicaciones al gobierno que encabeza Pedro Sánchez sobre su participación en negociaciones con la Corona para permitir lo que denominan “fuga” o “huída” de Juan Carlos I.