En un categórico informe que denuncia “violaciones de derechos humanos atroces y generalizadas en todo Estados Unidos”, la organización Amnistía Internacional (AI) difundió el resultado de una investigación propia sobre la represión en ciudades norteamericanas luego del asesinato del ciudadano afrodescendiente George Floyd, perpetrado por policías del estado de Mineápolis el pasado 25 de mayo.

El informe abarca hechos ocurridos entre el 26 de mayo y el 5 de junio de este año. Presentado como “Protestas de Black Lives Matter” (en castellano, “las vidas negras importan”), forma parte del “Mapeo de la violencia policial en Estados Unidos”. El relevamiento se realizó mediante la recopilación de “casi 500 vídeos de protestas publicados en plataformas de redes sociales”.

La entidad autora del trabajo aclaró que “este contenido digital fue luego verificado, geolocalizado y analizado por un equipo de investigación con conocimientos especializados en armas, tácticas policiales y disposiciones del derecho internacional y la legislación estadounidense relativas al uso de la fuerza”. 

Como resultado, Amnistía Internacional afirma que “en todo Estados Unidos, las fuerzas policiales han cometido violaciones de derechos humanos atroces y generalizadas en respuesta a manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra el racismo y la violencia policial sistémicos, que incluyen el homicidio de personas negras”.

Agrega que “estos actos de fuerza excesiva han sido cometidos por miembros de departamentos locales y estatales de policía, así como por tropas de la Guardia Nacional y agentes de las fuerzas de seguridad de diferentes organismos federales”.

“Tales abusos incluyen palizas, empleo indebido de gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta, y disparos injustificados, y en ocasiones indiscriminados, con proyectiles menos letales, como granadas de esponja y balas de goma”, expresa AI en el informe.

Mayoría de protestas “pacíficas”

Los incidentes fueron evaluados en el marco del proyecto “Evidence Lab” de AI “para situaciones de crisis”. El equipo especializado “ha documentado 125 casos distintos de violencia policial contra manifestantes ocurridos en 40 estados y el Distrito de Columbia entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020”. 

Como parte de su investigación, “en algunos casos el equipo pudo también entrevistar a las víctimas o confirmar la conducta policial con declaraciones de los departamentos locales de policía”.

La reconocida organización mundial expresa en su informe que “las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía estadounidense contra manifestantes pacíficos -desproporcionadas e innecesarias para lograr un objetivo legítimo de aplicación de la ley- son especialmente deplorables porque se han cometido contra quienes se manifestaban para denunciar ese mismo comportamiento policial”.

Afirma que “la mayoría de las protestas han sido pacíficas aunque, en algunas de ellas, una minoría ha cometido actos ilegítimos, incluidos actos violentos. En tales casos, las fuerzas de seguridad han respondido sistemáticamente con fuerza desproporcionada e indiscriminada contra manifestaciones enteras, sin distinguir, como exige la ley, entre quienes se manifestaban pacíficamente y quienes cometían actos ilegítimos”.

“Impactante”: en todo el país

En el documento se sostiene que “además de la gravedad de los abusos, lo más impactante de los incidentes documentados por Amnistía Internacional es su amplio ámbito geográfico, que revela que el problema de la violencia policial afecta a todo el país”.

Al detallar distintos hechos, se ejemplifica que “el 30 de mayo, una patrulla conjunta de policía de Mineápolis y personal de la Guardia Nacional de Minnesota disparó ilegítimamente proyectiles de impacto de 37/40 mm contra personas que se encontraban en actitud pacífica en el porche de sus casas”.

En la ocasión, “al grito de ‘¡abran fuego!’, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar. Este ataque se produjo aparentemente como represalia, porque la gente había salido de sus casas a pesar del toque de queda y estaba grabando a los agentes con sus teléfonos móviles”.

Otro caso. “El 1 de junio, la policía estatal de Pensilvania y la policía municipal de Filadelfia se enfrentaron a un grupo de manifestantes en una autopista que pasa por el centro de la ciudad. Incluso después de que la manifestación saliera de la calzada, la policía continuó utilizando pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno para empujar a la multitud hasta lo alto de una empinada cuesta donde quedó acorralada contra una alta verja”.

“Derribando” gente y tirándole gas

AI reproduce en su trabajo el testimonio de una mujer a la que identifica como “Lizzie Horne, alumna de una escuela rabínica que formaba parte del grupo”.

Indica que esa persona “describió así lo ocurrido: ‘De repente comenzaron a pulverizar gas pimienta contra la multitud. En la mediana había un agente que estaba pulverizado también. Luego empezaron con el gas lacrimógeno. Alguien que estaba delante, al que un bote de gas lacrimógeno había golpeado en la cabeza, comenzó a retroceder rápidamente [...] Estábamos contra una verja enorme que la gente tenía que saltar, en lo alto de una empinada cuesta. La verja debía de tener casi dos metros de alto. La gente empezó a poner las manos en alto, pero la policía no paraba [...] No podíamos dejar de babear y toser [...] La policía comenzó a subir la cuesta y continuó hostigando a la gente que estaba todavía allí; iba golpeando y derribando a la gente. Arrastraba a la gente cuesta abajo y la obligaba a ponerse de rodillas; la ponía en fila, arrodillada, en la mediana de la autopista con las manos atadas con abrazaderas, y le quitaba las mascarillas y volvía a pulverizarla y a gasearla’”.

Luego el informe puntualiza que “también el 1 de junio, en Washington D.C., personal de seguridad de varios organismos federales, incluidas la Policía de Parques y la Oficina de Prisiones, así como personal de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, cometió una variedad de violaciones de derechos humanos contra manifestantes en el parque Lafayette”.

Añade que la mencionada fuerza estatal “entre otras cosas, hizo uso indebido de diversos agentes para el control multitudes y lanzó granadas de ‘bolas de picadura’, que contienen gas pimienta y producen al explotar un destello aturdidor a la vez que lanzan indiscriminadamente postas de goma en todas direcciones”.

“No solo en grandes ciudades”

“Pero las violaciones de derechos humanos no se cometieron sólo en grandes ciudades”, destaca a continuación el documento, y pasa a describir situaciones específicas también comprobadas y documentadas.

Por ejemplo, “la policía local utilizó injustificadamente gas lacrimógeno contra protestas pacíficas en Murfreesboro (Tennessee); Sioux Falls (Dakota del Sur) y Conway (Arkansas), entre otras localidades. En la ciudad de Iowa (Iowa), la policía disparó gas lacrimógeno y lanzó granadas paralizantes contra manifestantes que se habían puesto de rodillas y coreaban: ‘¡manos arriba, no disparen!”. 

Asimismo “en Huntington Beach (California), la policía disparó proyectiles de pimienta contra manifestantes que se habían tendido boca abajo en la calle. En Charlotte (Carolina del norte), la policía utilizó gas lacrimógeno para acorralar a manifestantes entre dos altos edificios y dispararles luego proyectiles de pimienta desde arriba”.

El detalle de casos agrega que “durante una protesta celebrada en Salt Lake City (Utah), la policía disparó en la espalda un proyectil de impacto de 37/40 mm a un hombre sin hogar al que tenía sujeto. En Fort Waynne (Indiana), un periodista local perdió un ojo al dispararle la policía una granada de gas lacrimógeno en la cara”.

Hasta ahora, nada

Una de los reclamos y al mismo tiempo recomendaciones que se expresan en el informe, señala que “para prevenir la impunidad y la repetición de los abusos, las autoridades estadounidenses deben investigar, enjuiciar y castigar el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía u otras entidades, y proporcionar reparaciones completas a las víctimas de tal violencia”. 

Sin embargo, Amnistía Internacional afirma que “hasta la fecha” de emisión de este informe, al comenzar el mes de agosto, “hay pocos indicios de que estas obligaciones se hayan tomado en serio en Estados Unidos”.

(Para más información, se puede acceder libremente al documento completo de Amnistía Internacional).