La reciente audiencia en Estados Unidos, en la que el comité (comisión) antimonopolios reunió en forma remota a las compañías gigantes a nivel mundial de las tecnologías de la comunicación y la información -Amazon, Apple, Google y Facebook-, dejó planteado el contraste con Argentina, donde existe una rotunda resistencia de las grandes empresas a ser controladas por las autoridades públicas.

Los congresistas de dicho comité llevan más de un año investigando los posibles daños que el enorme tamaño de los conglomerados empresariales puede hacer a los consumidores y a la competencia. Para interrogarlos, vía teleconferencia por las medidas de prevención contra el coronavirus, reunieron a cuatro de las personas más poderosas del planeta.

Así, este miércoles comparecieron los directores ejecutivos (CEO, “chief executive officer”) Jeff Bezos, de Amazon; Mark Zuckerberg, de Facebook; Sundar Pichai, de Google; y Tim Cook, de Apple. Enfrente estuvieron, durante más de cinco horas, parlamentarios tanto del Partido Demócrata (actualmente en la oposición) como del Republicado (gobernante, al cual pertenece Donald Trump).

El legislador demócrata David Cicilline, presidente del subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes, les dijo "ya sea privilegiándose a sí mismos, estableciendo precios predatorios o llevando a los usuarios a comprar productos adicionales, las plataformas dominantes han ejercido su poder de manera destructiva y perjudicial para expandirse"

Medios informativos internacionales reportaron que los cuatro híper-multimillonarios se mostraron apenas como agentes en un mercado “ultra competitivo y cambiante”, con un tono humilde y extremadamente respetuoso con los legisladores.

La audiencia marcó un hito en la larga investigación, que acumula docenas de entrevistas y cientos de miles de documentos, realizada por el poder legislativo de Estados Unidos sobre la posición en el mercado y las prácticas de compañías cuya envergadura y poder se ha multiplicado en los últimos años.

Cicilline, el mencionado representante (equivalente a “diputado” en Argentina), defendió la necesidad de poner límites al poder de las grandes tecnológicas. “Nuestros padres fundadores no se inclinaron ante un rey”, afirmó en su intervención inicial, y agregó: “Tampoco nosotros debemos inclinarnos ante los emperadores de la economía digital”.

Los congresistas que impugnan ciertas prácticas de las mencionadas grandes firmas sostienen que su desempeño en el mercado frena la innovación y reduce la competencia. Por eso se proponen determinar si el tremendo crecimiento de las cuatro compañías las ha colocado en posiciones ilegales de monopolio, suprimiendo la competencia.

Esos fenómenos de concentración, según las investigaciones de los congresistas, se producen en campos como las búsquedas en Internet (Google), la venta online (Amazon), la comercialización de aplicaciones para móviles (Apple) o la distribución de información (Facebook).

“Dicho de manera sencilla: tienen demasiado poder”, resumió Cicilline, y adelantó incluso que seguramente a los cuatro poderosos empresarios allí convocados no les gustarán las conclusiones del trabajo del grupo antimonopolio, que tienen previsto hacer públicas en los próximos meses.

Contraste con Argentina

La decisión política de los legisladores norteamericanos de investigar el comportamiento en el mercado de los gigantes tecnológicos, e incluso interrogar en el Congreso a varios de los más poderosos hipermillonarios del mundo, muestra que estos últimos deben aceptar algún grado de control por parte del Congreso.

La situación revela un nítido contraste con Argentina, país donde la derecha y los medios protegen los comportamientos habituales de las empresas que concentran la mayor riqueza cuando el Estado avanza con algún control o cuando se las expone con la fuga de capitales al exterior.

El fenómeno comenzó varias décadas atrás y hasta el momento el Estado ha sido impotente para impedirlo. Peor aún, durante la presidencia de Mauricio Macri la salida de dólares se potenció a niveles extremos, y en gran parte fueron dineros que el gobierno tomó prestados como deuda externa y ahora debe pagar el conjunto de la población. Según un informe del Banco Central, entre 2015 y 2019 se fugaron 86.000 millones de dólares. https://www.telam.com.ar/notas/202005/463956-deuda-fuga-de-capitales-banco-central.html

Asimismo, en nuestro país existe una total resistencia a que los poseedores de grandes fortunas realicen una contribución “por única vez”, de forma excepcional, para aportar recursos imprescindibles que requiere el Estado para afrontar algunas de las múltiples consecuencias negativas de la pandemia.

Otro ejemplo de la dificultad de los poderes públicos democráticos para controlar a grandes empresas, es el caso del Grupo Vicentin. A pesar de estar comprobados los desfalcos contra el Estado, los productores agropecuarios y los acreedores privados, no tuvo fuerza para imponerse el proyecto de expropiación que anunció el presidente Alberto Fernández.

La resistencia empresarial, judicial y de los medios de comunicación más influyentes resultaron un obstáculo que determinó un cambio de planes por parte del gobierno, el cual luego negoció -a través del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti- otro tipo de modelo de gestión para evitar el cierre de la empresa y el colapso de los puestos de trabajo, o la extranjerización a precio vil del grupo empresarial cerealero y oleaginoso.

Pero a última hora de ayer, se anunció que incluso esa alternativa para el caso Vicentin había fracasado. https://www.pagina12.com.ar/281919-vicentin-no-hubo-acuerdo-y-perotti-se-retira-de-la-negociaci Este caso es la comprobación más actual de lo que cuesta en Argentina exigirle a los grandes poderes empresariales un mínimo de respeto a la ley, y de disciplina productiva y fiscal.