El fin de los procesos democráticos en América Latina y el avance de la corrupción en los sistemas electorales de representación se consolidaron esta semana con la proscripción en Ecuador del partido fundado por el ex presidente Rafael Correa, y también en Bolivia, donde la dictadura cívico-militar avanza hacia una medida que impediría participar en los comicios al MAS (Movimiento al Socialismo) liderado por Evo Morales.

En ambos países están en plena ejecución los dispositivos de “guerra jurídica” (traducción posible del neologismo en inglés “lawfare”) contra las fuerzas y líderes que en la última década encabezaron procesos de democratización política, económica y social. Con diferencias menores, en lo sustancial las maniobras son similares a las que fueron perpetradas en los años recientes contra Lula Da Silva y Cristina Kirchner, entre otros. 

Las elecciones presidenciales en Ecuador se llevarán a cabo el 7 de febrero del próximo año, mientras que en Bolivia se harán, en principio, el 6 de setiembre próximo.

Correa recibió este lunes una nueva condena judicial, y además la autoridad electoral suspendió a su partido, denominado Fuerza Compromiso Social, que el ex mandatario había creado desde su exilio en Bélgica (país donde siendo estudió un posgrado y vivió, y del cual es oriunda su esposa). 

La sentencia establece ocho años de cárcel para quien fuera presidente ecuatoriano. El delito atribuido en este caso es el de “cohecho agravado” por supuestos sobornos ocurridos entre 2012 y 2016 en contratos de obras públicas. También fue condenado Jorge Glas, aliado de Correa y vicepresidente del actual mandatario Lenín Moreno, quien fue destituido y encarcelado pocos meses después de asumir en 2017.

El fallo fue confirmado por la Corte Nacional de Justicia pero existe una instancia superior, que es el Tribunal de Apelación, ante el cual acudirá el ex mandatario. Enterado de la decisión judicial, Correa publicó en Twitter que “aunque es difícil de creer, era de esperarse”, y que “’caso’ y ‘sentencia’ más ridículos no puede haber”.

“No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”, agregó el líder ecuatoriano. “Este será un caso que ya es parte de una de las páginas más obscuras de la historia de la Patria”, completó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador acató la instrucción de la Contraloría nacional que requería eliminar a Fuerza Compromiso Social de la lista de partidos autorizados para participar en las elecciones del año próximo.

Los pretextos fueron objeciones al proceso de recogida de firmas por supuestos “números de identidad duplicados, menores de edad e incluso ciudadanos que no están en el padrón”. Desde Revolución Ciudadana, que es el movimiento político fundado por Correa en la década pasada pero que no tiene estructura electoral y forma parte del partido ahora proscripto, denunciaron el “fraude”.

“Las ilegales presiones ejercidas contra los miembros del CNE por parte del gobierno central, la Fiscalía General y la Contraloría del Estado lograron que este organismo retroceda y revoque ocho decisiones anteriores (desde agosto de 2016 hasta ahora) en las que había aprobado y ratificado la vida jurídica de esta organización, que ha participado ya en tres eventos electorales”, afirmó una comunicado de Revolución Ciudadana.

Grupo de Puebla

Esta semana se pronunció el Grupo de Puebla, conformado en 2019 por referentes políticos de América Latina con perfil ideológico progresista y de centroizquierda. El foro lo integra incluso Alberto Fernández, quien formó parte desde antes de ser presidente de Argentina, pero por su función actual no firmó esta declaración. 

En cambio, entre una veintena de firmantes lo suscribieron entre otros Lula Da Silva y Dilma Rousseff, el colombiano Ernesto Samper, el paraguayo Fernando Lugo, el chileno Marco Enríquez Ominami y su padre, Carlos Ominami.

“El Grupo de Puebla denuncia y rechaza la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador de eliminar el registro electoral del Partido Fuerza Compromiso Social del cual forman parte los miembros del movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa”, expresa el pronunciamiento.

Tras denunciar “la presión indebida e inconstitucional por parte de la Contraloría del Estado que no forma parte de la función electoral y obedece instrucciones del presidente Lenín Moreno”, advierte que “este acto sienta un grave precedente regional al permitir que, a través de la proscripción electoral de la oposición se altere, de forma anticipada, la legítima expresión de la voluntad popular, esencia de la democracia”.

También hace “un cordial pero enérgico llamado” a los vocales del Consejo Nacional Electoral, de los cuales destaca que fueron “previamente amenazados de destitución”, y les solicitan “que recapaciten al decidir la apelación”, y “eviten así llevar la democracia de Ecuador por el camino de la arbitrariedad propio de las dictaduras militares de tan ingrata recordación”.

“En consecuencia, alertamos a la comunidad internacional sobre el grave peligro que esta situación plantea en el hoy difícil camino de sostener la continuidad democrática en el hemisferio”, concluye la declaración del Grupo de Puebla. 

Contra el MAS en Bolivia

Las maniobras para eliminar de la competencia electoral a fuerzas políticas populares se repiten en Bolivia, donde el régimen de facto instalado en noviembre del año pasado tras el golpe contra Evo Morales se apresta a prohibir la participación del MAS (Movimiento al Socialismo) liderado por el ex presidente derrocado.

En esa dirección, esta semana hicieron presentaciones jurídicas tres alianzas partidarias de derecha o centroderecha y una asociación de abogados con igual orientación ideológica, así como los llamados “movimientos cívicos” que agrupan a civiles derechistas y anti-indigenistas.

Uno de los argumentos es que Luis Arce, ex ministro de Economía de Morales y actual candidato presidencial del MAS, reveló datos de encuestas internas cuando una norma lo prohíbe. Dicha prohibición fue establecida por el propio gobierno de facto. Los estudios de intención de voto son todos favorables para el “masismo”

Las alianzas partidarias mencionadas son “Juntos”, “Creemos” y “Libre 21”, mientras que los abogados que realizaron el planteo están encabezados por el ex fiscal general Pedro Gareca. Cada sector por separado, efectuó denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo por la “difusión anticipada de encuestas”.

A su vez, en La Paz se reunió el denominado “movimiento cívico”, encabezado por el ultraderechista de Santa Cruz de la Sierra Luis Camacho, uno de los instigadores del golpe de noviembre pasado y relacionado con las bandas criminales que asolaron las ciudades bolivianas para preparar el clima golpista.

Tras las deliberaciones, los “cívicos” demandaron anular el proceso electoral vigente debido a la pandemia, y pidieron que se realice una nueva convocatoria cuando sea “seguro” desde el punto de vista sanitario.

También exigieron que avance el proceso penal por lo que llaman “fraude” de 2019, cuando Evo Morales ganó en primera vuelta antes de ser obligado a renunciar. Finalmente, reclamaron la anulación de la sigla del MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos), por haber infringido la norma de difusión de encuestas.