A pesar de ser dos de los países de América Latina que están en colapso sanitario debido a la tragedia del coronavirus, los gobiernos de Ecuador por un lado y de Bolivia por otro han anunciado elecciones para este año o principios del próximo, en procesos donde se evidencian maniobras para proscribir a candidatos opositores, realizar distintas formas de fraude y encarcelar dirigentes.

El gobierno ecuatoriano está al mando del presidente Lenín Moreno, quien perteneció al sector de su antecesor Rafael Correa y en representación de su espacio ganó los comicios de 2017, pero una vez que llegó al poder dio un giro radical y aplicó políticas neoliberales y pro-norteamericanas. En el Estado Plurinacional de Bolivia ejerce como presidenta de facto la senadora derechista Jeanine Áñez, designada por un grupo minoritario del Congreso tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019.

Según la fecha fijada oficialmente, en Ecuador las elecciones se realizarán el 21 de febrero de 2021. Este jueves, en conferencia de prensa vía remota desde Bélgica -donde reside-, Rafael Correa denunció que pretenden impedirle participar y para ello intentan proscribir la lista de su movimiento político Fuerza Compromiso Social.

El año pasado, la Contraloría recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) vigilar la situación legal del mencionado partido porque presuntamente no cumplía con el requisito de tener las firmas del 1,5 % del padrón electoral, y la semana pasada pidió su eliminación como fuerza política autorizada.

"Le están robando la democracia al pueblo ecuatoriano, como hicieron con Lula" en Brasil, afirmó el exjefe de Estado. Advirtió que América Latina vive "tiempos oscuros, tiempos de retroceso incluso civilizatorio", donde no rigen los valores y el Estado de Derecho sino que se usa el poder para atacar a adversarios.

Aclaró que por ley no podría postularse en la elección de febrero próximo a la presidencia, pero reafirmó su voluntad de participar. "Si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia", declaró Correa este jueves 25. 

El gobierno ecuatoriano y el Poder Judicial, en aplicación de la estrategia denominada “guerra jurídica” (traducción posible del neologismo inglés “lawfare”), tienen en marcha 31 juicios penales en contra del expresidente.

El pasado lunes 22, el partido Fuerza Compromiso Social por la Revolución había advertido sobre un posible "fraude electoral" para perjudicar a ese sector y en particular a Correa. Desde Argentina, la conducción institucional del justicialismo se pronunció en similar sentido. 

En un comunicado que firmaron el presidente del consejo nacional partidario, José Luis Gioja, y el responsable de Relaciones Internacionales, Jorge Taiana, se expresó el “repudio a la decisión antidemocrática del órgano de contralor del Estado ecuatoriano que intenta proscribir al partido 'Fuerza Compromiso Social' y a otras tres organizaciones políticas", afirmó un comunicado oficial del Partido Justicialista. 

Golpismo y elecciones en Bolivia

En Bolivia, el régimen de facto encabezado por Jeanine Áñez convocó a elecciones generales el 6 de septiembre próximo. Inicialmente estaban previstas para el pasado 3 de mayo pero fueron postergadas por la pandemia.

No podrá participar Evo Morales ni tampoco quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, los dos exiliados en Argentina. Además, dirigentes y militantes de la fuerza política que ambos lideran, el Movimiento al Socialismo (MAS), así como de organizaciones sociales aliadas, sufren encarcelamientos y persecución judicial.

Uno de los últimos episodios se registró el pasado martes, cuando decenas de policías de civil en vehículos sin placa arrestaron, sin ninguna orden judicial, a una candidata legislativa y a tres dirigentes y voluntario de la Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida de la Zona Sur de la ciudad de Cochabamba.

Los detenidos fueron la aspirante a senadora por el MAS Lucy Sara Escobar, junto con los dirigentes Remy Fernández y Osvaldo Gareca, quienes junto a otros voluntarios se aprestaban a trasladar insumos y ayuda humanitaria al trópico boliviano para hacer frente al coronavirus.

En la elección que ahora se anuncia para septiembre, debería renovarse la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir el Congreso integrado por las cámaras de senadores y de diputados donde los partidarios de Evo tienen amplia mayoría. A pesar del golpe contra Evo en noviembre pasado, el órgano legislativo no fue disuelto formalmente y tiene cierto peso político, aunque apenas puede funcionar.

Por eso, al tratarse de un ámbito institucional donde se mantiene una presencia opositora, el derrocado expresidente advirtió durante la semana sobre los intentos de dar “golpe de Estado” en contra de la Asamblea y de las organizaciones sociales contrarias al gobierno de facto.

“Reitero mi denuncia de que se planifica un nuevo golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa y organizaciones sociales y sindicales que no pudieron liquidar en noviembre (cuando fue perpetrado el golpe), y acusan al MAS de terrorista y a los movimientos de golpistas cuando somos de cultura de paz y elecciones”, aseguró Morales a través de sus redes sociales. 

En enero último, poco antes de que el coronavirus llegara a América Latina, en un congreso realizado en Buenos Aires debido al exilio de Morales, García Linera y otros dirigentes de líneas intermedias, fue designado el candidato presidencial del MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, tal su nombre oficial). 

El elegido fue Luis Arce Catacora, exministro de Economía en el gobierno de Evo. En aquel momento la perspectiva era que los comicios se realizaran en mayo. Suspendidos posteriormente por la pandemia, ahora la fecha fijada es en septiembre pero todo sujeto a la evolución de la crisis sanitaria y de la inestabilidad política.

Desde que es candidato, el ex conductor de la política económica frecuentemente llamada “milagro boliviano” ha estado condicionado de múltiples formas para realizar actividades políticas en su país, debido a la persecución del régimen de facto contra dirigentes y militantes de su espacio y contra él mismo.

En ese marco, días atrás sufrió la cláusula de su cuenta de Twitter, a lo cual calificó como “un sabotaje”. Los tuits resultan un instrumento de gran valor para comunicarse con la sociedad mientras existen restricciones por motivos sanitarios que agravan el hostigamiento político.

Producido el hecho el lunes 22, el postulante presidencial denunció “una guerra sucia, una guerra de quienes tienen recursos para poder hacer ese tipo de cosas, mandar troles (personas con identidad desconocida) para que te descertifiquen una cuenta, todo ese tipo de labores se las hace con una tecnología y con recursos económicos”, dijo Arce Catacora en una nota entregada a la prensa.