Una misión internacional que trabajó en Chile, integrada por representantes de organizaciones de derechos humanos de diez países, constató “gravísimos casos de tortura”, incluida la “violencia sexual”, durante las detenciones de manifestantes. Además, comprobó que las fuerzas de seguridad utilizaron “los elementos de disuasión de forma descontrolada, no gradual e indiscriminada”, por lo cual provocaron más de 200 lesiones oculares.

“De las reuniones con las organizaciones y autoridades públicas, así como de los testimonios directos que hemos escuchado, al momento de la detención, durante el traslado en el furgón policial y en la comisaría, se han verificado malos tratos y gravísimos casos de tortura”, indicaron en un informe recientemente publicado.

Los veedores internacionales fueron Enrique Font, de la Organización Mundial contra la Tortura; Ivi Oliveira, de Front Line Defenders; Nora Cortiñas, de Madres Plaza de Mayo; Andrés López del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Ayelen Beigbeder de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Christina Ayala, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL, con sede en Canadá); Christine Keith, de la Global Alliance for Incinerator Alternatives; Camila Marques y Denise Mora, de Articulo 19 (organización de Brasil); Miriam Liempe, de la CTA-Autónoma (Argentina); y Yaizha Campanario, de la asociación Perú Equidad. 

El informe, elaborado durante los siete días que el grupo estuvo en distintas regiones de Chile, fue presentado y entregado a los integrantes de la Corte Suprema de ese país en una reunión realizada esta semana, así como a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y el Senado.

Los observadores internacionales advirtieron por las torturas “relacionadas con violencia sexual” que implicaron, por ejemplo, casos de “violación sexual realizada con objetos como armas o lumas, infligidas a hombres, mujeres e incluso menores”, así como “desnudamientos prolongados acompañados de sentadillas”.

También constataron golpes, rodillazos o puntapiés; “distintas formas de neutralización física e incluso ahorcamientos” que derivaron en pérdida de conciencia; “uso prolongado de esposas en diversas posiciones, torsiones de extremidades superiores, y uso de gas irritante; privación de agua y comida; y exposición a temperaturas frías con muchos de los detenidos llegando mojados sin posibilidad de cambiarse de ropa”.

Personas fallecidos y heridas

De acuerdo al relevamiento realizado y tomando información oficial, hasta la elaboración del documento habían “fallecido” cinco personas por la acción de militares y de carabineros; además 1.233 personas resultaron heridas, de las cuales 658 presentaban lesiones por armas de fuego; y 3.712 personas habían sido detenidas.

“Por testimonios y por observación de primera mano, vemos que las fuerzas de seguridad utilizan los elementos de disuasión de forma descontrolada, no gradual e indiscriminada”, remarcaron los observadores en el informe.

Destacaron que a pesar de que “el protocolo aprobado en marzo de 2019 reguló” la utilización de los distintos elementos de fuerza por parte de los carabineros, “en la práctica, los principios de última ratio (“última instancia”), proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, están completamente ausentes en el accionar de la fuerza policial y de seguridad”. 

Sostuvieron asimismo que los carabineros hicieron uso de armas con “la intención de herir y castigar a los manifestantes” y no cumplieron con las normas “mínimas de gradualidad y proporcionalidad” en el uso de esas armas.

El trabajo puntualiza que “más de 200 personas han sido víctimas de trauma ocular severo quedando en condiciones de discapacidad visual de por vida”, hecho que es consecuencia de que “Carabineros utiliza las escopetas antidisturbios sin apego al protocolo hoy vigente, que solo lo permite como último recurso para proteger la integridad física de terceros o de las fuerzas de orden público”.

El motivo de que haya tantas víctimas de lesiones oculares se debe a que los carabineros están apuntando “de forma horizontal, a la cabeza y torso de los manifestantes”, en lugar de disparar hacia las piernas como indica el protocolo, lo cual significa que el personal armado “no cumple con ninguna norma del uso racional de la fuerza”.

Detenidos y “revictimización”

En cuanto a las detenciones realizadas por la policía chilena, la misión internacional afirmó que fueron “completamente indiscriminadas, deteniendo a personas que se encuentran expresándose pacíficamente y no necesariamente a quienes realizan actos de violencia”. Agregó que muchas veces los apresamientos ocurren “luego de finalizadas las protestas y mediante persecuciones por las calles a la gente que está volviendo a sus casas”.

Además, una vez detenidos no tienen asegurada “la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad”, remarca el trabajo de los veedores de derechos humanos.

“De igual forma, no se aseguran las condiciones mínimas para que las personas heridas puedan constatar lesiones de manera confidencial con el personal médico, ni que se apliquen los protocolos internacionales para detectar casos de tortura y malos tratos”, agrega el informe, y luego explica que “las personas detenidas no tienen acceso a una asesoría legal en las primeras horas de la detención”.

También constataron sesgos racistas, homofóbicos y misóginos que se manifestaron que “amenazas de deportación a los migrantes, de violación, de muerte, así como insultos”.

En el caso particular de los mapuches, la misión identificó “patrones de represión y criminalización de sus actividades que ahora son aplicadas a la sociedad chilena en su conjunto en el marco de las manifestaciones actuales”. 

“Contamos con información sólida y consistente sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de miembros del pueblo mapuche al momento de su detención”, aclaró la misión internacional en el documento, y resaltó que de esta manera “se revictimiza a las familias mapuche que han sufrido torturas, amedrentamientos, incluso aquellas que fueron heridas de forma irreparable o tienen familiares fallecidos en contextos poco claros”.