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La violencia de las fuerzas represivas que responden al gobierno de facto instalado en Bolivia tras el golpe de Estado, se agravó ayer y tuvo como resultado una masacre en las que murieron al menos siete personas. Ocurrió en la localidad de Sacaba, departamento (provincia) de Cochabamba, cuando miles de manifestantes expresaban su rechazo a los golpistas y su apoyo al destituido presidente Evo Morales.
Primero se supo que habían muerto cinco personas, a última hora de ayer (15/11) se confirmó que había dos más, y algunas versiones señalan que el número de víctimas podría ser mayor. El municipio integra la provincia de Chapare (“provincia” en Bolivia es parte de un departamento). Es una zona de producción de coca y lugar de origen político del líder derrocado del gobierno.
Los manifestantes, en su gran mayoría cocaleros -productores de esa hoja- protestaban contra el gobierno de facto que encabeza la senadora derechista y racista Jeanine Áñez. La represión se produjo cuando intentaron traspasar el cordón dispuesto en el puente Huayllani, en los ingresos a la ciudad de Cochabamba, capital del departamento del mismo nombre y cuyo centro está a unos 10 kilómetros de Sacaba.
El Defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, confirmó a medios locales que los “los muertos todos son producto de armas de fuego", aseguró. La Policía local fue parte del golpe y su comandante Jaime Zurita dijo ayer después de la represión que había al menos 300 detenidos.
La Defensoría del Pueblo nacional informó que tras la represión registró una treintena de personas heridas. Además, recordó al gobierno de facto que pese a anunciar que buscaría la pacificación del país, "hoy el pueblo boliviano debe lamentar cinco muertes que se suman a las 13 contabilizadas por la institución durante este conflicto". (Como se informa en esta nota, a última hora se agregaron otras dos).
Morales y la CIDH
Minutos después de conocerse la noticia, desde su asilo en México y a través de las redes sociales, Evo denunció "ante el mundo" que “el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las FFAA y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho. Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba", afirmó.
De inmediato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió contra "el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cochabamba", e instó al Estado boliviano a asegurar "el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente". El organismo internacional recordó que “las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales".
“Grupos subversivos"
Por la mañana, la presidenta de facto Jeanine Áñez anticipó que implementaría "medidas constitucionales" para frenar a supuestos "grupos subversivos armados", conformados por extranjeros y connacionales "de algunas regiones en conflicto".
"Este gobierno transitorio tiene como labor principal la de pacificar a nuestro país", señaló la autoproclamada mandataria interina desde el Palacio de Gobierno, en La Paz.
Por otra parte, miles de seguidores que rechazan el golpe volvieron a manifestarse en las calles de varias ciudades bolivianas. Ante ello, el régimen golpista ordenó el accionar conjunto de la Policía y las fuerzas militares para impedir las protestas en favor del líder indígena derrocado.
En la Plaza Mayor de San Francisco, zona céntrica de la capital, en distintos momentos se juntaron grandes grupos de manifestantes y en todos los casos la Policía usó agentes químicos para reprimir.
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