La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de confirmar la sentencia que frenó los aumentos en la tarifa de gas.

El dictamen de la procuradora pone el acento en que la falta de audiencia pública para llevar a cabo la medida restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.

Gils Carbó señala que, si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, el control judicial debe garantizar que su implementación se realice de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar derechos humanos y fundamentales vinculados a la accesibilidad al gas.

El dictamen de la procuradora no es vinculante. Ahora deberá definir sobre el controvertido aumento la Corte Suprema de Justicia.