El ministro de Energía, Juan José Aranguren, intentó responder el vendaval de preguntas de la oposición parlamentaria que cuestionó el tarifazo en los servicios públicos esenciales como agua, luz y gas, pero no pudo explicar cuál es el plan energético del gobierno, ni el criterio con que su cartera construyó un cuadro tarifario que elevó las facturas a los usuarios a más de 1600 por ciento.

Aranguren defendió el tarifazo en la “pesada herencia” del kirchnerismo, dejó en claro que la política oficial es que la disputa por las tarifas debe resolverla la Corte Suprema –a la que el gobierno de Mauricio Macri presiona– aunque dijo que existía un “plan B” sin dar precisiones, insistió en que el ajuste tarifario ha sido “gradualista” y propuso que con la “revisión integral tarifaria” que se haría en octubre se terminaría de definir la política energética, con otro golpe “gradual” a los bolsillos de los usuarios.

El empresario volvió a afirmar que “no existe incompatibilidad” entre su cargo de ministro de Energía ser accionista –con acciones en el exterior– y ex CEO de la petrolera Shell y que, en todo caso, está sometido a la justicia. “A mí me puso y me saca el Presidente. No tengo que renunciar absolutamente a nada”, respondió ante los duros cuestionamientos sobre su gestión.

Desde la oposición calificaron el tarifazo de “confiscatorio” y “extorsivo”, una medida que implica “una enorme transferencia de recursos económicos a las empresas petroleras” que pagan los usuarios, que lleva a la desesperación a la población más desprotegida, ahoga a las pymes y destruye la industria. Volvieron a insistir en la necesidad de derogar por ley los decretos tarifarios para que se fijen tarifas “razonables” y que los usuarios no deban cargar además con el costo de los aumentos con retroactividad. Además de apuntar contra el ministro y los titulares de los entes reguladores ENRE y Enargas por provenir de las empresas beneficiadas con la política energética del macrismo.

(Fuente: Página 12)