El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la prórroga por cuatro años de la ley de emergencia de la posesión de la propiedad comunitaria indígena, y próximamente el proyecto debe ser considerado por la Cámara de Diputados. En caso de ser sancionado, seguirá vigente hasta noviembre de 2021 la ley 26160, que asegura que no habrá desalojos mientras se realice el relevamiento de territorios habitados por pueblos originarios en todo el país.

Esa norma comenzó se aprobó en el año 2006, y como cláusulas fundamentales ordena suspender los desalojos durante el plazo que dure la emergencia, al tiempo que dispone la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación del dominio de las tierras habitadas por las comunidades indígenas.

El vencimiento de la ley estaba establecido en noviembre próximo, y hubo cruces políticos previos  y un fuerte reclamo de los pueblos originarios para que se apruebe una prórroga de su vigencia, debido a que hasta la fecha no han sido relevados, aproximadamente, la mitad de los territorios.

La deliberación legislativa tiene lugar cuando faltan pocos días para cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, lo cual ocurrirá el próximo domingo. Ambas temáticas se entremezclaron en la discusión, y la norma fue aprobada y girada a Diputados para ser tratada en las próximas semanas.

Mientras en el recinto se producía el debate, en las afueras del Congreso se concentraron agrupaciones de izquierda y referentes de distintas comunidades aborígenes, como mapuches, wichís y diaguitas, entre otros. Entre los reclamos por la prórroga de la ley, se escucharon también pedidos por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La discusión en el recinto de la Cámara alta durante la jornada de ayer se centró en torno a cuánto debía el plazo durante el cual se prorrogaría la ley 26160. El proyecto del oficialismo pretendía que fuera por dos años y medio, mientras que el conjunto de la oposición proponía el doble. 

El gobierno intentó imponer una disminución del periodo de la vigencia de la prórroga con el argumento de que el Poder Ejecutivo está en condiciones de finalizar los relevamientos catastrales y de pueblos, y crear un organismo que atañe a la temática, junto a los Ejecutivos de las provincias.

Finalmente, la extensión por cuatro años de la legislación vigente fue acompañada por unanimidad, con un total de 62 votos afirmativos.

Pichetto

El presidente de la bancada del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, sostuvo que “este debate hace al reconocimiento de derechos de las comunidades originarias, pero hay que repensar la cuestión de la soberanía, el proyecto de país, y el imperio de la ley sobre los actos de violencia”.

En línea con sus recientes declaraciones, el legislador por Río Negro aprovecho el tema en discusión y añadió que “no se puede tolerar a grupos violentos, que vengan a generar hechos de violencia, quemando refugios y edificios y generando espacios de violencia y afectación de turistas”, al tiempo que advirtió que “sabemos que hay una gran mayoría de los pueblos que no está de acuerdo con la RAM”.

“Es fundamental esclarecer qué paso con Maldonado”, continuó, “y quiero aclarar que no creo de ninguna manera en que hay una dictadura”, dijo Pichetto. Luego, en una polémica comparación, reivindicó las medidas adoptadas por el Estado de la Araucanía, en Chile, donde el ejército tomó el control de “las tierras sagradas” mapuches. “La Argentina tiene que dejar de ser ingenua en algunas cuestiones”, sentenció el senador.

“Para mí no hay tierra sagrada en la Argentina. Era más importante entrar a ese territorio ya que Maldonado podría haber estado herido, o podría haber estado allí” sostuvo el senador, quien insistió con que “no es tolerable, desde la lógica constitucional, la idea de territorios sagrados en la Argentina”.

“De ninguna manera el Estado puede tolerar que haya un espacio de la superficie argentina donde un juez, donde algún periodista, o donde los propios ciudadanos no puedan ingresar”, dijo el titular del bloque mayoritario.

Otra representante rionegrina, la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) sostuvo durante el debate que “sin prórroga muchas comunidades indígenas serán despojadas de sus territorios, y más del 65% quedarán vulnerables”.

Desde el oficialismo, y en el intento de despejar algunas dudas planteadas sobre los vaivenes del Ejecutivo y de la alianza Cambiemos en relación con el tema, el chaqueño Angel Rozas remarcó que “todos los sectores políticos estamos a favor de votar la prórroga de esta ley.  Pero debemos hacernos cargo como argentinos que las políticas indigenistas han fracasado”, sostuvo el senador, quien esta semana renunció a la presidencia del interbloque Cambiemos.

“Si hay tierras de los aborígenes es necesario y responsabilidad de este Senado y de cada gobierno que no haya blancos que se aviven”, dijo Rozas, y también sostuvo que “si hay tierras estratégicas que no son tradicionalmente aborígenes, que los ‘pseudo-indígenas’ tampoco se aviven”, expresó el senador radical por Chaco.

Ganaron los indígenas