“Lo que venimos denunciando es un plan sistemático de privatizar las tierras públicas, en la ciudad de Buenos Aires que inició el Pro al asumir, y en estos nueve años ha realizado la privatización más grande de la historia de la ciudad, donde se han privatizado casi 300 hectáreas”, describió Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una asociación civil de la capital federal.

Baldiviezo agregó que denuncian “que esta política de privatización, que es muy superior a lo que pasó en los ‘90, ahora Macri la está extendiendo a toda la Nación y encontró, o está buscando, herramientas jurídicas para llevar la privatización adelante sin pasar por el Congreso Nacional”.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que funciona como una red de profesionales que realizan un seguimiento de políticas urbanas, aclaran que el 4 de abril de 2017, “el presidente Mauricio Macri dictó el quinto decreto autorizando la venta de tierras públicas a lo largo del todo el país”.

“Lo que está haciendo es no dar ningún tipo de intervención al Congreso, está basándose en el decreto ley 22.423 de la dictadura que en su momento dictó Videla, por el que había delegado la facultad del Congreso en el poder Ejecutivo para disponer de la venta de tierras públicas”, señaló Baldiviezo a .

El inconveniente es que este decreto dejó de estar vigente en 2010, luego de que en el año 1994, cuando se modificó la Constitución Nacional, establecieran una prórroga de 5 años y luego de 11 años más.

“A partir de allí el Congreso reasume esas facultades de ser el único órgano competente para autorizar la venta de tierras públicas a nivel nacional”, destacó el presidente del observatorio y agregó que “Macri está tomando esa ley que ya no se encuentra vigente”.

En diciembre de 2016, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 19, dictó sentencia ordenando la suspensión de la subasta pública 2/2016 con relación a la sede del Instituto Antártico Argentino, donde la jueza declaró que la ley 22.423 no se encuentra vigente y que el presidente Macri no tiene facultades para vender inmuebles de la Nación sin autorización del Congreso.

Baldiviezo explicó que “la jueza coincidió con la interpretación de que esa ley no estaba vigente y de que el poder Ejecutivo no tiene la facultad de vender tierras públicas sin la previa autorización del Congreso; y todavía está frenada la subasta”.

Desde el observatorio aclaran que “en el último decreto 255/2017, el presidente Macri delega en el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, la autorización para vender inmuebles que no superen los 100  millones de pesos”, y alegan que “esto es en virtud de que el presidente tiene dos denuncias penales”, realizadas por el mismo observatorio e Izquierda Popular, por permitir la venta de tierras nacionales sin autorización del Congreso.

El blanqueo de capitales

“Hay toda una colaboración estatal a través de leyes y medidas del Ejecutivo para que se hagan negocios con la tierra pública”, argumentó Baldiviezo y destacó que “vemos que el Congreso dictó la ley de blanqueo de capitales y esa ley determinaba que las personas que blanqueen capitales tenían que pagar un impuesto; y ese impuesto no lo debían pagar aquellos que crearan fondos de inversión para negocios inmobiliarios, lo que constituye un blanqueo gratuito”.

De esta manera, como consigna el diario Página 12 en diciembre de 2016 “los fondos de inversión Axis y Pegasus, de los que fueron CEOs el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, respectivamente, constituyeron el pasado 24 de octubre el Fondo Común de Inversión Cerrado Axis-Pegasus I”, que “les permitirá a los familiares que quedaron a cargo de las compañías blanquear dinero no declarado y dedicarlo a inversiones inmobiliarias sin abonar el canon del 10 % por la exteriorización”.

Baldiviezo indicó que los fondos que se crearon “van a ser destinados a hacer estos emprendimientos inmobiliarios en las tierras que el gobierno está poniendo a la venta para estos negocios; el suelo lo pone el Estado nacional sin cobrar los impuestos, entregando un suelo muy valioso y sin fijar qué se debería construir en esos terrenos”.

“Se premia a los que ocultaron su capital al gobierno, no se les cobra impuestos y se les permite blanquear”, aseguró el presidente del observatorio y agregó que “vemos todo un artilugio y un esquema jurídico y político orientado a favorecer empresarios inmobiliarios muy relacionados con el presidente de la Nación”.