Un trabajo del Centro de Estudios Patagonia (CEP) analiza el nuevo escenario en la economía del país y de la Patagonia por la abrupta devaluación y el ajuste de "shock" impuesto por el gobierno de Cambiemos, sobre todo en el precio de los combustibles y las tarifas de gas y electricidad.

El CEP es un instituto dirigido por el diputado nacional Martín Doñate y cuya coordinación general está a cargo de Celeste Ratto.

El trabajo fue elaborado por el economista Claudio Scaletta, que es coordinador del área Economía y Desarrollo Regional del CEP.

La investigación  resulta de interés para reconsiderar los diagnósticos y analizar el impacto que puede causar la decisión del gobierno de Macri en la población.

A continuación compartimos parte del trabajo realizado y publicado hace unos días.

En su momento los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y a los combustibles fueron aplicados para cumplir funciones múltiples.

La primera fue establecer un mecanismo de redistribución de la renta petrolera, la segunda mejorar la competitividad de las empresas de todos los tamaños en tanto los servicios y el combustible son parte de su estructura de costos, y la tercera aportar un ingreso extra salarial para liberar recursos hacia el consumo.

La perspectiva que considera a estas transferencias como un problema estrictamente fiscal y no de política económica opta por dejar de lado su efecto multiplicador sobre el consumo y los costos y, por lo tanto, sobre el nivel de la actividad económica.

Algunos sectores, como el agropecuario, descubrieron tardíamente como los nuevos costos emergentes de la eliminación de los subsidios restaron buena parte de las transferencias recibidas por otras ventanillas, como las mejoras arancelarias y cambiarias. Sin embargo, este no fue el caso del conjunto de la población que no recibió transferencias a favor, pero sí los incrementos tarifarios desmedidos.

Un primer camino de análisis puede ser considerar las subas tarifarias desde la propia lógica del oficialismo. Como se dijo, uno de los objetivos, compartido incluso por una parte de la actual oposición, fue corregir valores tarifarios que habían quedado por detrás de la inflación y, especialmente, reducir el déficit presupuestario. En otras palabras, que los consumidores paguen lo que antes aportaba el Estado. La acción no estaba exenta de riesgos.

La consultora FIEL, que cuenta entre sus filas con reconocidos especialistas en materia tarifaría, realizó en 2015 un trabajo sobre el impacto de la quita de subsidios en el que advirtió sobre dos problemas centrales que hoy son un hecho: Primero: el fuerte impacto inflacionario de la suba de tarifas y, segundo, el impacto fiscal negativo que resultaría de combinar el ajuste de tarifas con una fuerte devaluación de la moneda.

El primer problema es el más evidente. Si aumentan las tarifas, aumentan los costos y los precios. El segundo necesita algo más de detalle. Los combustibles son también insumos de la generación eléctrica. Como una parte de estos combustibles son importados, la devaluación impacta también en los costos de la generación disparando una nueva ronda de aumentos y, lo que es peor, licuando los efectos presupuestarios positivos de las subas eléctricas, lo que lleva a prever la continuidad de los ajustes de las tarifas de electricidad.

La suma de estos dos problemas, advertía FIEL ya en abril de 2015, podía tener consecuencias contrarias a las buscadas: La devaluación y la fuerte inflación podían provocar una contracción de la economía agravando la situación fiscal que se buscaba solucionar y obligando a nuevas rondas de ajustes del gasto. La recomendación de política caía por su propio peso: manejar con muchísimo cuidado la corrección de precios relativos muy sensibles para el funcionamiento de los agregados económicos.

La cita del documento de FIEL no es neutral. Se trata de una consultora ultra neoliberal en cuyas filas no existen simpatizantes de los subsidios. Por eso la cita sirve para poner en primer plano la cuestión estrictamente técnica sobre problemas graves que ya suceden y que fueron advertidos por economistas que no están precisamente en la vereda de enfrente de la actual administración.

Las advertencias, sin embargo, no fueron escuchadas. Muy por el contrario, el oficialismo optó por correcciones violentas sin tener en cuenta los efectos interrelacionados de sus decisiones. La devaluación de la moneda del 40 por ciento con la excusa de salir del esquema de las restricciones cambiarias y mejorar la competitividad de la economía, fue seguida casi inmediatamente por las correcciones tarifarias hasta puntos que superaron todas las previsiones anteriores al cambio de gobierno.

Los números muestran que, a partir del cambio de los precios mayoristas de la electricidad y la mejora en la retribución a la distribución, las tarifas eléctricas se incrementaron violentamente. En la región las subas fueron de entre 160 y 180 por ciento.

Los sectores productivos elevaron algunas quejas, pero el verdadero problema llegaría con las facturas de gas. El último día de marzo el Ministerio de Energía y Minería, conducido bajo la nueva administración por un hombre del riñón privado sectorial, el ex CEO de la importadora y refinadora Shell, Juan José Aranguren, dispuso el aumento de los precios del gas en boca de pozo y la paralela modificación de los marcos tarifarios de las distribuidoras.

El promedio de incremento de la factura de gas natural en el segmento residencial fue del 200 por ciento para la mayoría de las regiones del país, pero en la Patagonia, donde también se eliminó el subsidio zonal, el nuevo promedio fue inicialmente del 540 por ciento. La peor parte la llevaron los comercios e industrias.

Mientras el impacto promedio fue del 700 por ciento para el conjunto del país, pero la Patagonia alcanzó al 1250. Los patagónicos no necesitan que les expliquen cual es el peso de la demanda de gas en sus vidas cotidianas.

Una de las características centrales de la política económica del nuevo gobierno fue su estrategia de shock. Lo hizo primero con la devaluación de la moneda, luego con la suba de las tasas de interés y finalmente con la suba indiscriminada de las tarifas de los servicios públicos, con extremo en el gas patagónico.

Sin embargo, contra su propio discurso, las razones de los aumentos del gas no fueron las necesidades presupuestarias, sino que, fiel al credo que representa el nuevo ministro, se priorizó la recomposición de las ganancias petroleras.

El camino principal fue la más que duplicación del precio del gas en boca de pozo, una medida que necesita contextualizarse. La política energética de la pasada década presentó distintas etapas, pero entre el control estatal de tiempos de la vieja YPF y el mercado desregulado que tuvo como hito la venta de la empresa estatal al capital español, puede definírsela como un “modelo mixto”.

Sin presentar aquí una reseña completa, el modelo significó básicamente separar los precios internos de los internacionales con el triple objetivo ya señalado para los subsidios: redistribuir la renta petrolera en tiempos de precios muy elevados (con el barril de crudo que llegó a superar holgadamente los 100 dólares y con un pico de burbuja de 146 para el WTI en 2008), mejorar la competitividad interna del conjunto de la actividad económica vía menores costos de los insumos energéticos a través de las tarifas comerciales e industriales y complementar el ingreso real de los asalariados vía tarifas residenciales.

El gobierno de la Alianza PRO justificó este cambio en la dirección de las transferencias con el argumento de incentivar la inversión.

Dado el serio riesgo económico y social de los ajustes tarifarios resulta indispensable preguntarse por las razones del Poder Ejecutivo nacional para aplicar el shock. Existieron motivaciones políticas e ideológicas explícitas. Las primeras se basaron en la preferencia por aplicar las medidas más antipáticas rápido para cosechar los presuntos beneficios cuando llegue el momento de volver a votar en 2017. Las segundas son la creencia de que cuanto antes “se corrijan los precios relativos”, también antes llegará la reactivación, siempre presunta.

Dados los efectos económicos reseñados en materia de inflación e imposibilidad tácita de corrección del déficit, cabe preguntarse si no existía la posibilidad de hacer las cosas de otra manera.