El ministro de Defensa, Luis Petri, despidió a diez de los trece trabajadores que integraban los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las fuerzas armadas y que jugaron un papel clave en la investigación de los crímenes de la última dictadura cívico militar.

La Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional y la Junta Interna del sindicato en el ministerio de Defensa lanzaron un comunicado denunciando el desmantelamiento y cierre de programas cruciales dentro de la cartera. La decisión de desmantelar el área provino –según el gremio– de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares.

Pasqualini fue jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri.

La decisión de desmantelar el área generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina.

Desde el Congreso nacional, el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) el diputado Hugo Yasky sostuvo que "Destruir la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa es una variante de negacionismo que pone en peligro décadas de fortalecimiento del carácter democrático de las Fuerzas Armadas".

La legisladora Myriam Bregman, por su parte, sostuvo: "Nuestra exigencia es la contraria a la decisión que toma Petri: que se le dé máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión".

La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización de los archivos.

Ver enlace: Comunicado sobre la destrucción de la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa