Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, afirmó que el proyecto que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para autorizar que la empresa IRSA construya torres en la costanera porteña “va a destruir un humedal” y además está “violando normas constitucionales, normas de la planificación urbana de la ciudad y tratados internacionales”.

“Es un contrasentido social y ambiental, es un delirio urbanístico lo que quieren hacer, pero los dólares siguen teniendo más peso para las clases políticas que nos gobiernan”, consideró Baldiviezo en diálogo con .

El abogado planteó que “tenemos una crisis climática, la ciudad de Buenos Aires ha aumentado un grado su temperatura en estas últimas décadas, no hay espacios verdes; destruir un humedal en este contexto para construir torres donde no va a vivir nadie, que van a generar una huella de carbono gigantesca, para algo que no va a tener ninguna finalidad social, ni ambiental es un contrasentido”.

El proyecto que se aprobó en primera lectura en la Legislatura porteña el 19 de agosto autoriza al gobierno a otorgarle a IRSA la posibilidad de construir decenas de torres de 145 metros de altura en 900 mil metros cuadrados que van a destinarse a viviendas suntuosas pero también a comercios, shoppings y hoteles en un total de 24 hectáreas.

Baldiviezo explicó que “hay dos tipos de violaciones a la Constitución”; por un lado porque la carta magna establece que “la costanera tiene que ser pública, tiene que estar destinada a grandes parques; en este caso a una reserva ecológica”. Y agregó que en el caso de IRSA, donde “las tierras fueron privatizadas en décadas anteriores, se tienen que recuperar, tienen que volver a manos del Estado para el uso común de la ciudadanía porteña”.

“Al seguir votando la construcción de torres en este predio lo que está haciendo es consolidando la privatización de décadas anteriores, al otorgar una capacidad constructiva que ese predio no tiene, estaba destinado a una ciudad deportiva con edificios a lo sumo de 12 metros de altura y ahora quieren construir torres de 145 metros de altura; lo que va a generar un incremento del valor del suelo que luego va a ser imposible para el Estado poder expropiar”, amplió el especialista.

La magnitud del negocio queda evidenciada con los números que manejan, porque el grupo inmobiliario compró los terrenos a 51 millones de dólares y con la aprobación del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo, por lo que el “negocio neto del Grupo IRSA” será “de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares”.

La otra violación de “normativas constitucionales”, tiene que ver con “cómo se tienen que debatir democráticamente estos proyectos” ya que “el Plan Urbano Ambiental ordenaba que en forma previa a la firma del convenio en el ámbito del Ejecutivo se tenía que convocar a una audiencia pública, se tenía que hacer una evaluación de impacto ambiental”, cosas que no se hicieron.

Para el referente del Observatorio, el proyecto votado también viola “el acuerdo de Escazú, que fue ratificado por el Congreso el año pasado, y que establece que la etapa de participación ciudadana se debe dar al inicio, no al final, y es un tratado internacional que viene a regular a reconocer y a profundizar la democracia ambiental y participativa”.

El último aspecto por el cual critican esta votación, que tuvo 36 votos a favor y 19 en contra, tiene que ver con que la Constitución “establece una mayoría de dos tercios para votar este proyecto y como no tienen esa mayoría decidieron reinterpretarla a su manera y votar con mayoría”.

“Tiene múltiples inconstitucionalidades, a cada paso que va avanzando este proyecto va violando normas constitucionales, normas de la planificación urbana de la ciudad, tratados internacionales; lo cual hace que la expectativa que tenemos es que la justicia intervenga en este procedimiento”, explicó Baldiviezo.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad confirmaron que van a realizar una presentación judicial en función de todas las inconstitucionalidades que tiene el proyecto.

Nordelta, los carpinchos y Neuquén

Baldiviezo realizó una comparación de este proyecto con lo ocurrido en Nordelta con los carpinchos y aseguró que tiene “la misma lógica”.

“Van a destruir un humedal para construir estas torres, es similar al tema de los carpinchos y Nordelta, donde Constantini compró un humedal para construir, compró barato, le dieron los permisos y ganó muchísimo dinero”, explicó el abogado.

Y agregó que “la empresa IRSA también compró un humedal, y lo que están pidiendo es el cambio de normativa para destruir ese humedal y construir torres”.

En Neuquén hay un proyecto similar del oficialismo que intenta modificar la ordenanza que regula el uso del suelo en la Isla 132, para avanzar en negocios inmobiliarios a orillas del río Limay pero que fue frenado por la oposición y la resistencia llevada adelante por organizaciones ambientalistas, sociales y representantes de la Universidad Nacional del Comahue que rechazan la propuesta.