Trabajadores del Estado y sindicalistas se sumaron al reclamo para revisar y derogar el decreto 949 firmado por el ministro de Transporte Mario Meoni, que ordena la licitación de la concesión de la Hidrovía del Paraná y que deja afuera a la empresa estatal creada en agosto del año pasado para intervenir en el control de las vías navegables donde reina la evasión fiscal y el contrabando.

“En abril vence la concesión sobre la hidrovía y por lo tanto esto nos da a los argentinos y a este gobierno la posibilidad de recuperar la capacidad de intervención soberana sobre la hidrovía y sobre la administración de los puertos de todo el Paraná, para no seguir dependiendo de la salida exclusivamente al puerto de Montevideo”, explicó a Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional.

El gremialista sostuvo que la empresa estatal “permitiría que se controle la navegación, se administre el pago del peaje y se controle el contrabando y todas las formas irregulares o ilegales de fluido de navegación”.

Y agregó que “de acuerdo a un estudio, con lo que se elude y se va por vía del contrabando y del no pago de impuestos que hacen unos tránsfugas del sector privado que administran empresas transnacionales, con lo recaudado de lo que se va por contrabando y evasión fiscal se podría pagar la deuda externa”.

Además, Godoy afirmó que la construcción del canal Magdalena “activaría fuertemente los puertos de todo el sur argentino” porque le daría una “salida directa al Océano sin depender del puerto de Montevideo”, ya que la hidrovía “conecta con el Amazonas, es decir que conecta la articulación comercial y el transporte por vía fluvial con 5 países de América del Sur”.

El titular de ATE remarcó que apoyaron “el pedido de informe y el pedido de derogación del decreto 949 que firmó el ministro de Transporte porque debe ser revisado en función de garantizar la construcción del canal Magdalena y de revisar las concesiones y hacerlas con una mayor participación de una empresa estatal que a tal efecto creó el presidente Alberto Fernández”.

“Lamentablemente el decreto reduce la intervención de esta empresa nacional y limita la capacidad de intervención soberana de nuestro pueblo”, agregó.

Como el 30 de abril vence la concesión del dragado y balizamiento de la hidrovía que está a cargo desde 1995 de la empresa Hidrovía SA, integrada por la compañía belga Jan de Nul y la empresa argentina Emepa, el presidente de la Nación había anunciado en agosto del año pasado la conformación de una empresa estatal, integrada en un 51% por el estado nacional y el resto por 7 provincias; pero el decreto 949 llamó a licitación y la dejó afuera.

Godoy aclaró que “la empresa estatal se creó, pero lamentablemente después, por el decreto de Meoni, quedó reducida a un consejo asesor y no a un ámbito de intervención directa”.

Y agregó que el Estado “está reducido en su capacidad de intervención y en su capacidad de representación”, porque como trabajadores estatales “solicitamos ser convocados para participar del consejo” pero no fueron recibidos.

ATE nacional y la CTA Autónoma organizaron ayer una “Asamblea Abierta en Defensa del canal Magdalena”, en la sede de la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la ciudad de Buenos Aires para reclamar por “la soberanía y el desarrollo económico de todo el pueblo argentino”.

“Estamos trabajando muy fuertemente en construir conciencia y en impulsar esta necesidad imprescindible que tenemos los argentinos de recuperar soberanía sobre los puertos y sobre la hidrovía, para posibilitar un acceso directo al Océano, y para esto es necesario este proyecto de canalización del Canal Magdalena que alentó y promueve el senador Jorge Taiana se concrete y se materialice”, consideró Godoy.

Sindicatos por la soberanía

Organizaciones como el Sindicato de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina, Camioneros, la Multisectorial 21F, la UOM y La Fraternidad, entre muchos otros, le enviaron una carta al presidente de la Nación para solicitar la derogación del decreto 949, la restitución de la boya kilómetro 196 del canal Magdalena, que se aplique el artículo 33 del tratado de hidrovía, que se conforme la flota mercante argentina con bandera nacional para transportar nuestra producción, y que se recomponga el acuerdo de transporte marítimo con la federación de Brasil suscripto en el año 1985.

El llamado Frente de Trabajadores por la Soberanía indicó en el texto que “el camino más acertado para alcanzar los propios objetivos nacionales es el desarrollo estratégico soberano del Canal Magdalena”, al que calificaron como “uno de los proyectos más importantes para nuestra nación, porque rompe definitivamente el statu quo colonial del trazado del consenso de Washington, que mantiene al servicio de las corporaciones multinacionales nuestra carga y flete de nuestros productos primarios”.