El histórico conflicto entre Mendoza y La Pampa por las aguas del río Atuel tiene un nuevo capítulo, debido a que la provincia cuyana decidió otorgarle a dos empresas privadas mineras la concesión para el manejo de la laguna del mismo río -laguna del Atuel-. El gobierno pampeano reaccionó en contra, anticipando incluso que planteará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y desde el Frente de Todos denunciaron que se está “privatizando” una reserva natural.

La disputa se renovó a fines de enero tras un decreto del Ejecutivo mendocino conducido por el gobernador Rodolfo Suárez (radicalismo/Juntos por el Cambio). La norma concedió “el cuidado del ecosistema” de la laguna ubicada en la zona de San Rafael, por cinco años, a las firmas Sominar y Luncay.

El gobierno de La Pampa, a cargo del gobernador peronista Sergio Ziliotto, exigió que la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) “se oponga al manejo arbitrario” de la provincia cuyana. Agregó que son “medidas de alto impacto en la cuenca del Atuel, que deberían discutirse y consensuarse entre las provincias que comparten el recurso natural”. En igual sentido, se dejó planteada la idea de acudir al máximo tribunal judicial del país.

Esta controversia se agrega a otra también de carácter histórico, referida a la construcción de la represa Portezuelo del Viento. La obra está planeada sobre el curso del río Grande, que a su vez es el principal afluente del río Colorado. Pero en este caso las objeciones al proyecto mendocino parten de otras cuatro provincias, ya que el Colorado hace de límite entre Mendoza y Neuquén por un lado, por otro entre Río Negro y La Pampa, y finalmente desemboca en Buenos Aires.

“La laguna pasará a ser una reserva privada”

El área comprendida por la reciente concesión de Mendoza abarca 138.000 hectáreas, entre la Laguna del Diamante y la Laguna del Atuel. El convenio con las firmas privadas “será de cinco años, prorrogándose en forma automática por otro periodo de cinco años calendario”, excepto que una de las partes rescinda, con un mínimo de 30 días de preaviso.

Para el diputado nacional Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa), “la laguna del Atuel pasará a ser una reserva privada, cuya explotación estará a cargo de una compañía minera. Aunque parezca una contradicción el hecho de que una minera se haga cargo de la explotación de un área protegida, en este caso no lo es”.

Afirmó luego que “el lobby del agronegocio, la especulación inmobiliaria y la megaminería siempre están del mismo lado. ¿Y el cuidado del ambiente? Bien, gracias”, expresó irónicamente el legislador.

Denunció que “se siguen priorizando mezquinos intereses en desmedro” de las áreas y poblaciones que están “aguas abajo, actuando de manera unilateral, como si el sur del mapa no hubiera nada. En definitiva, dejar el agua en manos del gobierno de Mendoza o de la megaminería es poner al zorro a cuidar gallinas”, sostuvo Pérez Araujo.

“Propuesta de dos empresas”

Desde Mendoza, el secretario provincial de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, defendió la concesión al afirmar que “el propietario de ambas empresas (Sominar y Luncay) nos hizo una propuesta para explotar el área protegida”.

La negociación tuvo como antecedente un convenio de cooperación suscripto en 2018 entre la secretaría provincial por un lado, y por el otro las compañías Sominar Sociedad Minera Argentina S.A., y Luncay S.A. En ese tiempo el gobernador era el radical-cambiemita Alfredo Cornejo, hoy diputado nacional.

El actual secretario Mingorance justificó la reciente concesión con el argumento de que “la laguna del Atuel es una reserva y estos privados quieren crear un área más grande”, pero aseguró que el Estado “no le está dando el territorio a un privado, porque esa zona ya es de un privado”.

Según fuentes periodísticas pampeanas, el gobierno de Mendoza pretende generar una situación similar a la que ocurre con la Reserva Villavicencio, donde un privado tiene a cargo “el cuidado del ecosistema” y lo recaudado, por lo tanto, quedará para la empresa minera.

“La cuenca, como una unidad ambiental”

Las autoridades pampeanas explicaron oficialmente que “la laguna del Atuel es un cuerpo de agua en plena montaña, a partir de la cual comienza el escurrimiento de ese río. Tiene vital importancia en el comportamiento, en la calidad y en la cantidad de agua que fluye hacia el resto de la cuenca. Por esto, cualquier actividad en la zona o en cualquier otro sector del área de influencia, debe ser discutida y definida de manera conjunta entre las provincias involucradas, con la participación del Estado Nacional”.

Destacaron también que “la propia Corte nacional determinó ‘la necesidad de tomar a la cuenca como una unidad ambiental, y fue La Pampa quien propuso en innumerables oportunidades que las decisiones que se toman, sean en conjunto”.

Sobre esas bases, “La Pampa desconoce la forma y la dinámica de la ‘explotación’ de la futura reserva natural privada, y con preocupación manifiesta, como lo ha hecho incontables veces en el organismo de cuenca, la necesidad de disponer de buena fe entre las partes para el desarrollo de la cuenca en toda su integridad”.

Por último, comunica que “informará” al máximo tribunal nacional “sobre estos antecedentes, como fundamentos para el próximo fallo sobre el caudal apto, la conformación definitiva del comité de cuenca y las incumbencias del mismo”. A la vez, “solicitará en el marco del actual Comité Interprovincial del Atuel Inferior, la oposición ante la Corte Suprema de Justicia a estas medidas unilaterales de la provincia de Mendoza sobre la cuenca del Atuel”, expresó el gobierno de La Pampa.