Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y docente universitario, explicó que el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi “aseguran la impunidad” del ex presidente Mauricio Macri porque permite que permanezcan “en sus cargos hasta que se designen por concurso” las vacantes que ocupan, que demoraría dos años, por lo que van a parar “cualquier causa que ingrese contra Macri y sus ex funcionarios”.

Barcesat indicó a que en “los votos que componen la mayoría, que son los de Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y al que se suma con argumentos parcialmente distintos el de Highton, en lo que hace a los fundamentos está muy bien descripto el mecanismo constitucional para la designación de los jueces”, porque “recrean el texto constitucional y se comparecen con antecedentes de la Corte”.

Aunque advirtió que “después viene la parte dispositiva, donde se le da una pervivencia al traspaso de estos dos camaristas, hecho por un decreto de Macri sin acuerdo del Senado y sin intervención del Consejo de la Magistratura”.

“Es decir que permanecerán en sus cargos hasta tanto se designen por nuevos concursos los candidatos para cubrir esas vacantes, y esto quebranta la teoría del derecho y la interpretación constitucional porque si para la Constitución estamos hablando de nulidades, siempre se trata de una nulidad total, absoluta, manifiesta e insanable”, expresó el abogado y remarcó que “pretender darle una pervivencia a una norma que es nula, que sería el decreto de Macri, va contra la lógica del derecho”.

La Corte Suprema dispuso el martes por cuatro votos a uno, que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia permanezcan en los cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, donde fueron trasladados a dedo por Mauricio Macri, hasta que el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos y se cumpla el proceso que marca la Constitución para designar jueces, que implica que el pliego sea elegido por el Ejecutivo y aprobación del Senado.

Para Barcesat es necesario hacer una “lectura política” de este fallo, porque “evidentemente el hecho de que se queden en un plazo estimado de dos años es para que estén allí, junto con Llorens e Irurzun, parando cualquier causa que ingrese contra Mauricio Macri y sus ex funcionarios”.

“Se van a sumar dos epígonos de la política perversa del Lawfare, que son Bruglia y Bertuzzi, a seguir, ahora no persiguiendo a los funcionarios kirchneristas porque ya es difícil que vuelvan a tener intervención en alguna causa que los comprenda de las que todavía quedan, sino que van a estar para asegurar, como una especie de barrera, la impunidad de Macri y sus funcionarios”, definió.

Y agregó que “es un fallo a mi modo de ver muy desafortunado, que desluce; y me parece lamentable en todo sentido que después de 4 años de Lawfare sea este el primer pronunciamiento institucional, autocontradictorio y quebrantando la doctrina del acto propio”.

La oposición, Rosenkrantz y la Corte

El fallo tuvo diversas lecturas políticas, en general fue tomado en la arena de los medios como una victoria para el gobierno; en palabras de la ministra de Justicia Marcela Losardo, “le da la razón al Estado de Derecho” y en la oposición se mostraron insatisfechos, en una reunión que realizaron por zoom los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.

Barcesat sostuvo que la oposición pretendía que “quedaran vitalicios en el cargo para el cual fueron transferidos de forma indebida” e insistió que es una estrategia para ocultar que “que lo que pretenden es que se queden dos años más, que es el tiempo que previsiblemente demorará el concurso y previsiblemente pasarán por esa cámara federal la multiplicidad de causas de Macri y sus funcionarios”.

En cuanto al voto en disidencia de Carlos RosenKrantz, el docente universitario lo calificó de “irreferenciable al texto de la Constitución Nacional” y sostuvo que “pretende que” los jueces “tengan el mismo status que si hubieran concursado, si hubieren sido propuestos, elegidos por el presidente para nombrarlos y tuvieran el acuerdo del Senado”.

En cuanto a la necesidad de un cambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia, Barcesat dijo que su “opinión ha sido siempre establecer una nueva funcionalidad, que se integren salas por especialidad, por materia, y conforme a eso se incremente el número, no por mero incremento del número, porque eso no va a mejorar la situación”.

“En las experiencias que hemos tenido, el caso del gobierno del presidente (Carlos) Menem, no hemos tenido buen resultado, los expedientes demoraron más, no se mejoró la calidad de los pronunciamientos, y en definitiva la medida posibilitó la mayoría automática y no otra cosa”, aseguró.