Argentina
03/09/2016

Amparo contra el decreto de extranjerización de la tierra de Macri

Amparo contra el decreto de extranjerización de la tierra de Macri | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Lo presentaron el dirigente Juan Grabois y el diputado Mariano Mansilla. Nanci Parrilli había impulsado en la Legislatura un proyecto que repudia el decreto presidencial que flexibiliza las condiciones para compra de tierras por parte de extranjeros.

El diputado Mariano Mansilla y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois presentaron en la justicia federal, un amparo contra el decreto del presidente Mauricio Macri que flexibilizó por decreto los controles dispuestos por la Ley de Tierras para la venta de propiedades rurales a extranjeros.

El 31 de junio pasado el gobierno nacional modificó las restricciones a la compra de campos argentinos por parte de capitales extranjeros, en el  marco de la ley de Tierras que se aprobó en 2011. Lo hizo por la vía preferida desde que Mauricio Macri asumió como presidente, el decreto.

La norma modificó de hecho la ley 26737 de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, al tiempo que levantó restricciones a los extranjeros, a quienes les facilitó la compra de tierras en el país.

Con el rigor de un cirujano, Macri lo que modificó con el decreto 820, es el decreto reglamentario de aquella ley.  De esta manera, se pueden transferir las acciones de las sociedades sin solicitar el certificado de habilitación en el Registro Nacional de Tierras, y sin que intervengan la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP en la certificación de los recursos con los que se realiza la operación.

Nanci Parrilli fue una de las primeras en reaccionar contra el decreto. Presentó en la Legislatura un proyecto de declaración que repudia el decreto presidencial y exhorta a cumplir con el texto de la ley nacional. Su iniciativa no pasó el filtro de la comisión A, de asuntos constitucionales, donde obtuvo siete de las ocho firmas necesarias para pasar al recinto y ser discutido por el pleno.

 La diputada, cuando defendió su idea, recordó que la ley 26737 “se votó por amplia mayoría en el Congreso, y quedó bien claro también el dominio sobre el agua. Este decreto viola ese derecho de acceso al agua. No estamos en contra de los extranjeros, lo que sí creemos es que debemos defender nuestra soberanía”, sostuvo.

La legisladora aseguró que "la tierra es un recurso estratégico no renovable” y que “es propiedad de los argentinos". Denunció que “muchas de las compras de tierras por parte de extranjeros tienen fines especulativos”.

El decreto 820/2016 modificó el nivel para que un titular sea considerado extranjero, al pasar del 25% al 51% del capital social del adquiriente.

Mansilla se presentó ahora con Grabois con un amparo contra el decreto 820.

Tanto Parrilli en su proyecto de repudio como Mansilla en su amparo, recordaron que en Neuquén el porcentaje de tierra en manos de extranjeros llega al 6,4% promedio, pero en el caso del departamento Lácar, que cubre toda la región de los lagos del sur provincial, la propiedad extranjera supera el 50% de todo el territorio.

Los autores denunciaron que hay “una flexibilización peligrosa de los mecanismos de control y límites establecidos en la ley, con el argumento de mejorar y completar la reglamentación que ya existía desde la anterior gestión, en el año 2012.”

“La tierra y el agua son nuestros recursos esenciales y estratégicos; nunca podrían ser el objeto de una inversión especulativa extranjera. Nos preocupa que se facilite la adquisición de tierras rurales que contienen cuerpos de agua”, expresaron.

Grabois, recientemente nombrado por el Papa Francisco como “consultor del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz”, coincidió con Mansilla en que “esto pone en riesgo la integridad territorial argentina”. El dirigente es una persona de confianza de Bergoglio desde cuando el ahora papa era arzobispo de Buenos Aires.

La jueza federal de Zapala, María Silvina Domínguez, deberá decidir ahora sobre la medida cautelar presentada por Mansilla y Grabois, que en sus fundamentos destacaron que “esta decisión del Presidente Macri, flexibiliza hasta destruir, los límites y mecanismos de control que la ley establecía para evitar que avance la extranjerización en la Patagonia Argentina”.

La medida, de ser viable, podría detener la aplicación del decreto y volvería nulas las operaciones realizadas desde que entró en vigencia. 

29/07/2016

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