Dos de las expresiones más fuertes del poder económico, tanto por el volumen de sus negocios como por sus influencias sobre la política y la opinión pública, promueven acciones que pueden traer complicaciones al gobierno de Alberto Fernández. Uno es el sector agropecuario, en particular el de la Pampa Húmeda y habitualmente llamado “el campo”, y otro es de las grandes cadenas de supermercados, que en su mayoría son empresas extranjeras.

Ambos están realizando una serie de movimientos para resistir decisiones de las autoridades nacionales que pueden afectar algunas de sus ventajas o privilegios -derivados de posiciones dominantes en el mercado- y sus amplios márgenes de rentabilidad. Mientras el ruralismo se niega a un probable aumento de los aranceles para la exportación de soja y otros cultivos, los “súper” rechazan la sanción de la ley de Góndolas.

Desde el denominado “campo”, varios de sus dirigentes vienen realizando advertencias. Ello surgió luego de versiones de un eventual incremento del 3% en la alícuota que cobra el Estado por las ventas al exterior. La ley de Emergencia Pública (“ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, la primera que impulsó el actual gobierno”), permite al Ejecutivo nacional subir la alícuota el 3%.

Si así fuera, los aranceles de exportación de soja llegarían al 33% y los del trigo al 15%. Hasta el momento no hubo ningún anuncio oficial. Dentro de esta semana, los representantes de las cámaras empresarias del campo serán recibidos por el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra.

Preparando el terreno para oponerse, el presidente de Cominero (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Carlos Ianizzotto, manifestó que “es de público conocimiento la posición de nuestro sector” ante la eventual suba de aranceles, que ellos denominan “retenciones”. 

Dijo que “si hay aumento sin otras medidas, eso va a caer mal”, pero aclaró que desde esa entidad “no vemos una medida de fuerza como conducente porque creemos que hay ansias de dialogar y no entrar en una situación conflictiva”, dijo Iannizotto.

En cambio, el titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, dejó abierta la posibilidad de un bloqueo a la actividad de comercialización de productos agrícolas -un paro empresario-, y además posibles cortes de ruta, con el pretexto de que sus propias bases los están presionando. 

Advirtió que “si no hay un trato diferenciado” para determinados segmentos de la agricultura, “se nos va a hacer muy difícil contener a nuestra propia representación de productores más complicados".

Argumentó que “la escala misma complica al productor pequeño. Por lo general el productor nuestro tiene 40 o 50 hectáreas propias y le da escala alquilando o arrendando unas 100 hectáreas más. Pero el número es bastante apretado y ese 3% bruto termina significando la rentabilidad. Y si es un productor que está alejado del puerto, ya ni siquiera eso le está quedando, pasa a números negativos", sostuvo Achetoni.

Ley de Góndolas

El proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se tratará esta semana en la última sesión extraordinaria del año del Senado, y apunta a equilibrar el reparto entre proveedores de los espacios de exhibición de productos en los supermercados.

Por el lado de los grandes supermercados, sus dirigentes vienen realizando sigilosas gestiones para impedir que se sancione la ley de Góndolas. En cambio, otro sector liderado por el mayorista Maxiconsumo está a favor de la sanción de esa norma.

Según el proyecto de ley, que a fines del año pasado fue aprobada por la Cámara de Diputados pero aún resta su tratamiento en el Senado, las cadenas más importantes del sector perderían algunos de sus privilegios. Allí se fijan pautas obligatorias para equilibrar la exhibición de artículos en las góndolas, de forma que están al alcance de los consumidores distintas opciones que provengan de proveedores diferentes.

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, sostuvo que la ley de góndolas “será difícil de sostener en el tiempo”, por lo cual consideró necesario evaluar la situación de todos los sectores de la cadena de comercialización antes de sancionarla.

Argumentó que “el espíritu de la ley es bueno y el fin es bueno”, pero “en algún lugar de la cadena se puede perjudicar a alguno”, y además “el supermercado no debería ser el lugar donde se ajusta todo”, afirmó Palpacelli.

En una posición bien distinta, el dueño del supermercado mayorista Maxiconsumo, Víctor Fera, afirmó que el proyecto “tiene que salir porque es un beneficio grande para los consumidores y las pequeñas empresas”, y aseguró con esta legislación “los precios de los productos bajarán en promedio entre 15% y 20%”.

Opinó que “es una ley que debería haber estado hace muchos años”, y que su sanción sería “un beneficio grande para los consumidores, para las pequeñas empresas, para los distribuidores y para el país”.

El dirigente evaluó que una norma de ese tipo “va a impactar en que las pequeñas empresas van a empezar a estar en las góndolas, y van a empezar a trabajar tranquilamente”. Explicó finalmente que “producir es fácil”, y en cambio “lo difícil es colocar el producto en la góndola porque hay intereses creados que lo impiden”, afirmó Fera.