El gobierno jujeño, que hace cuatro años encarceló a Milagro Sala mediante el accionar de un Poder Judicial adicto al gobernador radical-cambiemita Gerardo Morales y con el respaldo del Ejecutivo nacional de Mauricio Macri, en las últimas semanas se ha topado con varios frentes de conflicto que le complican su estabilidad en el poder y le hacen políticamente cada vez más costoso mantener como prisionera a la dirigente.

Como parte de diversos reclamos e iniciativas derivadas de la privación de la libertad de Sala, el senador nacional por Jujuy Guillermo Snopek, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para disponer la intervención federal durante un año del Poder Judicial de la provincia. Desde la alianza radical-macrista “Juntos por el Cambio” se mostraron indignados y rechazaron de plano esa posibilidad.

Por otro lado, la organización no gubernamental Justicia Legítima afirmó que deben ser “revisadas” las prisiones surgidas de “procedimientos de ‘lawfare’”, dictadas “por razones políticas antes que técnicas”, y uno de sus integrantes visitó a Milagro Sala para entregarle el documento que fija esa posición. (Ver foto que encabeza esta nota).

El detonante de los problemas que enfrentan el gobierno y el sistema judicial jujeños, fue la difusión a fines de enero de grabaciones telefónicas donde se escucha al presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, Pablo Baca, que es un dirigente radical y ex diputado provincial. En conversaciones con una persona de confianza, el juez reconoció que Milagro está presa “porque es un problema para el gobierno” pero “no por delitos”. 

Además, como se ha venido informando, esta semana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró que durante los cuatro años previos a su gestión hubo en el país “persecución y detención arbitraria” de opositores. https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_716/id_10710/con-macri-hubo-apersecucian-y-detencian-arbitraria-de-opositoresa 

El mandatario publicó en Twitter un mensaje propio, acompañado de un video de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre el tema. El texto en pantalla de video menciona en un momento “el armado de causas y detenciones arbitrarias”, y en ese instante aparece la figura de Milagro Sala.

Proyecto de intervención federal

El mencionado proyecto del senador Snopek propone la intervención del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, del Ministerio Público Social y de los tribunales inferiores de la provincia norteña. La iniciativa es coincidente con propuestas en el mismo sentido del ex juez de la Corte Suprema nacional Eugenio Raúl Zaffaroni, quien también consideró que “correspondería la intervención por Poder Judicial de Jujuy”.

El legislador jujeño fundamentó que la medida debe tomarse “a fin de garantizar la forma republicana de Gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Según el texto propuesto, el Poder Ejecutivo Nacional será el responsable de elegir al interventor, que podrá “suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional”.

La propuesta legislativa solo cuenta con la firma del citado legislador jujeño y todavía no fue aún girado a comisiones. Desde la bancada del Frente de Todos dijeron que constituye una iniciativa “personal” de Snopek y que por el momento no hay planes para su tratamiento. 

El senador explicó que “en el proyecto no hablo de Milagro Sala. Lo presento porque me veo en la obligación. Quiero velar por la institucionalidad de la provincia”. No obstante, respecto de la líder de la organización Tupac Amaru, manifestó que “siempre dije que su detención fue ilegal. Primero la detuvieron y después hicieron las causas. Han abusado de las prisiones preventivas”.

Desde Juntos por el Cambio, varios responsables del entramado de poder que persiguió y metió presos a dirigentes kirchneristas, rechazaron de plano la iniciativa de Snopek y se mostraron indignados. El gobernador Gerardo Morales, jefe político del aparato judicial jujeño, afirmó que una ley de ese tipo sería “totalmente inconstitucional”.

Al insistir con un discurso que resulta efectivo en una parte significativa de la sociedad, Morales volvió a afirmar que Sala “está detenida por los delitos que ha cometido” y porque “le ha robado al pueblo”. En tanto, el presidente del bloque de diputados nacionales cambiemitas, Mario Negri, escribió en Twitter con tono indignado: ““¡No permitiremos el avasallamiento de las instituciones democráticas y de toda una provincia!”

El titular de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, dijo que la propuesta de intervenir el Poder Judicial jujeño es “un capítulo más en su intento por atacar la independencia de los jueces para garantizar la impunidad de Milagro Sala”. A su vez, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional Alfredo Cornejo, afirmó que “la presentación (del proyecto) configura un claro ataque a la república, al federalismo y a la autonomía de la provincia de Jujuy”. 

Una particularidad político-familiar del caso es que el senador Snopek es cuñado del gobernador Morales. Este último se casó hace dos años con Tulia Snopek, hermana del legislador y de profesión escribana. Ambos pertenecen a una familia muy extendida en Jujuy, de la cual surgieron gobernadores y legisladores peronistas en distintos momentos de la historia reciente.

En agosto de 2018, cuando el Senado trató la el proyecto de aborto legal -que sería rechazado-, Snopek hizo pública una denuncia contra Morales por amenazas hacia el legislador y sus hijos, a raíz de disputas familiares mezcladas con negocios. Aquélla vez el legislador afirmó en plena sesión de la Cámara que “el uso del sistema judicial para fines políticos y privados deja en evidencia que el Estado de Derecho no existe en Jujuy”.

Justicia Legítima

La asociación Justicia Legítima, integrada por jueces y fiscales de todo el país, informó esta semana que durante la primera reunión anual de su comisión directiva “se insistió en la necesidad de asegurar las garantías del debido proceso para todas las personas sometidas a juicio y se concluyó que las cuestiones de las prisiones que aparecen dispuestas como consecuencia de procedimientos de “lawfare”, por razones políticas antes que técnicas, deben ser revisadas por el propio poder judicial”.

La entidad explicó que esas situaciones “constituyen una anomalía en el funcionamiento” del mencionado poder del Estado, “y dan cuenta de la intromisión de intereses políticos en el trámite de procesos judiciales, cuestión de cuya solución es responsable final la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Al tiempo que emitió una declaración pública  que contiene esos conceptos, Justicia Legítima tuvo un gesto explícito de solidaridad con Milagro Sala. Uno de sus miembros, el juez Manuel Vázquez Acuña -miembro de un tribunal oral de la Capital Federal- se trasladó a Jujuy y se reunió con ella en su casa, donde cumple prisión domiciliaria. 

En la ocasión, el integrante de la asociación civil de jueces y fiscales que son críticos respecto del funcionamiento del Poder Judicial, le entregó a la dirigente jujeña el documento donde exigen la revisión de las sentencias.