Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó los efectos del aumento de los derechos de exportación de productos agropecuarios, y por otro lado el adicional para comprar dólares o pagar mediante tarjeta compras en el exterior con esa moneda. Ambas medidas, dispuestas por el nuevo gobierno y que son muy criticadas por los medios de comunicación opositores y por el macrismo, afectan solo a un mínimo sector de la población.

Los derechos para vender al exterior productos agrícolas, también conocidos como “retenciones”, afectan principalmente a 10 empresas exportadores que concentran el 93% del mercado. Por otro lado, las compras en dólares en el exterior que ahora pagarán un impuesto, es una operación que realiza apenas un 4% de la población.

Las dos medidas forman parte de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada por el Congreso, que fue el primer proyecto legislativo impulsado por Alberto Fernández. El CEPA analizó el impacto económico y social del paquete de reformas, en lo cual también incluyó los cambios en el impuesto a los Bienes Personales y las contribuciones patronales.

Respecto del recargo para operaciones en dólares, el informe precisó que en un primer momento se fijó un impuesto de 30% a la compra de pasajes al exterior y a los consumos y gastos con tarjeta realizados en otros países, basado “en una lógica de solidaridad: que los que tuvieran capacidad para viajar al exterior hicieran un aporte por los que menos tienen”, ya que lo recaudado “se destinaría a gasto previsional” (como jubilaciones, entre otros) “y a la construcción de viviendas”.

Posteriormente, esta primera medida fue ampliada como impuesto de 30% también a la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento.

Las personas físicas -es decir que no son empresas, bancos, financistas o cualquier institución- que compraron dólares en el mes de noviembre de 2019, fueron 1.770.000. Ello indica un porcentaje muy bajo de la población afectada con el impuesto, porque tomando en cuenta “una población económicamente activa de 20 millones de personas, las personas que atesoran en moneda extranjera no llegan al 10% de la misma”.

A su vez, el dato sobre las personas que viajaron al exterior por turismo y ocio también arroja un resultado similar, ya que “considerando únicamente las salidas desde los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, fueron solo el 4% de la población argentina”.

De acuerdo a las estimaciones, por ambos rubros el fisco podría recaudar 221.623 millones de pesos, ya que “en noviembre de 2019 hubo 1,7 millones de personas que compraron dólares, por un monto promedio de 184 dólares por persona, y si se sostiene esta demanda, la compra en 2020 ascendería a 3.772 millones de dólares, proporcionando una recaudación anual de 85.775 millones de pesos”.

Y en lo que refiere a Turismo y Viajes, la estimación arroja una demanda de dólares por 5.937 millones en 2020, y una recaudación asociada de 135.848 millones de pesos, según el estudio del Centro de Economía Política Argentina.

Exportaciones agropecuarias

Sobre los derechos de exportación agropecuarios o “retenciones”, la ley eliminó el tope de 4 pesos por cada dólar exportado que se había establecido en septiembre de 2018 y pasó a una alícuota del 12%.

Desde CEPA explican que “no solo se restituyeron alícuotas en lugar de continuar con sumas fijas en pesos, sino que se elevó el tope de derechos de exportación al poroto de soja, al 33%”. Destaca que ese valor se encuentra “en un nivel más bajo que el de 2015, cuando se ubicaba en 35%”.

Por estos motivos, y a pesar de que el sector ruralista se declaró “en alerta” y realiza asambleas al costado de la ruta, el informe aclara que “luego de 4 años, una sustancial suba del tipo de cambio” (aumento del dólar) del 508%; más “un precio internacional de la soja sin mayores modificaciones”; y finalmente “un nivel de retención de 33% (2 puntos más bajo que en 2015), lejos están de posicionar a los sectores exportadores sojeros en una situación desventajosa”.

Además, indica que durante el debate de la ley se introdujo un mecanismo para segmentar el cobro de estos derechos de exportación, lo cual tiene que ver con la devolución de un porcentaje de esas retenciones a pequeños productores y a cooperativas agrícolas.

Un dato importante que destacan en el trabajo es el adelantamiento de las declaraciones de las exportaciones, una herramienta que utilizaron las empresas para no tributar estos impuestos y que fue del 72,8% para el trigo, el 28,1% en el caso del maíz y 23,1% en el caso de la soja.

“En 2020 podría recaudarse una suma adicional máxima en materia de derechos de exportación de todos los rubros afectados por un total de 4.754 millones de dólares”, señalan los especialistas, para luego destacar que “el valor ajustado considerando el efecto del adelantamiento de declaración de exportaciones en el último trimestre de 2019 reduce el impacto a 2.032 millones de dólares”.

Casi 8.000 millones de dólares

El extenso informe del Centro de Economía Política Argentina, estuvo centrado en analizar detalladamente el impacto económico y social del paquete de medidas incluidos en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, (CEPA).

En ese sentido, relevó la incidencia de los cambios en los derechos de exportación y la carga tributaria a los consumos en dólares, así como también en el impuesto a los Bienes Personales y las contribuciones patronales.

Como resultado, estimó que el Estado va a recaudar un adicional de 7.929 millones de dólares, lo que equivale a un 2,14% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir del total de la riqueza que genera el país en un año.