Los legisladores nacionales que representan a la provincia de Río Negro, a excepción del oficialista Sergio Wisky, han criticado con vehemencia el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que  flexibiliza las restricciones para que ciudadanos extranjeros adquieran tierras en Argentina.

En efecto, el presidente emitió el decreto 820/16 que genera condiciones más laxas las actuales restricciones de la ley 26737. Esta ley fue sancionada y promulgada en 2011 y entre otras cosas dispuso que no se pueda extranjerizar más del 15% de las tierras rurales del país, ni que extranjeros de una misma nacionalidad superen el 30% del total de tierras en manos extranjeras. De esta manera se regulaba tanto la extranjerización como la concentración de tierras rurales.

Sin embargo, a partir del decreto presidencial hemos retrocedido en el tiempo en esa materia, ya que se está favoreciendo un nuevo proceso de extranjerización en la Argentina. También en la decisión del presidente como en otros temas se utilizó la excusa mercantilista de incentivar inversiones extranjeras, pero podemos estar asistiendo a una grave embestida a nuestra soberanía nacional.

El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) de la provincia de Río Negro es un organismo que depende del ministerio de Gobierno y está integrado 2 representantes del gobierno y 3 del pueblo mapuche.

Doris Cañumil es la titular del Codeci, y también su sumó a las críticas por la modificación de la ley y afirmó que “esto es preocupante porque nosotros somos los que más riesgos tenemos de perder los territorios, sobre todo porque no han sido reconocidos a las comunidades”.
Cañumil recordó que hay toda una historia de avasallamiento de los pueblos de la Patagonia y “vemos cómo se sigue apropiando el Estado todavía de nuestros territorios y lo peor que se apropian para extranjerizar, para que otros se queden con valiosos recursos naturales”.

Dijo que en la provincia “hay dificultades” para hacer llegar al gobernador “las demandas reales” y ser incorporados en las políticas públicas. Indicó que se da la contradicción que hay funcionarios o representantes en niveles de decisión de extracción indígena pero “hacen muy poco” para las comunidades, salvo excepciones.

Cañumil indicó sobre otros temas que “en las últimas semanas salimos mucho a terreno, estuvimos con las comunidades de la Zona Andina, viendo la posibilidad de organizar un Parlamento Zonal, de la región patagónica, con sede en Bariloche, para fijar una postura ante el gobierno nacional y al incumplimiento permanente de los derechos por las cuales peleamos los pueblos originarios”.

Recientemente el Ejecutivo rionegrino presentó y envió a la Legislatura un nuevo Código de Tierras Fiscales, que contempla el análisis de la tenencia y la cantidad de tierras a favor de extranjeros o sociedades extranjeras.

En la normativa se establece un mecanismo ágil y transparente para que puedan acceder al título de propiedad los pobladores rurales que han ocupado por 20 años o más el campo y mantenido en producción el mismo así como se otorgará igual beneficio a quienes se asentaron y construyeron su hogar en las comisiones de fomento.

En la actualidad en el ámbito rural entre campos, chacras e islas existen aproximadamente 3.500.000 hectáreas en la provincia.

La ley aún vigente data del año 1961 y tenía un fin colonialista, de fomentar el arraigo rural y asentamiento de nuevas familias productoras por lo que evidentemente ha quedado desactualizada.