El Tribunal señaló que por un lado no había una relación laboral entre la UNCo y las trabajadoras, y en ese sentido confirmó el delito de usurpación, considerando que más allá de que exista el derecho a protesta, no corresponde que el mismo se ejerza ocupando ese edificio público.

En consecuencia se confirmó el procesamiento, aunque revocando el delito de coacción. De esta manera, ahora será el magistrado Hugo Greca quien deberá disponer el momento y las condiciones de desalojo del edificio.

En los argumentos, los integrantes de la Cámara sostuvieron que el conflicto está vinculado con “personas ajenas a la universidad” y que “es con la empresa y no con la institución”. Agregaron, además, que el hecho “impactó negativamente a un universo de personas dentro de la comunidad educativa”.

Otra cuestión que se modificó fue el monto de embargo, que se había fijado en 10.000 pesos, reduciéndolo a 1.500 pesos por cada manifestante.

El decanato de la Fadecs está ocupado desde hace más de seis meses por mujeres que pertenecían a la cooperativa de servicios de limpieza “Mariano Moreno”, que realizaba las tareas de mantenimiento del edificio universitario.