La justicia provincial suspendió el desarrollo del loteo sobre la ladera del Cerro Perito Moreno en El Bolsón que pretende llevar a cabo el millonario inglés Joe Lewis, accionistas de Edenor y amigo del presidente Mauricio Macri, tras un amparo presentado el pasado lunes por vecinos denunciando irregularidades en la compra de las tierras e impactos ambientales.

La obra se emplazaría sobre parte de una reserva natural municipal, dentro de la Reserva de Biósfera de la Unesco.  Además, es lindero a un área protegida provincial, y afectaría bosques nativos y cuencas hídricas sobre 850 hectáreas.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche decidió “suspender cautelarmente el cumplimiento de las ordenanzas y resoluciones municipales relativas al emprendimiento inmobiliario proyectado;  prohibir cautelarmente la ejecución de trabajos y anotar cautelarmente la Litis en el Registro de la Propiedad Inmueble respecto de las parcelas, a cuyo fin se librará el oficio necesario”.

El fallo advierte que “todos los operadores del caso (partes, funcionarios, etcétera) parecen coincidir en que el emprendimiento justifica aplicar los protocolos de protección ambiental respectivos dado el riesgo ambiental que acarrea (…) Ello Así, es altamente verosímil que la aprobación ambiental del caso deba cumplir por lo menos con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley M 3266), en cuyo ámbito debería acreditarse a su vez el cumplimiento previo de los presupuestos mínimos para la protección general del ambiente, de los bosques nativos y de los recursos hídricos, con todos los recaudos impuestos además por las normas locales, especialmente las relativas a protección de zonas específicas”.

En sus fundamentos, el juez Emilio Riat remarcó una “presunta transgresión” de la suspensión judicial que prohibía continuar con el trámite administrativo. “La vulneración de una orden judicial del máximo tribunal es una cuestión jurídica que, en principio, no requeriría mayores elementos de análisis”, argumentó.

También indicó que la autorización ambiental del municipio relativa al polémico emprendimiento urbanístico “dependía enteramente de una resolución del 2011 del ex Consejo de Ecología y Medio Ambiente” (Codema), organismo en el cual se había delegado “la revisión de todos los recaudos ambientales”.

Los jueces recordaron que el STJ resolvió suspender el procedimiento de evaluación de impacto ambiental provincial y municipal “hasta tanto se resuelva en un nuevo juicio el acuse de nulidad por la vía contencioso administrativa”.

Según Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, y quién representó durante la marcha el apoyo de la organización ecologista hacia las comunidades cercanas “esta decisión de la justicia es el resultado de una comunidad movilizada en la defensa de sus bosques y sus fuentes de agua.

El gobierno tiene que escuchar a la gente y no ser cómplice de su destrucción. Éste y otros tantos casos demuestran que necesitamos en forma urgente la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice a empresarios y funcionarios involucrados en la deforestación ilegal”

Por su parte la Asamblea en defensa del agua y la tierra manifestó que “el fallo llena de alegría al pueblo de El Bolsón, porque nos hace reafirmar la convicción de que lo único que puede hacer retroceder a los gobiernos antipopulares y sus políticas al servicio de los ricos es el pueblo hermanado en las calles”.

Dijeron finalmente que esto “es también entender que lo colectivo le gana al individualismo, porque tiene fuerza, valores, ética y convicción, cosas de las que carece el pensamiento individualista y neoliberal que ronda tanto nuestros tiempos”.