Todo parece indicar que en las próximas horas será girado a la Legislatura el proyecto del Poder Ejecutivo para prorrogar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que originalmente está previsto para el 1 de marzo, que la Comisión Interpoderes sugirió posponer para el 1 de junio del 2017, y que parece ser que el gobernador pedirá se extienda hasta el 1 de agosto.

Asimismo y de acuerdo a los plazos establecidos para convocar a sesión extraordinaria en la Legislatura, estaría descartada una convocatoria para la semana que viene, como había trascendido.

De todos modos y ante una convocatoria del Ejecutivo, la Legislatura podría sesionar en la última semana de este mes, más precisamente el lunes 26 de diciembre, donde también podría ingresar el proyecto de endeudamiento por 500 millones de dólares para el plan de obras públicas.

El proyecto que enviará esta semana el gobernador indica que destaca que “en atención a las recomendaciones dadas por la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma, respecto de la prórroga en la fase de implementación del nuevo sistema hasta tanto se cuente con la totalidad de reformas normativas que hagan viable técnicamente la aplicación del nuevo sistema con real efectividad en la persecución del delito como en la consecución de la paz y orden social, se estima pertinente la fijación de fecha de implementación el día 01 de agosto de 2017”.

La iniciativa, con acuerdo de ministros, impone además una rígida pauta al Poder Judicial, para que no se repitan las demoras que obligaron a postergar el pase al sistema acusatorio.

Una vez por mes, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General deberán informar en la comisión interpoderes cuáles fueron los avances que lograron en la definición de proyectos de ley, la depuración de expedientes y en las obras de infraestructura necesarias para la nueva etapa.

Por lo pronto el ejecutivo presentó y la legislatura aprobó por mayoría en la extraordinaria del pasado viernes, la reforma de la Ley Orgánica de la Policía, mientras que el poder judicial no logró finalizar con las misiones, acciones encomendadas y los plazos fijados hace dos años, cuando se sancionó la Ley 5.020.