La puesta en marcha del nuevo Código de Procedimiento Penal mantiene un debate silencioso hacia adentro del Poder Judicial en particular y del poder político en general, se suman algunos jueces y profesionales del derecho, pero a pesar que el ciudadano rionegrino es el principal destinatario de las reformas al actual sistema penal, tanto en perjuicio como en beneficio, es el que menos al tanto está de la movida.

El abogado de la cuarta circunscripción, con asiento en Cipolletti, Oscar Pandolfi, con una larga trayectoria profesional, académica y política, consideró que no están dadas las condiciones para que el nuevo Código Procesal Penal se instrumente a partir del 1 de marzo del 2017 “y habrá que otorgar algún tipo de prórroga”. Aseveró que ni siquiera se podría poner en marcha en Cipolletti, como se estaría impulsando desde el oficialismo gobernante.

Pandolfi recordó que él presidió la comisión que se creó en el 2011 que elaboró el nuevo Código Procesal Penal, que tuvo aportes de otros sectores y de la Legislatura. Dijo que si bien la situación de la circunscripción de Cipolletti está en mejores condiciones que otras circunscripciones, tampoco se podría empezar por ahí.

Opinó además que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) “ha manejado muy mal la transición, el proyecto de ley que ha enviado la Legislatura es inviable por un montón de razones, entre otras, porque no es una mera ley de transición de un sistema penal a otro, sino que es una ley orgánica de todos los fueros del foro rionegrino”.

“Mezcla los juzgados feudos, con competencias y jueces fijos, cuando el sistema nuevo es otra cosa, tiene foros de jueces que no tienen cargos fijos ni juzgados fijos, eso desaparece”, consignó.

Indicó que “lo que hacía falta era copiar la ley neuquina que ya está en vigor hace dos años y ha funcionado bien, con una adaptación geográfica y poblacional a Río Negro”.

“La ley de transición se ha manejado muy mal”, consignó, fundamentando que hay una puja entre el STJ que quiere acumular más poder y la situación insostenible de los ministerios públicos, tanto de la fiscalía como de la defensa, que obviamente no pueden estar bajo una misma dirección.

Opinó también que es inexplicable que los funcionarios abogados que están hoy en la justicia penal, el STJ no les permita integrar el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, sino que los destinará únicamente a las oficinas judiciales.

Aseveró que no hay una planificación inteligente en estos aspectos y esto hay que reclamarlo a los integrantes del STJ, tienen la principal responsabilidad.

Consideró que sería bueno que hubiera una enmienda constitucional que permitiera la autarquía de los ministerios públicos, independiente del Poder Judicial, como rige por la constitución de 1994 a nivel nacional.

En este caso coincide con los dichos de la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano que alertó “el obstáculo constitucional que, para el sistema acusatorio, implicaba la dependencia del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa bajo una misma cabeza; postulando en el transcurso del debate su necesaria reforma”.

La Procuradora indicó ya hace algún tiempo que “las limitaciones que se tienen en este sentido, se encuentran a nivel constitucional, ya que el Ministerio Público es vertical y su cabeza es la del Procurador General”.

En relación a ese punto, dijo que es “necesario un análisis un poco más profundo. Primero reformar la Constitución, que es la que marca un sistema donde la cabeza del Ministerio Público es una sola, que es el Procurador”. Esta posición fue compartida por el abogado Gonzalo Rua, consultor externo que la Comisión Interpoderes contrató en el inicio del proceso para que intervenga en la reglamentación del nuevo Código.

El legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV)  aseguró que “es una barbaridad desde todo punto de vista” la intención del oficialismo de empezar el próximo 1 de marzo con la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal sólo en la cuarta circunscripción con sede en Cipolletti.

Señaló que “veo muy difícil que se pueda ejecutar una reforma sin los recursos correspondientes y sin una estructura de tipo funcional”, con lo cual “si no están en condiciones de aplicarla van a tener que impulsar una prórroga de la aplicación en la Legislatura”.

Respecto a los planteos de la procuradora Baquero Lazcano, dijo que “independientemente de si existe una necesidad o no de una reforma constitucional, aunque hay que mencionar que en Chubut se puso en marcha la reforma procesal penal sin tocar la carta magna, la cuestión central tiene que ver con señalamientos que se hacían antes de la manifestación de los fiscales, como las carencias en la estructura edilicia“.

Igualmente el legislador cuestionó a la procuradora Baquero Lazcano que si conocía los déficits para instrumentar el código “por qué no lo dijo antes”.

Ejemplificó que “en Bariloche se necesitan 15 salas de audiencias y tiene 3, ese es un escollo insalvable y se sabe y está en conocimiento de quienes tienen que llevar adelante el nuevo código; hay cuestiones que tienen que ser salvadas, van más allá del debate jurídico-político, tienen que ver con la inversión que hay que hacer”.

Señaló respecto a cómo seguir, que la responsabilidad recae en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el Poder Ejecutivo y “veremos cómo salen de este escollo; veo muy difícil que se pueda ejecutar una reforma sin los recursos correspondientes y sin una estructura de tipo funcional”.