De acuerdo a la ley 5.020 sancionada por la Legislatura provincial el 1 de marzo de 2017 se dará un paso trascendental en la justicia penal al poner en vigencia el nuevo Código. Un año después se hará efectiva la puesta en marcha del juicio por jurados.

Todo indica que a partir del cambio los juicios se desarrollen con mayor celeridad y transparencia en el trámite, transformando el denominado inquisitivo mixto de la actualidad por el sistema acusatorio en donde los jueces penales pasarán a cumplir un rol distinto al que cumplieron tradicionalmente.

Se dice que “el nuevo Código Procesal Penal de la provincia no debe ser meramente entendido como una nueva forma de tramitar los casos y de organizar la justicia, sino como una nueva forma de entender la justicia penal, que instaura un modelo ágil y democrático para resolver los conflictos penales”.

De todas formas el camino no ha sido, ni lo es aún sencillo, a partir de manifestaciones encontradas que han formulado jueces que apoyan su puesta en marcha, que se contraponen con una reciente apreciación vertida por la procuradora general que lidera a un grupo de magistrados que manifiestan que todavía no es posible su implementación.

En rigor a la verdad la gran mayoría de los magistrados e incluso los jueces del Superior Tribunal de Justicia están de acuerdo en la iniciación el proceso a partir de la fecha prevista.

Algunos recuerdan que la anterior oportunidad en que se aplicó una reforma en el Poder Judicial después del cambio de la Constitución Provincial en 1988, fue cuando uno de las grandes renovaciones fue el cese de la toma de declaración por parte de la Policía para pasar al ámbito judicial, lo que permitió consagrar una mayor protección a la víctima y también de los derechos procesales del acusado.

En aquellos años también hubo resistencia a ese cambio tanto entre sectores de la Policía como en el ámbito judicial. Y también se especuló entonces con la falta de recursos humanos y edilicios que nunca se produjeron. No obstante se aseguró que ese nuevo paradigma fue pionero en el país y atrajo a decenas de abogados jóvenes con vocación para la judicatura desde ciudades rionegrinas hacia la capital, entre ellas a la actual titular del STJ. Hoy sería imposible concebir que la víctima o acusado declare en la Policía y no frente a un juez y con la asistencia de un abogado.

Eso ocurrió hace más de 30 años y actualizó los procesos judiciales a la democracia recuperada y a la búsqueda de fortalecer los derechos individuales. Ahora la propuesta es acelerar los procesos y generar mayor transparencia como puntos más destacables.

Fundamentalmente significa que se abrirán los cerrados despachos de los magistrados hacia la participación ciudadana en las audiencias y se prevé que la gente disponga de la misma información que el juez a la hora de decidir.

Esta reforma transfiere a los fiscales todo el impulso de la investigación como verdaderos protagonistas de la acción penal pública.  Garantiza la absoluta imparcialidad de los jueces, quienes ya no podrán disponer medidas probatorias ni interrogar a los testigos, víctimas  o imputados.

Los jueces deberán limitarse a resolver sobre la base de los visto y oído en las audiencias.

Se elimina totalmente el expediente de papel. Todo el proceso se realizará en audiencias orales y públicas que quedarán íntegramente registradas en el sistema informático y en formato de audio y video.

Fortalece el derecho de las víctimas y le garantiza el acceso a la información y a la participación en el proceso de resolución del conflicto en forma autónoma y gratuita con asistencia legal del Ministerio Público.

El principal objetivo del nuevo sistema es solucionar los conflictos interpersonales que derivan en delitos penales. Robustece la aplicación de criterios de oportunidad como la conciliación y la mediación penal, con la participación de la víctima y el imputado, procurando la reparación del daño causado.

En el plano organizativo la reforma gira en torno a la Oficina Judicial. Es un organismo administrativo y de gestión que centraliza la programación de audiencias, sortea a los jueces para cada caso, dispone los legajos de cada proceso, realiza la citación de las personas, controles de asistencia a imputados, cumplimientos de pautas de conductas presupuestarias, de recursos humanos, administrativos, suministros, control de secuestros, estadísticas, notificaciones, cuestiones gerenciales de suministros, entre otros.

Para los delitos por los cuales se solicita más de 12 años de prisión, desde marzo de 2018 se implementará el juicio por jurados populares. Será un jurado de siete miembros para delitos con solicitud de pena de 12 a 15 años.

Y habrá un jurado de 12 miembros para los de 25 años a perpetua.  Este sistema apunta a una justicia más democrática, permitiendo la participación directa de los ciudadanos en la resolución de los conflictos penales más graves. Cumplidos estos pasos se abrirá un capitulo trascendente en la nueva justicia penal de Río Negro.