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La suma de los casos que analizó la Fiscalía especializada en Género de Bariloche sumaría cerca de 150 años de pena. Pero en Argentina el tope son 50, que son los que pedirá el fiscal Martín Govetto, quien acusa a un hombre mayor de edad, padre de familia, religioso y considerado “buen vecino” de graves delitos cometidos hacia niñas y adolescentes. Si bien se trata de un caso de Grooming, la carátula se expande y ensancha hacia la figura de corrupción de menores, violencia de género; distribución, tenencia y producción de imágenes de abuso sexual cometidos hacia niñas y adolescentes, una de ellas con discapacidad.
A juicio llegan 22 casos, pero el virtual cálculo de las penas se multiplicaría mucho más si hubiese sido posible dar con todas las víctimas. No fue posible hacerlo, pero sí se pudo comprobar que seguramente hay más puesto que sólo en uno de los perfiles falsos del acusado había 302 contactos de niñas y adolescentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay entre algunos de los países que fue posible rastrear.
El alegato de la Fiscalía se centró en dos perspectivas: la perspectiva de género, dado que todas las víctimas son mujeres y el enfoque integral de la Ley de protección de la infancia, el interés superior del menor, pues todas las afectadas son niñas y adolescentes. El Fiscal presentará el caso de las víctimas identificadas que son las que van a declarar a partir del día 29 de noviembre. En el juicio prestarán testimonio unas 40 personas hasta el 15 de noviembre.
La investigación
La investigación se inicia a fines de 2017. El Ministerio Público Fiscal de la Nación fue alertado por un organismo internacional de una posible red de pornografía que operaba en Río Negro, cuyas víctimas eran niñas y adolescentes. La investigación se activó inmediatamente en Río negro y requirió de un equipo de trabajo en el que participaron la Fiscalía Especializada en Género y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) de Bariloche, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio Público (OITEL), y la brigada de investigaciones de la policía de Río Negro.
El tráfico de imágenes detectadas y el cruzamiento de datos permitió dar con las dos primeras víctimas que fueron localizadas en Bariloche, una niña de 12 años y una adolescente de 15. Ambas habían sido contactadas en redes sociales por el acusado. El contacto se estableció vía WhatsApp, Facebook e Instagram. El hombre que se hacía pasar por un joven de Esquel utilizaba chips comprados en kioscos y usaba redes abiertas. No se conectaba con el wifi de la casa, tenía conocimiento de cómo hacer para no ser rastreado e iba cambiando las líneas telefónicas, todas innominadas. Paralelamente la Fiscalía comenzó a recibir nuevas denuncias de padres y madres de chicas que habían sido atacadas. Al conocer el usuario que se repetía se inicia la etapa más fuerte de la investigación. En abril de 2018 ya tenían el sospechoso luego de un trabajo intenso de entrecruzamiento de llamadas y comunicaciones. En septiembre se produce el allanamiento a su domicilio en el que se encuentran todas las pruebas que serán utilizadas en el juicio.
Los relatos de las jóvenes permitieron saber que el hombre captaba los contactos de sus víctimas para multiplicarlas. Así generaba un vínculo de confianza y las convencía de enviarles fotos y videos desnudas. Cuando lo lograba, las extorsionaba diciéndoles que si contaban lo sucedido las publicaría en internet. Mediante estos primeros casos no sólo se pudo trazar el perfil de un sospechoso, en vista a que el usuario se repetía; se pudo establecer también que tomó contacto con 4 menores de edad de Buenos Aires, Salta, Jujuy a quienes les envió 31 archivos de imágenes con contenido sexual explícito. Hay registros de contactos con niñas de 9, 10, 11 años.
El victimario tenía conocimiento del uso en redes, lo cual le permitía ocultarse, pero fueron sus propios errores los que finalmente permitieron llegar a él: utilizó redes detectables. Al hacerlo, rápidamente se dictó una orden de allanamiento a su domicilio, se secuestraron computadoras, notebooks, tarjetas de memoria, chips de celulares, discos externos, tablet, pendrives y todo el material digital o de comunicaciones que había en su poder.
Esto permitió saber que las víctimas eran muchísimas más. Fue posible establecer la identidad de algunas de ellas, previo contacto con sus progenitores y todas seguían el mismo patrón: niñas y adolescentes menores de edad (con excepción de un caso de 18 años), una de ellas con discapacidad, todas de escasos recursos.
Al cercarlo, el Fiscal Govetto pidió, como primera medida, que se le prohíba salir del país y se impuso una prohibición de acercamiento a las adolescentes y sus familias. Actualmente está detenido y tiene prohibido el uso a cualquier dispositivo electrónico.
La defensa del acusado se centrará en que se trata de un padre de familia, es religioso, no tiene antecedentes y tuvo un accidente que podría ser la explicación de sus acciones, es decir, va a apelar a su inimputabilidad.
Por las características particulares, el juicio será a puertas cerradas. Tratándose de un caso de las características expuestas, no se permitirá el acceso a la prensa por lo que se la mantendrá informada desde el Ministerio Público.
La Fiscalía de Bariloche va a pedir la pena más alta y la expectativa es que el jurado acompañe por la calidad de la prueba obtenida. Se acusa al groomer de delitos gravísimos. “Este sujeto ha destruido las infancias de todas sus víctimas- afirma Govetto-, la información que damos es para lograr prevención, hay que controlar el acceso de infancias a redes sociales, estamos ante un fenómeno cultural nuevo, pero que tiene que mantenernos alertas y es nuestra responsabilidad hablar con nuestros hijos e hijas, crear conciencia de los peligros que entraña el uso de las redes sociales”.
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