El periodista Fernando Bravo juró ayer como Defensor del Pueblo y el Ambiente de San Martín de los Andes.  La jura estuvo a cargo del concejal Gerardo Schroh, quien ocupó el cargo máximo de la reunión por estar el presidente del cuerpo, Sergio Winkelman a cargo de la intendencia.

“Gracias por este momento tan emotivo para mí en lo personal y tan importante desde el punto de vista institucional para San Martín de los Andes”, dijo Bravo al asumir su cargo.

“Es muy probable que a partir de mañana nosotros recibamos una gran cantidad de demandas, es muy probable que muchas de ellas no tengan curso posible desde la defensoría, porque hay responsabilidades, potestades, facultades, jurisdicciones, lo que no puede hacer la Defensoría es no prestarle el oído a aquel que venga, es no escucharlo y es no aportarle una orientación, una derivación, un acompañamiento aún cuando no intervenga directamente”, apuntó.

Bravo llegó a ocupar el cargo tras un largo proceso de selección que se inició el año pasado con 29 postulantes. Es la primera vez en la historia de esa ciudad que se pone en marcha la institución de la defensoría, incorporada a la Carta Orgánica en la reforma del 2010, y que prevé un mandato de seis años, pudiendo ser reelecto en forma consecutiva por una sola vez.

Entre sus diversas atribuciones, puede realizar investigaciones en el marco de la misión que le establece la Carta Orgánica Municipal en salvaguarda de los intereses de los habitantes del municipio.

También, actuar de oficio en casos de presuntos abusos, desviación de poder e irregularidades notorias, a petición de cualquier habitante, sobre la base de denuncias que éste formule; requerir de las autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, y promover las acciones necesarias para la protección de los intereses difusos o colectivos.

Asimismo, tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal.

El defensor puede inclusive interponer acción judicial en contra de actos, hechos u omisiones de competencia municipal que afecten derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, tutelados por la Constitución Nacional, la Constitución provincial, la Carta Orgánica y ordenanzas municipales.