Ricardo Cancela se presentó en la comisión de Asuntos Constitucionales para argumentar contra la reforma del régimen de prisión preventiva que debaten los diputados provinciales. Aseguró que “toda las normas que restringen la libertad del imputado deben ser excepcionales y para fines procesales, no para la seguridad de la víctima”. Consideró que ésta es “la gran confusión” en el debate. "No tenemos que engañarnos -dijo-, el problema del delito no lo vamos a solucionar aumentando la prisión preventiva”.

El jefe del Ministerio Público de la Defensa contradijo la posición de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, y se manifestó en oposición a cualquier reforma sobre este punto. Habló por espacio de dos horas sobre las vicisitudes del código procesal penal neuquino y sobre las garantías a las que tienen derecho los ciudadanos.

Aseguró que “algunos dicen que todo está mal y que es necesaria una modificación, un ajuste, aunque esto no lo es”.

Demostró con datos estadísticos que hay una tendencia al alza en la cantidad de prisiones preventivas que se dictan desde la entrada en vigencia del actual CPP. Agregó que al día de hoy hay 217 personas en rebeldía. Del total de medidas de coerción solicitadas por la fiscalía, sólo el 34 % corresponde a prisión preventiva, de las cuales se impone en el 72 % de los casos.

“¿Es necesaria esta reforma, vamos a solucionar los problemas sociales con esta reforma?” se preguntó. Y afirmó, dirigiéndose a los diputados que “si algo no funciona, ¿ustedes creen que es culpa de ustedes porque redactaron esta ley? No, es culpa de nosotros, de los actores judiciales, que trabajamos mal y ante el justo enojo de la sociedad, decidimos proponer recortes por los imputados y por la defensa, que es lo más fácil”.

“Si algo no funciona es culpa de nosotros, de los actores judiciales, que trabajamos mal y ante el justo enojo de la sociedad, decidimos proponer recortes por los imputados y por la defensa, que es lo más fácil”

El Defensor General sentenció que las medidas propuestas son inconstitucionales porque “nuestra Constitución Nacional establece, en su bloque constitucional, que el sistema normativo está subordinado primero a la Constitución, luego a los tratados internacionales de derechos humanos, a los convenios internacionales, las leyes nacionales y luego recién las normas de orden provincial”.

“Y este sistema normativo –agregó- está regido por dos principios fundamentales, el de progresividad y el pro-hómini, que básicamente dicen que todos los derechos ciudadanos deben tener un ascenso gradual y nunca ir por debajo de esos estándares mínimos, no se puede retroceder; y tienen como objetivo al hombre, sin distinción alguna de clase o condición social”.

Sentenció que “no cumplir con la ley suprema es inconstitucional, no tiene otro significado”.

 Criticó en forma directa el proyecto defendido por el TSJ y afirmó que “no puede un tribunal enviar un proyecto que nos obliga a no cumplir con la ley, es hora que seamos serios, no hagamos leyes para no cumplirlas, porque el día de mañana el Estado argentino es sancionado porque nosotros sancionamos leyes para cumplir con un mandato político”.

Expresó que “la defensa no lucha por la impunidad, no somos de otro lado, nacimos del mismo lado que nacieron ustedes, queremos juicios rápidos teniendo en cuenta el equilibrio justo de la democracia, que no es otra cosa que el justo equilibrio entre poderes, libertades y derechos para no caer en un Estado autoritario”.

También respondió a las críticas expresadas en su contra y opinó que “esto de las garantías me da mucha bronca. Uno escucha en algunos medios este juez es garantista, ¿y saben qué significa ser garantista?, ser garantista es cumplir con la constitución”.

“Todas las normas que restringen la libertad del imputado deben ser excepcionales y para fines procesales, no para la seguridad de la víctima. Si queremos defender a la víctima hagamos otras cosas”

“Cuando ustedes, legisladores, acusan a alguien de corrupto, están amparados porque hacen algo de interés provincial y no importa el enojo del destinatario, las garantías son el respaldo que tienen los ciudadanos para ejercitar derechos que tiene la constitución”, añadió.

Denunció que “hay jueces que dictan resoluciones y no mencionan nunca una convención. Primero que no la conocen y si la conocieran siguen pensando que todo depende del código procesal. Y se equivocan, porque ante cualquier duda, hay que mirar las leyes nacionales para ver si respetan las convenciones y si no las respetan, no se pueden aplicar”.

Con respecto a la prisión preventiva y la posibilidad de endurecer esas medidas, dijo que “todas las normas que restringen la libertad del imputado deben ser excepcionales y para fines procesales, no para la seguridad de la víctima y esta es la gran confusión. Si queremos defender a la víctima hagamos otras cosas”.

Cancela ofreció datos estadísticos que sostienen su posición y que demuestran, desde el trabajo de la Defensoría General del Tribunal Superior de Justicia, que la prisión preventiva se ha aplicado en la inmensa mayoría de los casos en los que ha sido pedida.

La comisión que preside el diputado Mario Pilatti comenzó una rueda de entrevistas que se extenderán hasta el mes de agosto, y que permitirán escuchar a todas las opiniones involucradas en el debate.

La comisión recibirá, el próximo martes, al Fiscal General José Gerez.

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