El Tribunal de Cuentas de la provincia condenó a dos ex directores de Administración Financiera del ministerio de Desarrollo Social, a pagar más de 50 millones de pesos por una serie de irregularidades administrativas, entre ellas la desaparición de una plancha completa de cheques en blanco, ocurrida en 2008.

Los hechos sucedieron durante la gestión al frente de la cartera del ministro Wálter Jonsson y el subsecretario Alex Tarifeño, en el primer año de gobierno de Jorge Sapag.

La resolución de Tribunal de Cuentas condena a Pablo Gustavo Aguiar y Adriana Marisol Barros en forma solidaria, al pago de la suma de 36.164.447,68 pesos, más la suma de 14.366.183,62 pesos en concepto de intereses calculados desde el 31 de diciembre del 2008 al 31 de enero pasado, lo que “totaliza la suma de 50.530.631,30 de pesos".

El presidente del Tribunal de Cuentas (TDC), Hugo Acuña, confirmó a la condena y el último trámite de apelación, ya iniciado por los acusados.

Según consta en el Boletín Oficial del pasado 27 de mayo, el acuerdo JR-9041 del Tribunal de Cuentas, declaró “la responsabilidad administrativa patrimonial” de los mencionados funcionarios, respecto de los cargos que fueran objeto el Juicio Administrativo de Responsabilidad, correspondiente al Ejercicio 2008 de Contaduría General.

Aguiar y Barros deberán depositar, “en el plazo de 20 días”, la suma impuesta en la cuenta corriente que el Tribunal tiene habilitada al tal efecto.

El acuerdo del Tribunal está firmado por todos sus integrantes, el presidente Acuña y los vocales Ana Esteves, María Vaqueiro, Laura Serrano, Antonio Di Maggio y Hugo Cervera.

Los ex funcionarios condenados aguardan el resultado del último recurso de apelación del que disponen, para el cual están obligados a presentar nueva documentación probatoria. Pero por lo pronto, “sólo” deberían abonar la suma requerida, sin afrontar consecuencia penal alguna ya que la causa se inició como sumario administrativo interno y nunca llegó al Poder Judicial.

Las múltiples denuncias que salpicaron la gestión del ministro Jonsson, por manejo discrecional de las ayudas directas y falta de respaldo documental en los pagos, minaron su respaldo político y terminaron con su desplazamiento en los primeros meses del 2009.

Jonsson llegó al gobierno como parte del equipo de Felipe “Pipe” Sapag, hermano del gobernador, quien también sufrió las consecuencias del descrédito del funcionario.

Durante el año 2009, la entonces diputada radical Yenny Fonfach pidió informes que nunca le respondieron a la secretaría de Control de Gestión, a cargo de Zulma Reina, por los resultados de la auditoría realizada al ministro, al subsecretario Alex Tarifeño y a los directores cuestionados.

La auditoría estuvo a cargo de Fernando Garayo, que asumió una suerte de intervención del organismo bajo la figura de “Coordinador Técnico Financiero”.

Consultado por Garayo recordó, entre las irregularidades más salientes que se investigaron, el robo y la pérdida de una plancha completa de cheques.

El robo sucedió en la capital neuquina y el supuesto extravío en un viaje al interior de la provincia. Su trabajo derivó en el acuerdo publicado el viernes, ocho años más tarde.

Una denuncia publicada en el diario Río Negro el 18 de abril de 2009, dio cuenta de una operatoria que involucraba a la acusada y que consistía en falsificar la documentación de supuestos beneficiarios de planes sociales para quedarse con el dinero.

En su diálogo con , el titular del TDC dijo que su trabajo no es opinar “sobre el mérito, la oportunidad, ni la conveniencia” de la condena y que el sumario no tuvo, hasta ahora, derivaciones penales.

A pesar del tiempo transcurrido, Acuña negó la posibilidad de la prescripción, ya que la misma corre “luego de la presentación de la documentación exigida” y destacó que su labor consiste en determinar “juicios patrimoniales”.

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