La provincia de Neuquén adeuda a la ciudadanía la creación de dos organismos de control que fueron pensados para optimizar el funcionamiento del Estado y garantizar el cumplimiento de derechos: la Defensoría del Pueblo y el "Comité Contra la Tortura". El primero está contemplado en la Constitución provincial desde 2006 y el segundo fue creado mediante una ley provincial en 2019. Ambos necesitan que la Legislatura destine presupuesto para generar las estructuras que les permitirían funcionar pero, hasta ahora, no hay decisión política para hacerlo.

La figura del Defensor del Pueblo de la provincia fue incluida en la Constitución provincial con la reforma de 2006. En el artículo 265, se lee que "es un órgano independiente instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con autarquía financiera".

Su titular es designado y removido por la Legislatura con el voto de tres quintos de la totalidad de los miembros, y la designación se hace entre postulantes previamente inscriptos, aunque no se explicitan los requisitos que deben reunir. La norma sí define que el Defensor dura en su cargo cinco años (para desacoplar su elección de la elección provincial) y que no puede ocupar el cargo más de una vez.

Para el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, la del Defensor "es una figura que colabora en una mejor calidad de la convivencia democrática, es un órgano de control de derechos humanos, fundamental frente a la clase dirigente que se aleja de los compromisos asumidos al jurar sobre la Constitución".

En diálogo con , dijo que muchas veces se ve que la clase dirigente se acerca a la gente para pedirle el voto pero luego "el pueblo es desoído", entonces "tiene que haber una figura contrapoder que equilibre esa relación".

A lo largo de los diecisiete años transcurridos desde que su creación fue establecida constitucionalmente, legisladores de distintos signo político, como Soledad Martínez (FdT) o Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) presentaron proyectos para avanzar con la figura del Defensor, pero ninguno prosperó.

También hubo dos iniciativas que surgieron del Ejecutivo, que corrieron la misma suerte. En 2008 el entonces ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, César Pérez, impulsó un proyecto de ley para reglamentar el artículo 265. En ese momento, argumentó que se trataba de “un pilar fundamental en el sistema democrático ya que a través de él se canalizan una cantidad innumerable de reclamos por parte de los individuos o de grupos colectivos de personas que generalmente no encuentran el mecanismo para defender sus intereses”. Esa propuesta se diluyó.

Ocho años después, en su primera apertura de sesiones legislativas, Omar Gutiérrez anunció el envío a la Legislatura de un proyecto en el mismo sentido. Cuentan que la idea del gobernador era que el cargo sea ocupado por una persona afín al gobierno. Como la idea no prosperó, el proyecto fue archivado y a lo largo de los siete años restantes al frente del Ejecutivo, nunca lo retomó.

Generalmente, las Defensorías funcionan como un órgano de control representativo y son el primer lugar al que las personas pueden acudir cuando hay una violación a un derecho fundamental. Según la Constitución, "tiene el deber de investigar aquello que, siendo de su competencia, llegue a su conocimiento", y también tiene la potestad de actuar ante la administración de los municipios que lo requieran por no tener defensor del Pueblo. Actualmente, solo Neuquén, San Martín de los Andes, Centenario y Zapala cuentan con Defensor municipal.

"Cada vez que vienen vecinos de otras localidades a pedir la intervención mía, a pesar de no tener competencia o jurisdicción los he acompañado, pero llega un momento en que yo les digo que tienen que buscarse un abogado e interponer un amparo, con los costos que eso significa", dijo Riva. Contar con un Defensor provincial daría un trato igualitario a todos los habitantes del territorio neuquino. "Hoy los vecinos de otras localidades me dicen "nos sentimos ciudadanos de segunda'", agregó el titular del organismo en la ciudad capital.

Por otra parte, son órganos que acceden más fácilmente a información oficial, con lo cual se vuelven una fuente veraz. Finalmente, en situaciones de afectación colectiva, como pueden ser hechos de corrupción, delitos ambientales, el Defensor tiene legitimidad para representar a ese colectivo y de manera gratuita.

Si este organismo presenta tantas ventajas a los ciudadanos, ¿por qué el poder político no la reglamenta? Para Riva, "uno de los inconvenientes que genera la figura del Defensor en muchos Ejecutivos es sentirse controlados, sentir que alguien pueda observar y revisar lo que se gestiona cuando en realidad debería ser al revés: si ese dirigente tiene vocación de servicio por la comunidad, tendría que trabajar en forma conjunta con el Defensor porque le iría advirtiendo las situaciones que se van produciendo en el accionar que él lleva adelante en su gestión y generan situaciones de desigualdad".

El derrotero del Comité contra la Tortura

La historia del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es igual de escabrosa. En 2019, la Legislatura neuquina sancionó la Ley Nº 3213 que crea el Comité. Dos años después, el gobernador Omar Gutiérrez eligió el 10 de diciembre -día en que se conmemoran los Derechos Humanos- para reglamentar la ley mediante el Decreto 2162.

"La Asamblea Por los Derechos Humanos Neuquén fue una de las principales impulsoras del Comité. Esto lleva más de diez años dando vueltas, hasta que se logró la sanción de la ley, después la reglamentación tardó dos años y ahora ya ha habido varias presentaciones al vicegobernador Marcos Koopmann para que efectivamente se ponga en función", sintetizó el presidente de la APDH, Walter Pérez, en diálogo con .

La ley establece que el Comité estará compuesto por ocho integrantes. Cinco elegidos por el Legislativo mediante una selección de postulantes propuestos por organizaciones de Derechos Humanos, sociales, académicas y de profesionales involucradas en la lucha contra la tortura. Los otros tres serán representantes de la Legislatura: dos, designados por la fuerza con mayor representación; y uno, por la segunda.

A mediados de 2022 se abrió la convocatoria y los cinco integrantes del Comité provenientes de las organizaciones fueron designados en diciembre. El Frente de Todos, que era la primera minoría, nombró al sexto integrante y luego el Movimiento Popular Neuquino, nombró a otros dos. Si bien ya están definidos los nombres, "está pendiente, oficialmente, la designación de cada uno de ellos, está pendiente la asignación presupuestaria para el funcionamiento del Comité y está pendiente el resto de las designaciones de personal administrativo y demás, que tiene que formar parte del equipo de trabajo", detalló Pérez.

Al igual que ocurre con el Defensor del Pueblo, el Comité tiene autonomía funcional y autarquía administrativa. Se espera que, cuando funcione, lo haga en alguna oficina de la Legislatura.

En lo que va del año, los comisionados y comisionadas presentaron varias notas en la Legislatura para pedir la puesta en marcha del organismo. Si bien han recibido el apoyo de legisladores de distintos bloques, como Lorena Parrilli y Soledad Salaburu (FdT), Cesar Gass (JxC), Andrés Blanco (FIT), no han tenido respuestas.

"Entendemos que se ha demorado muchísimo esto, será por la campaña política en su momento... En verdad, entendemos que no hay voluntad política para resolverlo con una crisis carcelaria tremenda", sostuvo Pérez. "Entendemos que tiene que haber una decisión política y que tiene que ser ahora, rápido, antes de que este gobierno se vaya" porque en diciembre "viene un gobierno nuevo y hasta que se ponga en marcha puede pasar tiempo", concluyó.