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18/12/2022

Por demoras del oficialismo, sigue sin integrarse el Comité contra la Tortura

Por demoras del oficialismo, sigue sin integrarse el Comité contra la Tortura | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.
César Gass, presidente de la comisión de Derechos Humanos. Maximiliano Caparroz, titular del bloque emepenista.

La iniciativa durmió durante más de una década en la Legislatura hasta que en 2019 se convirtió en ley. El Poder Ejecutivo se tomó casi dos años en reglamentarla y, ahora, hay una nueva dilación en la designación de los integrantes.

Laura D' Amico

La creación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en Neuquén no parece ser un tema prioritario para el Movimiento Popular Neuquino.

La iniciativa durmió durante más de una década en la Legislatura hasta que finalmente, en 2019, los y las legisladores lograron crear el consenso necesario para convertirla en ley. Luego, el Poder Ejecutivo se tomó casi dos años en reglamentarla y, ahora, una nueva dilación en la designación de los integrantes por parte del oficialismo hace que la provincia siga sin poner en funcionamiento al organismo destinado a defender los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

El miércoles pasado se realizó en la Legislatura la última sesión ordinaria del año y era, para muchos, la última oportunidad de cerrar el año con el Comité conformado. La Asamblea Por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén envió una carta al vicegobernador Marcos Koopmann para que "arbitre los medios necesarios" para que se conforme el Comité, y señalaban que "este pedido se funda en advertir que el tiempo transcurrido para el de nombramiento de la citada Comisión está ya vencido". En efecto, el Poder Legislativo tenía hasta 30 días para realizar sus designaciones una vez aprobadas las postulaciones de los organismos.

Pero en esa sesión, en la que se sancionó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para agentes de la administración central, el tema no entró en agenda, pese a que la diputada Soledad Salaburu (FdT) y su par Andrés Blanco (PTS-FIT) pidieron la designación de los postulantes sugeridos por los bloques políticos para la conformación del Comité. 

La ley 3213 establece que el Comité estará integrado por ocho miembros: cinco propuestos por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales vinculadas a la temática, y tres por el poder político: dos elegidos por la primer mayoría en la Legislatura (MPN) y uno por la segunda mayoría, en este caso, el Frente de Todos.

A lo largo de este año, la APDH y la Asociación de Pensamiento Penal propusieron a seis candidatos y candidatas para ocupar cinco puestos, que fueron seleccionados por su idoneidad y trayectoria en la materia.

Resultaron elegidos la actual directora general del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género de la provincia, Estefanía Buamscha; Silvia Couyoupetrou, miembro del equipo técnico profesional de la dirección de Penas Alternativas y docente en contexto de privación de la libertad; Néstor Giménez, coordinador patagónico de la Rama de Liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos; el comunicador Roberto Samar, actual director general de coordinación de la subsecretaría de las Mujeres de la provincia; y el doctor en Historia, Pablo Scatizza, que trabajó en la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad en la región e integró la asociación Zainuco. Ninguno recibió pedidos de impugnación.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, el diputado César Gass, dijo a Va Con Firma que la comisión que preside "hizo los deberes" e incluso "en un acuerdo aceleramos las entrevistas para que termine el ciclo legislativo con las entrevistas tomadas y con una decisión, porque se presentaron seis y había que elegir a cinco".

La sexta persona que había sido propuesta por los organismos es Pablo Meuli, integrante dela CoCaPre, organización que promueve el acceso a justicia completa para el docente Carlos Fuentealba. Su postulación quedó afuera del cupo para los organismos, pero fue tomada por el Frente de Todos que, en calidad de segunda minoría en la Legislatura, en un principio había sugerido a la diputada Soledad Martínez.

Solo falta que la primera mayoría, el MPN, defina a sus dos postulantes.

En un intento de matizar el atraso, Gass sostuvo que "sería bueno que ya hubiera estado, pero de no estar, en un mes y pico, esto estará funcionando" porque "está todo viabilizado para que no sufra más demoras".

Falta de interés

El jefe del bloque de diputados del MPN, Maximiliano Caparroz, en una escueta respuesta a la consulta de Va Con Firma, dijo que "estamos trabajando en eso, buscando los perfiles" y que "la idea es que en marzo esté todo listo". Luego evitó responder sobre otro punto clave: cómo se va a financiar este organismo, que funcionará dentro de la órbita de la Legislatura, cuando sea creado.

El abogado integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, Fernando Diez, consideró que "hay un incumplimiento del procedimiento en cuanto a la designación de los representantes políticos y también una falta de interés en cumplimentar y poner en funcionamiento el mecanismo local de prevención de la tortura".

En diálogo con Va Con Firma, agregó que además de la demora en la designación de sus integrantes, le preocupa con qué presupuesto va a contar y dónde va a funcionar. "Estas tres cosas tienen que ir de la mano para que esto empiece a funcionar de forma seria y no como una cosa simbólica. No se están cumpliendo y es una muestra más de la falta de interés del poder político para llevar adelante lo que es una obligación desde el punto de vista de los derechos humanos", remarcó.

Por otra parte, Diez insistió en "la necesidad de que el mecanismo se ponga en funcionamiento de forma urgente y que se ponga en funcionamiento con todos los requerimientos previstos en la ley; y que se respete la proporción de mujeres dentro del mecanismo". Hasta ahora hay dos mujeres designadas (por los organismos) y cuatro varones (dos por los organismos y uno por el Frente de Todos).

Por último, apuntó que otro punto importante es que las personas que sean elegidas por el sector político cumplan con el requisito que exige la ley de que cuenten con antecedentes constatables de promoción de los derechos humanos.

29/07/2016

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