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11/12/2021

“La ley de Alquileres no fracasó”

“La ley de Alquileres no fracasó” | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Federico Prior, referente de la agrupación de Inquilinos en Neuquén, aseguró que “el gobierno nacional falló en poner en marcha esta normativa”. Indicó que “el mercado inmobiliario no quiere que el Estado los controle”.

Diego Colao

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Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos nacional en Neuquén aseguró que “la ley de alquileres no fracasó”, sino que planteó que “el gobierno nacional fracasó en poner en marcha la normativa” porque no “pudo hacerla cumplir” y remarcó que “el mercado inmobiliario” busca modificar aspectos que afectan “su rentabilidad”.

“Lo que planteamos desde la Federación de Inquilinos nacional es que la ley no fracasó sino que lo que fracasó fue hacerla cumplir, el control, los órganos de contralor, los órganos de defensa de los inquilinos que nunca pusieron en marcha”, indicó Prior en diálogo con Va Con Firma.

Y agregó que “el gobierno nacional fracasó en poner en marcha esta normativa, hacía casi 40 años que no teníamos una normativa de este tipo y es una ley que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, que fue ampliamente debatida, y está vigente a partir del 1 de julio del 2020”.

Durante la campaña, desde Juntos por el Cambio propusieron la modificación de la Ley de Alquileres, y dentro del oficialismo, fue Sergio Massa quien hace unos días afirmó que la norma “fracasó”, que “terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”; por lo que buscan desde el Congreso avanzar en una modificación o derogación.

Prior señaló que “no tiene que haber una derogación, y tampoco hoy estaríamos en condiciones de discutir una modificación de la normativa, porque sería entrar nuevamente en un debate donde volveríamos a perder los inquilinos e inquilinas; es lo que está buscando el mercado inmobiliario y parte de la clase política”.

Desde la Federación indicaron que no hay información precisa sobre cuáles son los proyectos que se están discutiendo, ni los aspectos centrales que se quieren modificar, aunque sostienen que los puntos que “el mercado inmobiliario” busca cambiar son el plazo de los contratos, que pasó de 2 a 3 años con la sanción de la ley; la actualización de los precios, que ahora es anual y se rige por un índice del Banco Central y la cuestión; y la obligatoriedad del registro de los contratos en AFIP.

“El plazo de contrato de 3 años es muy largo para el mercado, da mayor estabilidad y también impacta económicamente, porque antes a los 2 años tenías que renovar y como ni el precio inicial, ni el de renovación están regulados, ahí sacaban ventaja y mayor rentabilidad”, explicó el referente neuquino, y aclaró que actualmente “el índice de actualización da alto porque la inflación está muy alta, y porque los salarios no han acompañado”.

En este sentido reiteró que las inmobiliarias “quieren plazos más cortos de contrato y no quieren el ajuste anual, quieren uno semestral o trimestral; antes el aumento era semestral y el aumento lo establecía directamente el mercado inmobiliario, no había ningún dato objetivo o número donde fijarse”.

En cuanto al registro en AFIP, Prior destacó que “el gobierno nacional debería hacer cumplir esta cuestión, la nueva normativa obliga a hacerlo, pero siguen sin registrar los contratos, sin dar factura; el mercado inmobiliario sigue sin querer blanquear”.

“El mercado inmobiliario históricamente pidió que el Estado no interviniera, entonces cuando intervenís un poco, porque es una regulación mínima, retiran oferta para aumentar los precios, elevan los precios de inicio de los contratos, y cuando vas a renovar te piden cualquier cosa; todo es parte de que no quieren que el Estado los controle y no quieren blanquear”, definió el referente.

Un informe del ministerio

Inquilinos Agrupados publicó en Twitter un “informe privado elaborado” por el ministerio de Hábitat que “expone de forma clara los beneficios” de la Ley de Alquileres “en términos económicos para los inquilinos”, y destaca que la “implementación de la ley implicó un ahorro aproximado equivalente a un mes de alquiler por año, tomando un caso testigo del alquiler de un departamento de dos ambientes”.

Otro aspecto que destacaron es que el índice de actualización “controla los aumentos” porque “resulta menor en 6 de los 12 meses analizados respecto” al caso testigo.

En cuanto al plazo de los contratos, el informe aclara que “implica un ahorro del 33% anualizado en los gastos asociados a la firma de un nuevo contrato, al extender un 50% su duración”.


 

29/07/2016

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