El concejal Marcelo Zúñiga, candidato a la reelección en primer lugar por el Frente de Todos, denunció que el estudio de impacto ambiental sobre la tala en la Península Hiroki aportado por el Ejecutivo municipal “no se ajusta a las ordenanzas existentes ni a los mecanismos institucionales que debió ponerse en marcha” y “hay un severo atropello sobre un área protegida”.

El 15 de septiembre pasado vecinos autoconvocados decidieron parar las obras y tala indiscriminada de árboles que se llevaban adelante para la construcción del paseo costero en el sector conocido como Península Hiroki, en la confluencia del Limay con el Neuquén, por considerar que se estaba afectando severamente el medio ambiente. 

Días después, y como resultado del encuentro mantenido con los vecinos, el concejal del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, envió una nota al Intendente Mariano Gaido, para recordarle que “dicho sector es un área natural protegida, sancionada por Ordenanza 11874", y  reclamó que "no se avance con la destrucción de dicho lugar”. 

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo ante la justicia para que el municipio suspenda el avance de las obras en dicho lugar hasta tanto presente la documentación al respecto.

Como respuesta a la nota enviada por Zúñiga, el municipio le remitió el trabajo “Proyecto Ejecutivo e Impacto Ambiental”, de unas 1.000 fojas, donde según el concejal justicialista “queda demostrado que se omite el status de protección ambiental de la península” y “hay un severo atropello sobre un área protegida”.

Además, para Zúñiga el documento municipal “carece del dictamen obligatorio de la Unidad de Gestión de Áreas Protegidas (UGAP), se avanza sin consultar a los vecinos y se evita que intervenga el Concejo Deliberante”.

“La documentación aportada por el municipio no respeta la normativa ambiental existente y se verifica, por un lado, la desidia con el medio ambiente, y por otro, la incompetencia de funcionarios municipales y del propio intendente”, apuntó el candidato del Frente de Todos.

Zúñiga informó, por último, que Gaido pidió una prórroga de 10 días para presentar la documentación solicitada por la Defensoría del Pueblo y el juzgado actuante.