El proyecto de Mariano Gaido para modificar la Carta Orgánica Municipal (COM) fue aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante en junio pasado pero recibió críticas de parte de la oposición. Los principales cuestionamientos fueron que, con el sistema de salud estallado por la segunda ola de coronavirus, no era una discusión prioritaria en la agenda ciudadana. También generó ruido que los cambios se intentaran introducir a través de una enmienda y no mediante un proceso de reforma.

Pero otra modificación que lograron colar en la ordenanza 14205 pasó desapercibida y puede favorecer la concentración de poder en el Ejecutivo municipal.

Se trata de los artículos que acortan la duración de los mandatos del Defensor del Pueblo, la Sindicatura Municipal y los Jueces Municipales, que actualmente son de seis años y con la reforma pasarían a ser de cuatro, coincidentes con lo que dura una gestión Ejecutiva y con el cuerpo deliberativo.

Este cambio no estaba incluido en los siete artículos que pretendía corregir el Ejecutivo y su introducción abre suspicacias en torno a si estos cargos, que en su espíritu fueron creados para ser un contralor de la gestión municipal, pueden convertirse en una moneda de cambio para negociar con sectores de la oposición.

La inclusión de esta propuesta fue el resultado de una negociación con el Pro, que negoció acortar los plazos a cambio de votar todo el proyecto. Puntualmente, fue Marcelo Bermúdez quien además aportó que las personas designadas podrán ser reelegidas por única vez, poniendo fin a la reelección indefinida.

"El mandato del presidente de la Nación dura cuatro años; el gobernador dura en el mandato cuatro años; el intendente dura en el mandato cuatro años", dijo Bermúdez a , y se preguntó: "¿Por qué un funcionario de menor rango tiene que tener un plazo mayor de duración de mandato?".

Por otro lado, señaló que "los síndicos son los que controlan. Cuando el auditor o el síndico están en los mismos puestos durante muchos años se hacen amigos de los controlados", con lo cual "plazos más cortos y la no reelección indefinida hacen que esos controles desaparezcan".

Para Bermúdez, "lo que garantiza que una persona va a hacer bien su trabajo son sus valores, no su plazo de duración de mandato" y sostuvo que "nada va a hacer que la política negocie porque el acto político es llegar a un acuerdo".

Si bien los cargos en cuestión son designados por mayoría absoluta en el Concejo Deliberante, "nunca desde la ley vas a evitar que la política haga acuerdos de personas", añadió.

El ex presidente de la Convención Constituyente, Rodolfo Laffite, argumentó que la razón de por la cual en la COM de 1995 establecieron que la duración de los mandatos sea de seis años fue "para que no se enganche políticamente con los intendentes que circunstancialmente están ejerciendo el poder del municipio".

En diálogo con , sostuvo que si bien los cargos son elegidos por el Concejo Deliberante, es "la influencia del Ejecutivo con el Deliberante" lo que entra en juego, es decir, "una cuestión política".

Laffite junto a otros ex integrantes de la Convención, hizo una presentación en la justicia en contra de la voluntad de Gaido de impulsar una enmienda al entender que por la profundidad de los cambios hay que llevar adelante un proceso de reforma.

Pero el viernes 17 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia determinó el rechazo a la medida cautelar para suspender la convocatoria al referéndum y confirmó que el domingo 24 de octubre los vecinos podrán decidir por el sí o por el no en referéndum.

Rechazo opositor "en sentido amplio"

"Nosotros evitamos hablar de los aspectos en particular", dijo a el presidente del bloque del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, que votó en contra de la propuesta. Consideró que no hay que desviar la atención del tema central, que es que las modificaciones se deben hacer a través de una reforma y no de una enmienda.

Agregó que además "no es el momento" de realizar ninguna modificación en la COM, porque "no está en la prioridad de la ciudadanía", sino que "es una maniobra para plebiscitar la gestión".

La concejala del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Natalia Hormazábal, sostuvo que el cargo del Defensor es un cargo de contrapeso y debería cumplirse con total independencia de la gestión que esté en el gobierno" pero aclaró que "no tenemos la experiencia de que en todos los casos sea así. Por ejemplo, en estos dos años nunca llegó el agua a los vecinos y vecinas de Casimiro y de otras tomas y asentamientos de la ciudad, y hemos hecho el pedido ante la Defensoría", indicó.

Por otra parte consideró que "es un avance" que la duración en el cargo deje de ser indefinida, pero remarcó que "nosotros no miramos la reforma de la carta orgánica de manera parcial sino en conjunto, porque consideramos que no era el tiempo, no era el mecanismo y que esconde otros intereses".

Agregó que el tratamiento "esconde una maniobra antidemoctrática para asegurarse las mayoría por parte del MPN entonces fue un corte y pegue de distintas cuestiones que pueden sonar amables para la comunidad pero que lo que tenía como intencionalidad era asegurarse que todos los proyectos del Ejecutivo salgan con rapidez, sin demasiada discusión dentro del Concejo Deliberante y evitar los contrapesos de una oposición que en muchos casos ha frenado algunos proyectos".